9.11.2009

La masa salarial de los ministerios, CCAA y municipios superará los124.000 millones. Francisco Nuñez.

El Estado gasta en sueldos públicos el doble de lo que ingresa por IRPF

11-09-2009 -

La remuneración que pagan todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) a sus empleados superará en 2009 los 124.000 millones de euros, es decir, el 12% del PIB. Lo que supone que un tercio de todo el gasto público se destina a pagar sueldos. Se trata del doble de los ingresos que Hacienda prevé recaudar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Era el secreto mejor guardado hasta ahora. ¿Cuánto cuestan a los españoles los empleados públicos? Ya hay cifras, incluso de su evolución. Según un informe interno del Ministerio de Economía y Hacienda, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en términos de Contabilidad Nacional, el conjunto de las Administraciones Públicas (Administración Central, autonomías y ayuntamientos) se gastaron el año pasado 116.716 millones de euros. Y la previsión de aumento para 2009 supera el 7%. Por tanto, en este ejercicio las remuneraciones totales de los funcionarios supondrán casi 125.000 millones; más de 12% del PIB.

Se trata del doble de la cifra que el Gobierno prevé recaudar en este ejercicio por IRPF (unos 62.000 millones si se mantiene la caída de los ingresos del 12,9% hasta julio).

El informe incluye toda la remuneración en efectivo y en especie que pagan las Administraciones Públicas a sus asalariados como contrapartida al trabajo realizado incluyendo los sueldos y salarios y las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

Estos gastos suponen casi un tercio del volumen total del gasto público (hace dos años se situaba en el 26%). Esto quiere decir que, en medias, el Gobierno central, los 17 autonómicos y los más de 8.100 alcaldes de los ayuntamientos tienen comprometido más del 30% de sus presupuestos anuales como consecuencia del aumento de la contratación y de su falta de control.

De esos casi 125.000 millones del importe total, más de un 60% corresponde a las comunidades autónomas. Por su parte, la Administración Central (incluida la Seguridad Social) gestiona alrededor del 23%, y las corporaciones locales, un 17%.

Ningún año se han cumplido las previsiones de gasto de personal. En los ejercicios de mayor recaudación es cuando más se ha disparado el gasto. Por ejemplo, en 2007 (cuando la economía creció a tasas del 3,7%), la remuneración total aumentó un 9% respecto al año anterior. Mientras, el gasto de personal de las autonomías creció un 10,3%; un 7,5%, la de los ministerios; y un 6,8%, la de los ayuntamientos.

Sin embargo, los gestores políticos han sido incapaces de parar esta evolución con la llegada de la crisis. Así, por ejemplo, las remuneraciones crecieron en el conjunto de las administraciones otro 9% en 2008, año en que la inflación acabó en el 1,4%. Y lo mismo está ocurriendo en 2009, con tasas de inflación negativas. La previsión del aumento de este gasto por parte del Gobierno es del 5,6% para el Estado y las autonomías lo tienen situado en el 6,5% de media. De aquí que las estimaciones apuntan a que en 2009 la masa salarial global de los empleados públicos superará el 7%.

En cuanto a las rentas de los funcionarios (salario bruto más cotizaciones), un informe de la Agencia Tributaria las sitúa en 85.800 millones en 2008, con un incremento del 9,5% (frente al 3,1% del sector privado) respecto al año anterior.

Con estos datos se desmonta el viejo aforismo de que los trabajadores privados ganan más que los públicos. Así, un trabajador público recibió de media 28.321 euros brutos en 2008, mientras que la renta individual del privado se situó en 21.032 euros.




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Un punto más, 1.250 millones

Con la masa salarial total de 2009 de la función pública, cada punto de subida equivale a unos 1.250 millones. Es lo que prácticamente cuesta la ayuda de los 420 euros para 700.000 parados sin seguro de empleo durante seis meses. Se trata de la oferta que han presentado inicialmente los sindicatos como gesto de contención salarial.

Sin embargo, un subida de un punto en los sueldos de los funcionarios acarrea al menos otros dos puntos más de gasto por 'deslizamientos' (por antigüedades, ascensos u otros complementos) así como de nuevas incorporaciones, incluso temporales.

Por tanto, la subida de un punto tendría un coste conjunto para la masa salarial de unos 3.700 millones, una cifra con la que se podía pagar durante un año y medio esos 420 euros. Si esa masa salarial llegara a crecer hasta siete puntos, como va a suceder en 2009, el coste para el contribuyente sería de unos 8.700 millones. El Gobierno ha anunciado que se suspenderán las convocatorias de más plazas. Pero la maquinaria del gasto no se podrá parar.




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El descontrol de los salarios públicos en las autonomías

El Banco de España ya advirtió al aprobarse los presupuestos autonómicos sobre el descontrol de los salarios de sus empleados.

En el Boletín Económico de enero pasado señaló que, aunque el Gobierno central, mediante los Presupuestos Generales del Estado, establece el crecimiento salarial para todas las autonomías, «los aumentos presupuestados de los gastos de personal han sido tradicionalmente superiores en las comunidades autónomas que en el Estado».

En este sentido, los gobiernos regionales han presupuestado para 2009 un incremento medio de la masa salarial del 6,5% frente al 5,6% del Estado, aunque el aumento retributivo medio (3,8%) ha sido igual para sus funcionarios que para los de las demás administraciones públicas. Y algunas comunidades han elevado sus previsiones por encima del 10%. Por ejemplo, Asturias lo sitúa en el 10,5%, y Aragón en el 9,8%. El Gobierno de la comunidad madrileña fue el que realizó la menor previsión de incremento de gasto de personal (1,8%).

Y como es de esperar, las previsiones son sólo eso, objetivos iniciales. Así, aunque todavía no se conoce el dato definitivo de 2008, en 2007 las autonomías incrementaron su gasto de personal por encima del 10%, dos puntos más que el año anterior. En 2003 se produjo un llamativo 13,6% de aumento. Pero se debió a la llegada de funcionarios para trabajar en las recién estrenadas transferencias de sanidad y de educación.




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La plantilla no 'rejuvenece', la mitad tiene más de 45 años

Las carreras de los empleados públicos en un mismo puesto de trabajo, o similar, son más largas que las de los trabajadores privados. La diferencia estriba en que para los primeros el empleo es prácticamente de por vida.

De ahí que 1.449.100 funcionarios, el 47% de los 3 millones que figuran en la EPA, tengan más de 45 años. Además, mientras apenas hay trabajadores privados por encima de los 55 años (muchos están prejubilados por una gran empresa o simplemente están en el paro), en el sector público aparecen casi medio millón. También se observa que es el colectivo que está más dispuesto a ampliar su vida laboral después de los 65 años (hay 26.100 empleados públicos). Todo esto confirma un envejecimiento de esta cohorte, que genera más costes fijos al acumular por ejemplo más antigüedad.

FRANCISCO NÚÑEZ

El Mundo

9.01.2009

Un debate falso sobre la división laboral. Miguel Valverde

Es un error y un debate falso atribuir la división del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales a que los salarios y la protección de los primeros perjudica a los segundos

01-09-2009 - El fuerte descenso del consumo de las familias, en un 5,9% en el último año, es uno de los factores, junto a la depresión de la inversión empresarial, que más está contribuyendo a la caída de la economía, que en el último año fue del 4,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.

Son varias las razones que explican la tristeza de los hogares. En primer lugar, la destrucción del empleo y, en consecuencia, el fuerte crecimiento del paro. A medida que pasan los meses, crece el número de hogares que tiene en el paro a todos los miembros de la familia en edad y condiciones de trabajar. El desempleo total afecta ya a 1.118.300 hogares.

Es posible que no todos carezcan de rentas alternativas, como dice el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pero está claro que la consolidación de la ocupación crea expectativas de consumo y de compromiso de gasto. Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo.

Los datos de Contabilidad Nacional dicen que en el último año la ocupación ha descendido en 1.369.000 puestos de trabajo, lo que, en términos relativos, supone una caída del 7,1% y lo que es peor, todo indica que en los próximos meses va a continuar esta tendencia tan negativa. Es previsible que, como ocurrió el año pasado, muchas empresas decidan no abrir en septiembre, como factible es también que, terminada la temporada estival, se destruyan más empleos temporales e indefinidos.

En contra de lo que dice el Gobierno, no hay ningún dato que permita presumir que la economía española ha tocado fondo en su descenso, como será fácil de comprobar en los últimos trimestres del año, cuando desaparezcan los efectos del plan del Ejecutivo de financiación de obra pública por valor de 8.000 millones de euros.

En segundo lugar, el consumo de las familias se resiente, en medio de la recesión, por el bajo poder adquisitivo de los salarios. Me sorprende que todavía algunos colegas y tertulianos se escandalicen por la extensión de los llamados mileuristas.

Qué otra cosa se puede esperar en materia retributiva de una economía que desde la reconversión industrial de los años ochenta y principios de los noventa ha crecido, fundamentalmente, por sectores que emplean mano de obra temporal, barata y con escasa formación, como la construcción y sus áreas de influencia; el turismo y sus alrededores, la hostelería y multitud de empresas auxiliares de otras compañías, al calor de la subcontratación.

Así, es lógico que el 57% de la población ocupada –10,8 millones de asalariados– cobre menos de 1.100 euros brutos mensuales. Incluso, según el reciente estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, contando a trabajadores autónomos, desempleados y pensionistas, el número de mileuristas es de cerca de diecisiete millones de personas.

Es más, aunque en los últimos años han crecido los contratos de fomento del empleo indefinido, gracias, fundamentalmente, a las subvenciones que reciben los empresarios por hacerlos, lo cierto es que, según el último informe del Ministerio de Trabajo, el 35% de estos contratos no llega a los cinco años.

Por todas estas razones, en el fondo, el descenso del consumo de las familias refleja la fragilidad de un tejido productivo que, ante la recesión, ha destruido empleos con mayor facilidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, donde el paro crece más lentamente.

Y, en consecuencia, es un error y un debate falso atribuir la división del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales a que los salarios y la protección de los primeros perjudica a los segundos, como hacen el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y el consejero del Banco Central Europeo, José Manuel González-Páramo.

La recesión y la destrucción de empleo están demostrando que los trabajadores fijos no están tan protegidos y que los temporales existirán en cifras muy elevadas en España, mientras no se produzca una reestructuración profunda del modelo económico español, y eso es una labor de años, aunque el Gobierno promulgue una Ley de Economía Sostenible. No nos engañemos. Las empresas crean el trabajo temporal porque les conviene; no, porque alguien les obligue.

Miguel Valverde
Expansion