La teoría económica no explica por qué mujeres y negros ganan menos que los hombres blancos
La culpa del paro es de los trabajadores
En épocas de crisis, la caída de los beneficios afecta al conjunto de cada empresa, pero los que pierden el trabajo suelen ser los más débiles. Quizá sea hora de plantearse reducir los sueldos de los altos ejecutivos.
24-11-2009 -
Tres hoteles de la cadena Hyatt Hotels Corporation de Boston, en Estados Unidos, despidieron recientemente a casi 100 trabajadores de la limpieza, que cobraban 15 dólares por hora y tenían seguro médico, en su mayoría mujeres negras e inmigrantes, que llevaban 20 años en la empresa. A través de una empresa de trabajo temporal, Hyatt ha contratado a nuevas limpiadoras a 8 dólares la hora y sin seguro médico. A las despedidas se les encargó enseñar gratis a quienes iban a reemplazarlas, que les fueron presentadas como sustitutas para vacaciones. La empresa alega que la crisis ha reducido sus beneficios y les obliga a tomar esta medida. Las trabajadoras denunciaron el despido a un sindicato, que ha organizado una formidable campaña de boicoteo a la empresa, a la que exige readmitir a los despedidos. A la campaña se han sumado desde la Asociación de Taxistas de Boston a organizaciones profesionales que están dejando de utilizar estos hoteles, respaldados por el propio gobernador de Massachusetts y el Ayuntamiento de Boston.
La noticia no es que se despida a trabajadores en tiempos de crisis. Ni que se despida a trabajadores veteranos y formados y se les reemplace por jóvenes sin formación. Tampoco es nuevo el secretismo en los despidos, ni obligar a quienes van a perder su trabajo a enseñar gratis a quienes les reemplazan. Lo novedoso es que frente a unos despidos se levante una ola de indignación que ha llegado a los políticos y al mundo académico. La International Association for Feminist Economics (IAFFE) afirma que si la empresa trataba de reducir costes para compensar la caída de beneficios hubiera conseguido una reducción mayor recortando un 1% los salarios de los altos ejecutivos que despidiendo a 100 de los empleados peor pagados.
En todos los países se aprecia un rechazo creciente a las enormes diferencias de ingresos entre los ciudadanos, que con frecuencia no responden a la cualificación ni al trabajo realizado. En España es fácil encontrar titulares denunciando El sueldo escandaloso de los banqueros. En EE UU, sus desorbitantes primas han llevado a The New York Times a afirmar que "no tienen vergüenza". También los salarios de los altos ejecutivos han generado un debate nacional, culminando con el anuncio del Gobierno de Obama de limitar el sueldo de 175 personas que dirigen empresas rescatadas por el Gobierno. El rechazo social a estos ingresos escandalosos no debería quedarse en una censura coyuntural. La crisis hace políticamente inaceptable la miseria creciente, las desigualdades en las rentas y en el nivel de vida de las personas. Unas desigualdades que durante las últimas décadas de políticas económicas neoliberales han aumentado, no disminuido, como nos prometieron. En nuestra opinión, la indignación contra las diferencias abismales no debe taparse ni desactivarse, sino, al contrario, convertirse en una oportunidad para repensar cómo explicar las desigualdades.
¿Cómo se asignan los salarios? ¿Cómo se decide lo que cobra la gente -los directivos de bancos y empresas, los empleados, los políticos? Una rápida ojeada a cómo ha explicado la Teoría Económica la formación de los salarios desde hace 250 años muestra una combinación de conceptos primarios que seguimos oyendo cada día en boca de los representantes de la patronal y de instituciones del Estado: hay que abaratar el despido, reducir los subsidios al desempleo, bajar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, los convenios colectivos y las cotizaciones son los culpables de que no se contrate más... Aunque estos argumentos tienen sentido bajo ciertas circunstancias, es importante que analicemos la teoría que los justifica.
La primera teoría con la que se explicó la formación de los salarios fue la de los "salarios de subsistencia", sostenida por Malthus a finales del siglo XVIII, y por Ricardo a principios del XIX. Para el párroco Malthus, los trabajadores debían recibir unos salarios equivalentes a lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Cuando se les pagaba de más tenían más hijos, en pocos años aumentaba la oferta de trabajo, había más trabajadores que empleos, y la ley de la oferta y la demanda hacía que los salarios cayesen, provocando hambre y mortandad. Esta visión fue rechazada más tarde por Marx, para quien el que hubiera más trabajadores que empleos no sólo no era negativo para el capitalismo, sino que era lo que garantizaba sus beneficios, al constituirse en un ejército de reserva de fuerza de trabajo que permitía al patrono reemplazar a los trabajadores por otros más baratos. Sólo la negociación colectiva y la unión de los trabajadores en sindicatos podían contrarrestar el juego.
A finales del XIX, y en su afán por justificar la desigualdad salarial, la revolución marginalista explicó el salario como equivalente a la "productividad marginal" del trabajo. Es decir, los salarios igualaban el valor del producto neto que producían, y el desempleo era el resultado de que los trabajadores "costaban" más de lo que "valía" su productividad. En otras palabras, ganamos lo que vale nuestro trabajo. Si los directivos ganan mil veces el salario medio es porque producen mil veces el valor que nosotros producimos. ¿Que han arruinado a su empresa y perdido el dinero de los inversores... y siguen ganando mil veces más que usted? Aun así, dirá un economista ortodoxo. Naturalmente que la crisis económica disminuye el valor del producto marginal de los trabajadores, pero también el de los ejecutivos. La producción de una empresa representa el esfuerzo de muchos trabajadores. ¿Cómo distinguir entre los "productos marginales" de cada uno? Como en el caso de las limpiadoras de los hoteles Hyatt, las pérdidas son del conjunto de la empresa, pero quienes pierden el empleo suelen ser los más débiles.
Además, la teoría económica ortodoxa ignora lo que Lester Thurow ha llamado "the sociology of wage determination", los factores sociales y políticos que afectan a la remuneración del trabajo, como la existencia de sindicatos, las políticas de promoción de las empresas, o los salarios mínimos. Por el lado del capital, el acceso privilegiado a la información y a relaciones con las élites económicas y políticas, y los privilegios heredados, benefician su capacidad de negociación y sus múltiples fuentes de ingresos. La teoría económica tampoco explica por qué las mujeres y los negros (hombres y mujeres) ganan siempre menos que los hombres blancos. Porque el valor de lo que producen es menor, dirá un economista ortodoxo. Ellas han decidido estudiar menos y en consecuencia están peor formadas, o trabajan menos horas, o insisten en emplearse en sectores menos productivos. Estas explicaciones economicistas prefieren ignorar el racismo, las normas patriarcales o la profunda desigualdad de oportunidades entre grupos sociales.
En definitiva, la teoría económica al uso prefiere no tener en cuenta las diferencias de poder entre trabajadores, y entre éstos (que aceptan lo que les ofrecen porque su subsistencia depende de ello) y el capital (que impone sus condiciones puesto que puede no ofrecer el empleo). Si usted fuera más productivo ganaría más. Las injerencias de sindicatos o gobiernos sólo empeoran las cosas: a cambio de que unos pocos ganen más muchos perderán su empleo, o muchas empresas cerrarán, incapaces de hacer frente a los costes. Sobre los salarios que se asignan a sí mismos estos ejecutivos, directivos, empresarios, sobre cómo pactan sus primas, bonus, incentivos, blindajes, exenciones fiscales..., silencio.
La teoría económica lleva 200 años explicando la asignación de salarios como un proceso eficiente; intentando convencernos de que hay que dejar actuar al mercado. Pero la crisis económica nos está invitando a dudar de ella. La imposición de límites salariales a algunos ejecutivos por parte del Gobierno de Obama plantea el debate de qué consideramos un "salario justo". Entidades financieras como Credit Suisse están cambiando sus formas de pago y ejecutivos como Kenneth D. Lewis, del Bank of America, renuncian al sueldo (aunque cobrará 60 millones de dólares cuando se jubile en diciembre). No es que estas propuestas solucionen nada, pero reflejan la presión social. Si las empresas fueran más democráticas, los trabajadores podrían negociar y sugerir cambios sin tener que depender del Estado para proteger su empleo y su salario. Las directivas de organizaciones como la OIT son también un punto de partida para un mundo laboral más justo. Si dejamos de considerar aceptables las desigualdades brutales, si dejamos de aceptar que los salarios reflejan lo que vale nuestro trabajo, si presionamos como ciudadanos para que nuestros gobiernos asuman el objetivo político de un trabajo digno para todos, esta crisis se habrá convertido en oportunidad. En todo caso, estos esfuerzos deberán incluir el objetivo de reconstruir una teoría económica fosilizada.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell y Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la UAB.
El Pais
11.02.2009
El 'Inem' oculta 715.000 parados. TAMARA VÁZQUEZ
El 'Inem' oculta 715.000 parados
Los Servicios Públicos de Empleo esconden cerca de 715.000 desempleados que, sumados a los 3,7 millones de parados oficiales, componen una bolsa de 4,4 millones de ciudadanos sin trabajo.
02-11-2009 - España cuenta actualmente con 4.123.300 parados, según concluye la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año publicada la semana pasada. O con 3.709.447, si se toma como referencia el dato de desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) registró durante el pasado mes de septiembre. Es decir, entre ambas estimaciones existe una diferencia de casi medio millón de personas, lo que representa una de las mayores diferencias de la serie histórica. ¿Cómo se justifica este abultado baile de cifras?
La primera causa reside en los objetivos y metodologías propios de cada uno de estos sistemas de medición. La EPA -un sondeo empleado de modo homogéneo en el resto de países de la Unión Europea- mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, a través de una serie de entrevistas telefónicas. Para la EPA, un parado es aquella persona que quiere trabajar y busca activamente empleo.
Por su parte, el SPEE hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en las oficinas del antiguo Inem, aunque excluye a ciertos colectivos de demandantes de empleo, los conocidos como Denos -demandantes de empleo no ocupados-. Esta criba de desempleados resulta clave para explicar el abismo entre ambos indicadores laborales.
Entre otros, el SPEE no computa como parados registrados a los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a tres meses; las personas que buscan un trabajo con una jornada inferior a veinte horas semanales; las que cursan estudios de enseñanza oficial reglada -siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo-; las personas que asisten a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen veinte a la semana, tengan un beca y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo que realizan un trabajo a tiempo parcial; los demandantes que perciben el subsidio agrario; las personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características; los ciudadanos sin disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo o que solicitan un empleo en el extranjero; los demandantes de servicios previos al empleo -es decir, de quienes necesitan realizar un curso para trabajar en otro sector, una modalidad introducida en febrero del año pasado, coincidiendo con el cierre industrial de Delphi, en Cádiz-; y los trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En total, el colectivo de Denos incluye a 714.478 personas que, sumadas a las 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE, dan como resultado una bolsa de 4.423.925 ciudadanos que carecen de un empleo, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA.
Ahora bien, «este colectivo de parados está condicionado a la voluntad del desempleado a incribirse», recuerda Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), lo que dificulta enormemente un cómputo total de desempleados. «En efecto, la intuición económica que existe actualmente es la de que el número de parados es, en realidad, mayor del que reflejan las estadísticas», reconoce Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Por ejemplo, sólo una mínima parte de los profesionales autónomos que se quedan sin trabajo acuden a las oficinas del SPEE para registrarse como parados, porque actualmente no tienen derecho a percibir una prestación por cese de actividad. Además, ante las dificultades para encontrar un puesto laboral, cada vez son más las personas que abandonan su búsqueda de trabajo. Según la última EPA, la población inactiva -que incluye, entre otros, a amas de casa, jubilados y al colectivo de personas que no tienen empleo ni lo buscan- asciende a 15.449.000 individuos, casi 90.000 más que en el segundo trimestre de 2009. Este efecto desánimo se intensifica en los varones y en los menores de 25 años, un segmento cuya mejor solución pasa por ampliar su etapa formativa.
Paro de larga duración
En este punto, conviene desmentir algunas leyendas urbanas creadas en torno a las medidas de ayuda al parado que en los últimos tiempos ha introducido el Gobierno. Ni el cheque parado de 420 euros -que obliga al desempleado a seguir un itinerario formativo para percibir el subsidio- ni las ayudas dirigidas a titulados en situación de desempleo para financiar la matrícula en un máster oficial incluyen necesariamente a sus receptores en el colectivo de demandantes de empleo no ocupados.
España no sólo se sitúa a la cabeza de Europa en destrucción de puestos de trabajo -su tasa de desempleo se sitúa ya en el 19,3%, según la estadística de Eurostat-, sino que es líder en creación de paro estructural. El colectivo de desempleados de larga duración -aquellos que llevan más de un año buscando activamente empleo sin encontrarlo- aglutina a 1.217.300 personas, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al segundo trimestre del año. Sólo en 2009, el número de parados en esta situación ha aumentado en 681.400 ciudadanos, un hecho grave porque esta inactividad profesional reduce drásticamente su futura empleabilidad.
Ante esta situación, y en un escenario que parte de los 4,5 millones de parados, el escaso nivel de conflictividad social resulta, cuanto menos, sorprendente. Para algunos analistas, este hecho hunde sus raíces en la economía sumergida. Así, de acuerdo con un estudio de Pimec, el peso de las actividades no declaradas en España representa en torno al 23% del PIB oficial lo que, según estima Francisco Aranda, implicaría un mercado de trabajo irregular del 25% de la fuerza laboral española.
Para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, una prueba fehaciente de la existencia de esta economía sumergida es el número de solicitantes de la ayuda de 420 euros. «El Ministerio de Trabajo estimó que unas 300.000 personas solicitarían esta prestación. Sin embargo, hasta la fecha sólo lo han hecho 53.000», dice.
En su opinión, estos demandantes prefieren buscar un empleo fantasma, antes que recibir una ayuda que les obligue a realizar cursillos formativos. Coincide con este planteamiento Francisco Aranda. «No existen datos que lo demuestren, pero parece lógico pensar que existe una mayor probabilidad de que muchos trabajadores acaben recalando en la actividad no declarada», reflexiona.
Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo que actualmente trabaja en el Instituto Ortega y Gasset, disiente en el análisis realizado por Amor y Aranda. En su opinión, la causa que explica el bajo número de solicitantes de la ayuda gubernamental radica en la rigidez de los requisitos de acceso, que desestimula la demanda.
Para el economista, la baja conflictividad social que hay está justificada por la potente tasa de cobertura de prestaciones que actualmente hay en España y que cubre al 70% de los desempleados. «Casi todos los parados que han trabajado en años anteriores hoy disponen de una prestación. Si excluyéramos a los demandantes de un primer empleo -un grupo que no tiene derecho a estos subsidios- la tasa de cobertura sería aún mayor», abunda.
TAMARA VÁZQUEZ
El Mundo
Los Servicios Públicos de Empleo esconden cerca de 715.000 desempleados que, sumados a los 3,7 millones de parados oficiales, componen una bolsa de 4,4 millones de ciudadanos sin trabajo.
02-11-2009 - España cuenta actualmente con 4.123.300 parados, según concluye la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año publicada la semana pasada. O con 3.709.447, si se toma como referencia el dato de desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) registró durante el pasado mes de septiembre. Es decir, entre ambas estimaciones existe una diferencia de casi medio millón de personas, lo que representa una de las mayores diferencias de la serie histórica. ¿Cómo se justifica este abultado baile de cifras?
La primera causa reside en los objetivos y metodologías propios de cada uno de estos sistemas de medición. La EPA -un sondeo empleado de modo homogéneo en el resto de países de la Unión Europea- mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, a través de una serie de entrevistas telefónicas. Para la EPA, un parado es aquella persona que quiere trabajar y busca activamente empleo.
Por su parte, el SPEE hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en las oficinas del antiguo Inem, aunque excluye a ciertos colectivos de demandantes de empleo, los conocidos como Denos -demandantes de empleo no ocupados-. Esta criba de desempleados resulta clave para explicar el abismo entre ambos indicadores laborales.
Entre otros, el SPEE no computa como parados registrados a los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a tres meses; las personas que buscan un trabajo con una jornada inferior a veinte horas semanales; las que cursan estudios de enseñanza oficial reglada -siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo-; las personas que asisten a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen veinte a la semana, tengan un beca y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo que realizan un trabajo a tiempo parcial; los demandantes que perciben el subsidio agrario; las personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características; los ciudadanos sin disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo o que solicitan un empleo en el extranjero; los demandantes de servicios previos al empleo -es decir, de quienes necesitan realizar un curso para trabajar en otro sector, una modalidad introducida en febrero del año pasado, coincidiendo con el cierre industrial de Delphi, en Cádiz-; y los trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En total, el colectivo de Denos incluye a 714.478 personas que, sumadas a las 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE, dan como resultado una bolsa de 4.423.925 ciudadanos que carecen de un empleo, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA.
Ahora bien, «este colectivo de parados está condicionado a la voluntad del desempleado a incribirse», recuerda Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), lo que dificulta enormemente un cómputo total de desempleados. «En efecto, la intuición económica que existe actualmente es la de que el número de parados es, en realidad, mayor del que reflejan las estadísticas», reconoce Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Por ejemplo, sólo una mínima parte de los profesionales autónomos que se quedan sin trabajo acuden a las oficinas del SPEE para registrarse como parados, porque actualmente no tienen derecho a percibir una prestación por cese de actividad. Además, ante las dificultades para encontrar un puesto laboral, cada vez son más las personas que abandonan su búsqueda de trabajo. Según la última EPA, la población inactiva -que incluye, entre otros, a amas de casa, jubilados y al colectivo de personas que no tienen empleo ni lo buscan- asciende a 15.449.000 individuos, casi 90.000 más que en el segundo trimestre de 2009. Este efecto desánimo se intensifica en los varones y en los menores de 25 años, un segmento cuya mejor solución pasa por ampliar su etapa formativa.
Paro de larga duración
En este punto, conviene desmentir algunas leyendas urbanas creadas en torno a las medidas de ayuda al parado que en los últimos tiempos ha introducido el Gobierno. Ni el cheque parado de 420 euros -que obliga al desempleado a seguir un itinerario formativo para percibir el subsidio- ni las ayudas dirigidas a titulados en situación de desempleo para financiar la matrícula en un máster oficial incluyen necesariamente a sus receptores en el colectivo de demandantes de empleo no ocupados.
España no sólo se sitúa a la cabeza de Europa en destrucción de puestos de trabajo -su tasa de desempleo se sitúa ya en el 19,3%, según la estadística de Eurostat-, sino que es líder en creación de paro estructural. El colectivo de desempleados de larga duración -aquellos que llevan más de un año buscando activamente empleo sin encontrarlo- aglutina a 1.217.300 personas, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al segundo trimestre del año. Sólo en 2009, el número de parados en esta situación ha aumentado en 681.400 ciudadanos, un hecho grave porque esta inactividad profesional reduce drásticamente su futura empleabilidad.
Ante esta situación, y en un escenario que parte de los 4,5 millones de parados, el escaso nivel de conflictividad social resulta, cuanto menos, sorprendente. Para algunos analistas, este hecho hunde sus raíces en la economía sumergida. Así, de acuerdo con un estudio de Pimec, el peso de las actividades no declaradas en España representa en torno al 23% del PIB oficial lo que, según estima Francisco Aranda, implicaría un mercado de trabajo irregular del 25% de la fuerza laboral española.
Para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, una prueba fehaciente de la existencia de esta economía sumergida es el número de solicitantes de la ayuda de 420 euros. «El Ministerio de Trabajo estimó que unas 300.000 personas solicitarían esta prestación. Sin embargo, hasta la fecha sólo lo han hecho 53.000», dice.
En su opinión, estos demandantes prefieren buscar un empleo fantasma, antes que recibir una ayuda que les obligue a realizar cursillos formativos. Coincide con este planteamiento Francisco Aranda. «No existen datos que lo demuestren, pero parece lógico pensar que existe una mayor probabilidad de que muchos trabajadores acaben recalando en la actividad no declarada», reflexiona.
Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo que actualmente trabaja en el Instituto Ortega y Gasset, disiente en el análisis realizado por Amor y Aranda. En su opinión, la causa que explica el bajo número de solicitantes de la ayuda gubernamental radica en la rigidez de los requisitos de acceso, que desestimula la demanda.
Para el economista, la baja conflictividad social que hay está justificada por la potente tasa de cobertura de prestaciones que actualmente hay en España y que cubre al 70% de los desempleados. «Casi todos los parados que han trabajado en años anteriores hoy disponen de una prestación. Si excluyéramos a los demandantes de un primer empleo -un grupo que no tiene derecho a estos subsidios- la tasa de cobertura sería aún mayor», abunda.
TAMARA VÁZQUEZ
El Mundo
9.11.2009
La masa salarial de los ministerios, CCAA y municipios superará los124.000 millones. Francisco Nuñez.
El Estado gasta en sueldos públicos el doble de lo que ingresa por IRPF
11-09-2009 -
La remuneración que pagan todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) a sus empleados superará en 2009 los 124.000 millones de euros, es decir, el 12% del PIB. Lo que supone que un tercio de todo el gasto público se destina a pagar sueldos. Se trata del doble de los ingresos que Hacienda prevé recaudar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Era el secreto mejor guardado hasta ahora. ¿Cuánto cuestan a los españoles los empleados públicos? Ya hay cifras, incluso de su evolución. Según un informe interno del Ministerio de Economía y Hacienda, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en términos de Contabilidad Nacional, el conjunto de las Administraciones Públicas (Administración Central, autonomías y ayuntamientos) se gastaron el año pasado 116.716 millones de euros. Y la previsión de aumento para 2009 supera el 7%. Por tanto, en este ejercicio las remuneraciones totales de los funcionarios supondrán casi 125.000 millones; más de 12% del PIB.
Se trata del doble de la cifra que el Gobierno prevé recaudar en este ejercicio por IRPF (unos 62.000 millones si se mantiene la caída de los ingresos del 12,9% hasta julio).
El informe incluye toda la remuneración en efectivo y en especie que pagan las Administraciones Públicas a sus asalariados como contrapartida al trabajo realizado incluyendo los sueldos y salarios y las cotizaciones sociales a cargo del empleador.
Estos gastos suponen casi un tercio del volumen total del gasto público (hace dos años se situaba en el 26%). Esto quiere decir que, en medias, el Gobierno central, los 17 autonómicos y los más de 8.100 alcaldes de los ayuntamientos tienen comprometido más del 30% de sus presupuestos anuales como consecuencia del aumento de la contratación y de su falta de control.
De esos casi 125.000 millones del importe total, más de un 60% corresponde a las comunidades autónomas. Por su parte, la Administración Central (incluida la Seguridad Social) gestiona alrededor del 23%, y las corporaciones locales, un 17%.
Ningún año se han cumplido las previsiones de gasto de personal. En los ejercicios de mayor recaudación es cuando más se ha disparado el gasto. Por ejemplo, en 2007 (cuando la economía creció a tasas del 3,7%), la remuneración total aumentó un 9% respecto al año anterior. Mientras, el gasto de personal de las autonomías creció un 10,3%; un 7,5%, la de los ministerios; y un 6,8%, la de los ayuntamientos.
Sin embargo, los gestores políticos han sido incapaces de parar esta evolución con la llegada de la crisis. Así, por ejemplo, las remuneraciones crecieron en el conjunto de las administraciones otro 9% en 2008, año en que la inflación acabó en el 1,4%. Y lo mismo está ocurriendo en 2009, con tasas de inflación negativas. La previsión del aumento de este gasto por parte del Gobierno es del 5,6% para el Estado y las autonomías lo tienen situado en el 6,5% de media. De aquí que las estimaciones apuntan a que en 2009 la masa salarial global de los empleados públicos superará el 7%.
En cuanto a las rentas de los funcionarios (salario bruto más cotizaciones), un informe de la Agencia Tributaria las sitúa en 85.800 millones en 2008, con un incremento del 9,5% (frente al 3,1% del sector privado) respecto al año anterior.
Con estos datos se desmonta el viejo aforismo de que los trabajadores privados ganan más que los públicos. Así, un trabajador público recibió de media 28.321 euros brutos en 2008, mientras que la renta individual del privado se situó en 21.032 euros.
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Un punto más, 1.250 millones
Con la masa salarial total de 2009 de la función pública, cada punto de subida equivale a unos 1.250 millones. Es lo que prácticamente cuesta la ayuda de los 420 euros para 700.000 parados sin seguro de empleo durante seis meses. Se trata de la oferta que han presentado inicialmente los sindicatos como gesto de contención salarial.
Sin embargo, un subida de un punto en los sueldos de los funcionarios acarrea al menos otros dos puntos más de gasto por 'deslizamientos' (por antigüedades, ascensos u otros complementos) así como de nuevas incorporaciones, incluso temporales.
Por tanto, la subida de un punto tendría un coste conjunto para la masa salarial de unos 3.700 millones, una cifra con la que se podía pagar durante un año y medio esos 420 euros. Si esa masa salarial llegara a crecer hasta siete puntos, como va a suceder en 2009, el coste para el contribuyente sería de unos 8.700 millones. El Gobierno ha anunciado que se suspenderán las convocatorias de más plazas. Pero la maquinaria del gasto no se podrá parar.
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El descontrol de los salarios públicos en las autonomías
El Banco de España ya advirtió al aprobarse los presupuestos autonómicos sobre el descontrol de los salarios de sus empleados.
En el Boletín Económico de enero pasado señaló que, aunque el Gobierno central, mediante los Presupuestos Generales del Estado, establece el crecimiento salarial para todas las autonomías, «los aumentos presupuestados de los gastos de personal han sido tradicionalmente superiores en las comunidades autónomas que en el Estado».
En este sentido, los gobiernos regionales han presupuestado para 2009 un incremento medio de la masa salarial del 6,5% frente al 5,6% del Estado, aunque el aumento retributivo medio (3,8%) ha sido igual para sus funcionarios que para los de las demás administraciones públicas. Y algunas comunidades han elevado sus previsiones por encima del 10%. Por ejemplo, Asturias lo sitúa en el 10,5%, y Aragón en el 9,8%. El Gobierno de la comunidad madrileña fue el que realizó la menor previsión de incremento de gasto de personal (1,8%).
Y como es de esperar, las previsiones son sólo eso, objetivos iniciales. Así, aunque todavía no se conoce el dato definitivo de 2008, en 2007 las autonomías incrementaron su gasto de personal por encima del 10%, dos puntos más que el año anterior. En 2003 se produjo un llamativo 13,6% de aumento. Pero se debió a la llegada de funcionarios para trabajar en las recién estrenadas transferencias de sanidad y de educación.
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La plantilla no 'rejuvenece', la mitad tiene más de 45 años
Las carreras de los empleados públicos en un mismo puesto de trabajo, o similar, son más largas que las de los trabajadores privados. La diferencia estriba en que para los primeros el empleo es prácticamente de por vida.
De ahí que 1.449.100 funcionarios, el 47% de los 3 millones que figuran en la EPA, tengan más de 45 años. Además, mientras apenas hay trabajadores privados por encima de los 55 años (muchos están prejubilados por una gran empresa o simplemente están en el paro), en el sector público aparecen casi medio millón. También se observa que es el colectivo que está más dispuesto a ampliar su vida laboral después de los 65 años (hay 26.100 empleados públicos). Todo esto confirma un envejecimiento de esta cohorte, que genera más costes fijos al acumular por ejemplo más antigüedad.
FRANCISCO NÚÑEZ
El Mundo
11-09-2009 -
La remuneración que pagan todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) a sus empleados superará en 2009 los 124.000 millones de euros, es decir, el 12% del PIB. Lo que supone que un tercio de todo el gasto público se destina a pagar sueldos. Se trata del doble de los ingresos que Hacienda prevé recaudar por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Era el secreto mejor guardado hasta ahora. ¿Cuánto cuestan a los españoles los empleados públicos? Ya hay cifras, incluso de su evolución. Según un informe interno del Ministerio de Economía y Hacienda, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en términos de Contabilidad Nacional, el conjunto de las Administraciones Públicas (Administración Central, autonomías y ayuntamientos) se gastaron el año pasado 116.716 millones de euros. Y la previsión de aumento para 2009 supera el 7%. Por tanto, en este ejercicio las remuneraciones totales de los funcionarios supondrán casi 125.000 millones; más de 12% del PIB.
Se trata del doble de la cifra que el Gobierno prevé recaudar en este ejercicio por IRPF (unos 62.000 millones si se mantiene la caída de los ingresos del 12,9% hasta julio).
El informe incluye toda la remuneración en efectivo y en especie que pagan las Administraciones Públicas a sus asalariados como contrapartida al trabajo realizado incluyendo los sueldos y salarios y las cotizaciones sociales a cargo del empleador.
Estos gastos suponen casi un tercio del volumen total del gasto público (hace dos años se situaba en el 26%). Esto quiere decir que, en medias, el Gobierno central, los 17 autonómicos y los más de 8.100 alcaldes de los ayuntamientos tienen comprometido más del 30% de sus presupuestos anuales como consecuencia del aumento de la contratación y de su falta de control.
De esos casi 125.000 millones del importe total, más de un 60% corresponde a las comunidades autónomas. Por su parte, la Administración Central (incluida la Seguridad Social) gestiona alrededor del 23%, y las corporaciones locales, un 17%.
Ningún año se han cumplido las previsiones de gasto de personal. En los ejercicios de mayor recaudación es cuando más se ha disparado el gasto. Por ejemplo, en 2007 (cuando la economía creció a tasas del 3,7%), la remuneración total aumentó un 9% respecto al año anterior. Mientras, el gasto de personal de las autonomías creció un 10,3%; un 7,5%, la de los ministerios; y un 6,8%, la de los ayuntamientos.
Sin embargo, los gestores políticos han sido incapaces de parar esta evolución con la llegada de la crisis. Así, por ejemplo, las remuneraciones crecieron en el conjunto de las administraciones otro 9% en 2008, año en que la inflación acabó en el 1,4%. Y lo mismo está ocurriendo en 2009, con tasas de inflación negativas. La previsión del aumento de este gasto por parte del Gobierno es del 5,6% para el Estado y las autonomías lo tienen situado en el 6,5% de media. De aquí que las estimaciones apuntan a que en 2009 la masa salarial global de los empleados públicos superará el 7%.
En cuanto a las rentas de los funcionarios (salario bruto más cotizaciones), un informe de la Agencia Tributaria las sitúa en 85.800 millones en 2008, con un incremento del 9,5% (frente al 3,1% del sector privado) respecto al año anterior.
Con estos datos se desmonta el viejo aforismo de que los trabajadores privados ganan más que los públicos. Así, un trabajador público recibió de media 28.321 euros brutos en 2008, mientras que la renta individual del privado se situó en 21.032 euros.
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Un punto más, 1.250 millones
Con la masa salarial total de 2009 de la función pública, cada punto de subida equivale a unos 1.250 millones. Es lo que prácticamente cuesta la ayuda de los 420 euros para 700.000 parados sin seguro de empleo durante seis meses. Se trata de la oferta que han presentado inicialmente los sindicatos como gesto de contención salarial.
Sin embargo, un subida de un punto en los sueldos de los funcionarios acarrea al menos otros dos puntos más de gasto por 'deslizamientos' (por antigüedades, ascensos u otros complementos) así como de nuevas incorporaciones, incluso temporales.
Por tanto, la subida de un punto tendría un coste conjunto para la masa salarial de unos 3.700 millones, una cifra con la que se podía pagar durante un año y medio esos 420 euros. Si esa masa salarial llegara a crecer hasta siete puntos, como va a suceder en 2009, el coste para el contribuyente sería de unos 8.700 millones. El Gobierno ha anunciado que se suspenderán las convocatorias de más plazas. Pero la maquinaria del gasto no se podrá parar.
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El descontrol de los salarios públicos en las autonomías
El Banco de España ya advirtió al aprobarse los presupuestos autonómicos sobre el descontrol de los salarios de sus empleados.
En el Boletín Económico de enero pasado señaló que, aunque el Gobierno central, mediante los Presupuestos Generales del Estado, establece el crecimiento salarial para todas las autonomías, «los aumentos presupuestados de los gastos de personal han sido tradicionalmente superiores en las comunidades autónomas que en el Estado».
En este sentido, los gobiernos regionales han presupuestado para 2009 un incremento medio de la masa salarial del 6,5% frente al 5,6% del Estado, aunque el aumento retributivo medio (3,8%) ha sido igual para sus funcionarios que para los de las demás administraciones públicas. Y algunas comunidades han elevado sus previsiones por encima del 10%. Por ejemplo, Asturias lo sitúa en el 10,5%, y Aragón en el 9,8%. El Gobierno de la comunidad madrileña fue el que realizó la menor previsión de incremento de gasto de personal (1,8%).
Y como es de esperar, las previsiones son sólo eso, objetivos iniciales. Así, aunque todavía no se conoce el dato definitivo de 2008, en 2007 las autonomías incrementaron su gasto de personal por encima del 10%, dos puntos más que el año anterior. En 2003 se produjo un llamativo 13,6% de aumento. Pero se debió a la llegada de funcionarios para trabajar en las recién estrenadas transferencias de sanidad y de educación.
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La plantilla no 'rejuvenece', la mitad tiene más de 45 años
Las carreras de los empleados públicos en un mismo puesto de trabajo, o similar, son más largas que las de los trabajadores privados. La diferencia estriba en que para los primeros el empleo es prácticamente de por vida.
De ahí que 1.449.100 funcionarios, el 47% de los 3 millones que figuran en la EPA, tengan más de 45 años. Además, mientras apenas hay trabajadores privados por encima de los 55 años (muchos están prejubilados por una gran empresa o simplemente están en el paro), en el sector público aparecen casi medio millón. También se observa que es el colectivo que está más dispuesto a ampliar su vida laboral después de los 65 años (hay 26.100 empleados públicos). Todo esto confirma un envejecimiento de esta cohorte, que genera más costes fijos al acumular por ejemplo más antigüedad.
FRANCISCO NÚÑEZ
El Mundo
9.01.2009
Un debate falso sobre la división laboral. Miguel Valverde
Es un error y un debate falso atribuir la división del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales a que los salarios y la protección de los primeros perjudica a los segundos
01-09-2009 - El fuerte descenso del consumo de las familias, en un 5,9% en el último año, es uno de los factores, junto a la depresión de la inversión empresarial, que más está contribuyendo a la caída de la economía, que en el último año fue del 4,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Son varias las razones que explican la tristeza de los hogares. En primer lugar, la destrucción del empleo y, en consecuencia, el fuerte crecimiento del paro. A medida que pasan los meses, crece el número de hogares que tiene en el paro a todos los miembros de la familia en edad y condiciones de trabajar. El desempleo total afecta ya a 1.118.300 hogares.
Es posible que no todos carezcan de rentas alternativas, como dice el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pero está claro que la consolidación de la ocupación crea expectativas de consumo y de compromiso de gasto. Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo.
Los datos de Contabilidad Nacional dicen que en el último año la ocupación ha descendido en 1.369.000 puestos de trabajo, lo que, en términos relativos, supone una caída del 7,1% y lo que es peor, todo indica que en los próximos meses va a continuar esta tendencia tan negativa. Es previsible que, como ocurrió el año pasado, muchas empresas decidan no abrir en septiembre, como factible es también que, terminada la temporada estival, se destruyan más empleos temporales e indefinidos.
En contra de lo que dice el Gobierno, no hay ningún dato que permita presumir que la economía española ha tocado fondo en su descenso, como será fácil de comprobar en los últimos trimestres del año, cuando desaparezcan los efectos del plan del Ejecutivo de financiación de obra pública por valor de 8.000 millones de euros.
En segundo lugar, el consumo de las familias se resiente, en medio de la recesión, por el bajo poder adquisitivo de los salarios. Me sorprende que todavía algunos colegas y tertulianos se escandalicen por la extensión de los llamados mileuristas.
Qué otra cosa se puede esperar en materia retributiva de una economía que desde la reconversión industrial de los años ochenta y principios de los noventa ha crecido, fundamentalmente, por sectores que emplean mano de obra temporal, barata y con escasa formación, como la construcción y sus áreas de influencia; el turismo y sus alrededores, la hostelería y multitud de empresas auxiliares de otras compañías, al calor de la subcontratación.
Así, es lógico que el 57% de la población ocupada –10,8 millones de asalariados– cobre menos de 1.100 euros brutos mensuales. Incluso, según el reciente estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, contando a trabajadores autónomos, desempleados y pensionistas, el número de mileuristas es de cerca de diecisiete millones de personas.
Es más, aunque en los últimos años han crecido los contratos de fomento del empleo indefinido, gracias, fundamentalmente, a las subvenciones que reciben los empresarios por hacerlos, lo cierto es que, según el último informe del Ministerio de Trabajo, el 35% de estos contratos no llega a los cinco años.
Por todas estas razones, en el fondo, el descenso del consumo de las familias refleja la fragilidad de un tejido productivo que, ante la recesión, ha destruido empleos con mayor facilidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, donde el paro crece más lentamente.
Y, en consecuencia, es un error y un debate falso atribuir la división del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales a que los salarios y la protección de los primeros perjudica a los segundos, como hacen el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y el consejero del Banco Central Europeo, José Manuel González-Páramo.
La recesión y la destrucción de empleo están demostrando que los trabajadores fijos no están tan protegidos y que los temporales existirán en cifras muy elevadas en España, mientras no se produzca una reestructuración profunda del modelo económico español, y eso es una labor de años, aunque el Gobierno promulgue una Ley de Economía Sostenible. No nos engañemos. Las empresas crean el trabajo temporal porque les conviene; no, porque alguien les obligue.
Miguel Valverde
Expansion
01-09-2009 - El fuerte descenso del consumo de las familias, en un 5,9% en el último año, es uno de los factores, junto a la depresión de la inversión empresarial, que más está contribuyendo a la caída de la economía, que en el último año fue del 4,2%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Son varias las razones que explican la tristeza de los hogares. En primer lugar, la destrucción del empleo y, en consecuencia, el fuerte crecimiento del paro. A medida que pasan los meses, crece el número de hogares que tiene en el paro a todos los miembros de la familia en edad y condiciones de trabajar. El desempleo total afecta ya a 1.118.300 hogares.
Es posible que no todos carezcan de rentas alternativas, como dice el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pero está claro que la consolidación de la ocupación crea expectativas de consumo y de compromiso de gasto. Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo.
Los datos de Contabilidad Nacional dicen que en el último año la ocupación ha descendido en 1.369.000 puestos de trabajo, lo que, en términos relativos, supone una caída del 7,1% y lo que es peor, todo indica que en los próximos meses va a continuar esta tendencia tan negativa. Es previsible que, como ocurrió el año pasado, muchas empresas decidan no abrir en septiembre, como factible es también que, terminada la temporada estival, se destruyan más empleos temporales e indefinidos.
En contra de lo que dice el Gobierno, no hay ningún dato que permita presumir que la economía española ha tocado fondo en su descenso, como será fácil de comprobar en los últimos trimestres del año, cuando desaparezcan los efectos del plan del Ejecutivo de financiación de obra pública por valor de 8.000 millones de euros.
En segundo lugar, el consumo de las familias se resiente, en medio de la recesión, por el bajo poder adquisitivo de los salarios. Me sorprende que todavía algunos colegas y tertulianos se escandalicen por la extensión de los llamados mileuristas.
Qué otra cosa se puede esperar en materia retributiva de una economía que desde la reconversión industrial de los años ochenta y principios de los noventa ha crecido, fundamentalmente, por sectores que emplean mano de obra temporal, barata y con escasa formación, como la construcción y sus áreas de influencia; el turismo y sus alrededores, la hostelería y multitud de empresas auxiliares de otras compañías, al calor de la subcontratación.
Así, es lógico que el 57% de la población ocupada –10,8 millones de asalariados– cobre menos de 1.100 euros brutos mensuales. Incluso, según el reciente estudio del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, contando a trabajadores autónomos, desempleados y pensionistas, el número de mileuristas es de cerca de diecisiete millones de personas.
Es más, aunque en los últimos años han crecido los contratos de fomento del empleo indefinido, gracias, fundamentalmente, a las subvenciones que reciben los empresarios por hacerlos, lo cierto es que, según el último informe del Ministerio de Trabajo, el 35% de estos contratos no llega a los cinco años.
Por todas estas razones, en el fondo, el descenso del consumo de las familias refleja la fragilidad de un tejido productivo que, ante la recesión, ha destruido empleos con mayor facilidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de la Unión Europea, donde el paro crece más lentamente.
Y, en consecuencia, es un error y un debate falso atribuir la división del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales a que los salarios y la protección de los primeros perjudica a los segundos, como hacen el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y el consejero del Banco Central Europeo, José Manuel González-Páramo.
La recesión y la destrucción de empleo están demostrando que los trabajadores fijos no están tan protegidos y que los temporales existirán en cifras muy elevadas en España, mientras no se produzca una reestructuración profunda del modelo económico español, y eso es una labor de años, aunque el Gobierno promulgue una Ley de Economía Sostenible. No nos engañemos. Las empresas crean el trabajo temporal porque les conviene; no, porque alguien les obligue.
Miguel Valverde
Expansion
8.25.2009
El diálogo social como estrategia y sus riesgos. Manuel de la Rocha Rubí
La CEOE mantuvo una negociación errática y cambiante, con un ojo puesto en el PP y sus intereses
24-08-2009 - El Gobierno de Zapatero ha situado entre sus líneas estratégicas la potenciación del diálogo social, una forma de hacer política que parte de la convicción de que en una sociedad democrática y para determinadas materias las decisiones que adopte el Gobierno tienen más eficacia si son compartidas por quienes tienen que asumirlas y aplicarlas, ampliando así a las organizaciones sindicales y patronales un poder y una responsabilidad inicialmente exclusiva del Gobierno. La experiencia de la legislatura anterior, con más de 20 acuerdos, la necesidad de generar confianza en la crisis económica y la convicción de que sindicatos y empresarios compartirían un diagnóstico común, llevaron al Gobierno socialista a seguir defendiendo esta estrategia.
Pero una política que requiere el acuerdo entre patronal y sindicatos tenía un riesgo, que una de las partes ideologice al máximo su posición radicalizando sus propuestas y planteando como exigencia inexcusable un programa de máximos, pensando que el Gobierno acabará cediendo ante su necesidad de resultados. Una posición de este tipo, que elude la búsqueda de espacios comunes de entendimiento, hace imposible cualquier acuerdo.
Los meses anteriores la derecha económica venía difundiendo una ecuación muy simple: la salida de la crisis exige reformas estructurales, la reforma clave es la laboral y ésta consiste en abaratar el despido. Este pensamiento dominante dejaba en el olvido las causas de la crisis y su nula relación con el mercado de trabajo, incluso su petición de un "paréntesis" en la economía de mercado. Como se temía, la representación patronal no ha tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo que no fuera la aceptación pura y simple de su "programa máximo", terminando en ruptura la actual fase de diálogo social.
La CEOE ha puesto sobre la mesa al menos dos cuestiones inasumibles para los sindicatos y para el propio Gobierno. Primero, la modificación del modelo de contratación, a través de lo que pomposamente ha llamado "contrato para el siglo XXI". Se trata sin tapujos de un contrato que hace precarios a todos los trabajadores durante los dos primeros años, incluso con peor condición que los actuales precarios, y que impone un despido mucho más barato, un despido sin causa que siempre sería procedente y sin posibilidad alguna de control judicial.
Conscientes de que tal propuesta tiene en contra a la inmensa mayoría de la sociedad, dirigentes de la CEOE vienen declarando que no pretenden abaratar el despido ni menos aún ir a un despido libre. Pero sus palabras quedan desmentidas por el documento enviado al Congreso de Diputados. Con este planteamiento la CEOE culpabiliza de la crisis al modelo actual de relaciones laborales, igual que hicieron Gobiernos anteriores cuando en 1994 y 2002, en crisis menos importantes pero con conflictos sociales semejantes, impusieron duras reformas laborales contra los sindicatos, afirmando que con ellas se terminaría la utilización del empleo como elemento de ajuste del ciclo económico, lo que evidentemente no ha ocurrido.
Si recordamos que también proponen eliminar la autorización administrativa en los EREs, la conclusión es que la CEOE quiere aprovechar esta crisis no sólo para recuperar los beneficios empresariales reduciendo costes laborales, sino para incrementar el poder de dominación del empresario y disminuir los derechos de los trabajadores, poniendo en cuestión el sistema de relaciones laborales que rige desde hace más de 30 años y que posibilitó el notable crecimiento económico y del empleo entre 1995 y 2007.
El segundo elemento también inaceptable es la propuesta de disminuir cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, un recorte de más de 17.000 millones de euros anuales, incrementando así los beneficios empresariales, pero poniendo en grave riesgo el sistema de pensiones. Por primera vez la CEOE rompe con el compromiso de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, que hasta ahora había apoyado tanto en el acuerdo inicial del Pacto de Toledo en 1995, como en su revisión en 2003 con un Gobierno del PP. No plantean una subida paralela de la fiscalidad, ni siquiera del IVA, propuestas que rechaza expresamente, sino, entre otras ocurrencias, sacar a muchos pensionistas futuros, como las viudas, del sistema contributivo, enviándolas al asistencial.
Pero además la CEOE ha mantenido una negociación errática y cambiante, con un ojo puesto en los dirigentes del PP y en sus intereses. El mismo día en que estaba convocada la Mesa para relanzar el diálogo social tuvo lugar una reunión entre Díaz Ferrán y Mariano Rajoy, a resultas de la cual los negociadores de la CEOE aparecieron en la Mesa con un papel escrito a mano replanteando de nuevo sus propuestas, quizás porque al PP no le interesaba un acuerdo que reforzara al Gobierno, quizás porque la patronal recibiera el compromiso de la derecha política de que si algún día ganaba las elecciones apoyaría el abaratamiento del despido, optando la CEOE por no llegar a un acuerdo con este Gobierno.
Ante la actitud y posiciones de la patronal, ha sido el propio Zapatero el que declaró inasumibles sus propuestas, optando por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, coherente con un discurso de izquierdas y con los compromisos programáticos del PSOE.
Manuel de la Rocha Rubí es diputado socialista por Madrid.
El Pais
24-08-2009 - El Gobierno de Zapatero ha situado entre sus líneas estratégicas la potenciación del diálogo social, una forma de hacer política que parte de la convicción de que en una sociedad democrática y para determinadas materias las decisiones que adopte el Gobierno tienen más eficacia si son compartidas por quienes tienen que asumirlas y aplicarlas, ampliando así a las organizaciones sindicales y patronales un poder y una responsabilidad inicialmente exclusiva del Gobierno. La experiencia de la legislatura anterior, con más de 20 acuerdos, la necesidad de generar confianza en la crisis económica y la convicción de que sindicatos y empresarios compartirían un diagnóstico común, llevaron al Gobierno socialista a seguir defendiendo esta estrategia.
Pero una política que requiere el acuerdo entre patronal y sindicatos tenía un riesgo, que una de las partes ideologice al máximo su posición radicalizando sus propuestas y planteando como exigencia inexcusable un programa de máximos, pensando que el Gobierno acabará cediendo ante su necesidad de resultados. Una posición de este tipo, que elude la búsqueda de espacios comunes de entendimiento, hace imposible cualquier acuerdo.
Los meses anteriores la derecha económica venía difundiendo una ecuación muy simple: la salida de la crisis exige reformas estructurales, la reforma clave es la laboral y ésta consiste en abaratar el despido. Este pensamiento dominante dejaba en el olvido las causas de la crisis y su nula relación con el mercado de trabajo, incluso su petición de un "paréntesis" en la economía de mercado. Como se temía, la representación patronal no ha tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo que no fuera la aceptación pura y simple de su "programa máximo", terminando en ruptura la actual fase de diálogo social.
La CEOE ha puesto sobre la mesa al menos dos cuestiones inasumibles para los sindicatos y para el propio Gobierno. Primero, la modificación del modelo de contratación, a través de lo que pomposamente ha llamado "contrato para el siglo XXI". Se trata sin tapujos de un contrato que hace precarios a todos los trabajadores durante los dos primeros años, incluso con peor condición que los actuales precarios, y que impone un despido mucho más barato, un despido sin causa que siempre sería procedente y sin posibilidad alguna de control judicial.
Conscientes de que tal propuesta tiene en contra a la inmensa mayoría de la sociedad, dirigentes de la CEOE vienen declarando que no pretenden abaratar el despido ni menos aún ir a un despido libre. Pero sus palabras quedan desmentidas por el documento enviado al Congreso de Diputados. Con este planteamiento la CEOE culpabiliza de la crisis al modelo actual de relaciones laborales, igual que hicieron Gobiernos anteriores cuando en 1994 y 2002, en crisis menos importantes pero con conflictos sociales semejantes, impusieron duras reformas laborales contra los sindicatos, afirmando que con ellas se terminaría la utilización del empleo como elemento de ajuste del ciclo económico, lo que evidentemente no ha ocurrido.
Si recordamos que también proponen eliminar la autorización administrativa en los EREs, la conclusión es que la CEOE quiere aprovechar esta crisis no sólo para recuperar los beneficios empresariales reduciendo costes laborales, sino para incrementar el poder de dominación del empresario y disminuir los derechos de los trabajadores, poniendo en cuestión el sistema de relaciones laborales que rige desde hace más de 30 años y que posibilitó el notable crecimiento económico y del empleo entre 1995 y 2007.
El segundo elemento también inaceptable es la propuesta de disminuir cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, un recorte de más de 17.000 millones de euros anuales, incrementando así los beneficios empresariales, pero poniendo en grave riesgo el sistema de pensiones. Por primera vez la CEOE rompe con el compromiso de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, que hasta ahora había apoyado tanto en el acuerdo inicial del Pacto de Toledo en 1995, como en su revisión en 2003 con un Gobierno del PP. No plantean una subida paralela de la fiscalidad, ni siquiera del IVA, propuestas que rechaza expresamente, sino, entre otras ocurrencias, sacar a muchos pensionistas futuros, como las viudas, del sistema contributivo, enviándolas al asistencial.
Pero además la CEOE ha mantenido una negociación errática y cambiante, con un ojo puesto en los dirigentes del PP y en sus intereses. El mismo día en que estaba convocada la Mesa para relanzar el diálogo social tuvo lugar una reunión entre Díaz Ferrán y Mariano Rajoy, a resultas de la cual los negociadores de la CEOE aparecieron en la Mesa con un papel escrito a mano replanteando de nuevo sus propuestas, quizás porque al PP no le interesaba un acuerdo que reforzara al Gobierno, quizás porque la patronal recibiera el compromiso de la derecha política de que si algún día ganaba las elecciones apoyaría el abaratamiento del despido, optando la CEOE por no llegar a un acuerdo con este Gobierno.
Ante la actitud y posiciones de la patronal, ha sido el propio Zapatero el que declaró inasumibles sus propuestas, optando por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, coherente con un discurso de izquierdas y con los compromisos programáticos del PSOE.
Manuel de la Rocha Rubí es diputado socialista por Madrid.
El Pais
6.29.2009
La crisis de empleo: Datos de la OIT
La OIT calcula que harán falta 300 millones de empleos para recuperar el nivel anterior a la crisis
Se necesitarán de cinco a seis años para que el mercado laboral mundial vuelva al punto en que se encontraba antes de la crisis
26-06-2009 - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hará falta crear 300 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años para que la economía mundial recupere el nivel de empleo anterior a la crisis.
Así lo puso de manifiesto el director de la OIT en España, Juan Felipe Hunt, durante una rueda de prensa para explicar el Pacto Mundial para el Empleo alcanzado la semana pasada en Ginebra durante la 98 Conferencia Internacional de la OIT.
La OIT estima que, incluso después de la reactivación del crecimiento económico, la recuperación del empleo a niveles existentes antes de la crisis no se producirá hasta cinco o seis años después, debido a que siguen diferentes "tempos", explicó Hunt.
Las estimaciones de esta organización, de la que forman parte 183 países, son desoladoras. A finales de 2009, la OIT prevé que el número de parados a nivel mundial se sitúe entre 210 y 239 millones, el equivalente a una tasa de desempleo de entre el 6,5% y el 7,4%.
Asimismo, advierte de que 200 millones de trabajadores están en riesgo de entrar en la pobreza (vivir con menos de dos dólares al día) y de que el paro juvenil podría incrementarse a finales de este año en más de 11 millones de personas, hasta una tasa cercana al 15%, superior por tanto a la tasa de desempleo general.
Además, estima que 45 millones de personas tratarán de acceder al mercado laboral este año y también en ejercicios posteriores, no pudiendo cubrirse tal demanda, pues el crecimiento mundial del empleo será, como máximo, del 0,1%.
"ESPAÑA NO SERÁ UNA EXCEPCIÓN".
Aunque las previsiones de la OIT son a nivel mundial, Hunt afirmó que España no será una excepción en cuanto al tiempo que le llevará recuperarse de la crisis de empleo, y ello pese a las señales y "los primeros brotes" de reactivación a los que parecen apuntar diferentes indicadores. "Pero la fuerza de la recuperación tiene todavía incertidumbres", añadió.
Uno de estos indicadores que han mejorado su evolución es el paro registrado del Inem, que lleva dos meses descendiendo, aunque Hunt insistió en que habrá que esperar a los próximos meses para saber si se trata de algo coyuntural, por efecto del 'Plan E', o de la consolidación de una tendencia.
En todo caso, Hunt recordó que la crisis ha tenido en España un impacto más acusado por sus propias características, pues la recesión llegó en un momento en el que los españoles presentaban un elevado endeudamiento y un excesivo déficit exterior, entre otros elementos diferenciales.
Ello se ha notado en los esfuerzos que ha realizado España para paliar la situación económica. Mientras que otros países están invirtiendo entre el 1,5% y el 2% de su PIB a medidas anticrisis, España está dedicando entre el 3% y el 3,4%.
Junto a las medidas adoptadas por el Gobierno, el proceso de diálogo entre éste y los agentes sociales continúa abierto, a la espera de un acuerdo que se espera para antes del mes de agosto.
Hunt, que consideró "legítimas" tanto la postura empresarial de reclamar una reforma laboral como la posición sindical de oponerse a rebajas en el coste del despido, insistió en que el diálogo social "no está muerto" y se mostró convencido de que ambas partes serán capaces de cerrar un acuerdo y avanzar en el modelo de 'flexiseguridad' que preside actualmente las tendencias internacionales.
PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO.
El director de la OIT en España advirtió de que el mundo se enfrenta a una crisis "persistente" de empleo a menos que se lleve a cabo una acción coordinada y mundial para impulsar y mantener los puestos de trabajo.
En este sentido, el Pacto Mundial para el Empleo alcanzado la semana pasada en Ginebra pretende ofrecer orientaciones a las políticas económicas nacionales e internacionales para estimular la creación de empleo decente y el crecimiento económico, proteger a los parados y a los más desfavorecidos, y sentar las bases de un nuevo modelo económico "más justo, más equilibrado y más verde".
Hunt, que definió este pacto como la "respuesta más urgente y amplia" adoptada por la OIT en sus 90 años de historia, señaló que se trata de un compromiso de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores (las tres partes que conforman la OIT) para trabajar unidos frente a la crisis.
En él, dijo, caben todos los países, tanto los ricos como los más pobres y, entre sus puntos más significativos se encuentran la necesidad de situar el pleno empleo y el trabajo decente en el centro de las respuestas a la crisis, establecer salarios mínimos mediante norma o convenio, evitar las espirales salariales deflacionistas, reforzar el diálogo social y la negociación colectiva, y establecer un régimen básico de protección social ("piso social") que incluya asistencia sanitaria y otras prestaciones básicas.
Europa Press
Se necesitarán de cinco a seis años para que el mercado laboral mundial vuelva al punto en que se encontraba antes de la crisis
26-06-2009 - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hará falta crear 300 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años para que la economía mundial recupere el nivel de empleo anterior a la crisis.
Así lo puso de manifiesto el director de la OIT en España, Juan Felipe Hunt, durante una rueda de prensa para explicar el Pacto Mundial para el Empleo alcanzado la semana pasada en Ginebra durante la 98 Conferencia Internacional de la OIT.
La OIT estima que, incluso después de la reactivación del crecimiento económico, la recuperación del empleo a niveles existentes antes de la crisis no se producirá hasta cinco o seis años después, debido a que siguen diferentes "tempos", explicó Hunt.
Las estimaciones de esta organización, de la que forman parte 183 países, son desoladoras. A finales de 2009, la OIT prevé que el número de parados a nivel mundial se sitúe entre 210 y 239 millones, el equivalente a una tasa de desempleo de entre el 6,5% y el 7,4%.
Asimismo, advierte de que 200 millones de trabajadores están en riesgo de entrar en la pobreza (vivir con menos de dos dólares al día) y de que el paro juvenil podría incrementarse a finales de este año en más de 11 millones de personas, hasta una tasa cercana al 15%, superior por tanto a la tasa de desempleo general.
Además, estima que 45 millones de personas tratarán de acceder al mercado laboral este año y también en ejercicios posteriores, no pudiendo cubrirse tal demanda, pues el crecimiento mundial del empleo será, como máximo, del 0,1%.
"ESPAÑA NO SERÁ UNA EXCEPCIÓN".
Aunque las previsiones de la OIT son a nivel mundial, Hunt afirmó que España no será una excepción en cuanto al tiempo que le llevará recuperarse de la crisis de empleo, y ello pese a las señales y "los primeros brotes" de reactivación a los que parecen apuntar diferentes indicadores. "Pero la fuerza de la recuperación tiene todavía incertidumbres", añadió.
Uno de estos indicadores que han mejorado su evolución es el paro registrado del Inem, que lleva dos meses descendiendo, aunque Hunt insistió en que habrá que esperar a los próximos meses para saber si se trata de algo coyuntural, por efecto del 'Plan E', o de la consolidación de una tendencia.
En todo caso, Hunt recordó que la crisis ha tenido en España un impacto más acusado por sus propias características, pues la recesión llegó en un momento en el que los españoles presentaban un elevado endeudamiento y un excesivo déficit exterior, entre otros elementos diferenciales.
Ello se ha notado en los esfuerzos que ha realizado España para paliar la situación económica. Mientras que otros países están invirtiendo entre el 1,5% y el 2% de su PIB a medidas anticrisis, España está dedicando entre el 3% y el 3,4%.
Junto a las medidas adoptadas por el Gobierno, el proceso de diálogo entre éste y los agentes sociales continúa abierto, a la espera de un acuerdo que se espera para antes del mes de agosto.
Hunt, que consideró "legítimas" tanto la postura empresarial de reclamar una reforma laboral como la posición sindical de oponerse a rebajas en el coste del despido, insistió en que el diálogo social "no está muerto" y se mostró convencido de que ambas partes serán capaces de cerrar un acuerdo y avanzar en el modelo de 'flexiseguridad' que preside actualmente las tendencias internacionales.
PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO.
El director de la OIT en España advirtió de que el mundo se enfrenta a una crisis "persistente" de empleo a menos que se lleve a cabo una acción coordinada y mundial para impulsar y mantener los puestos de trabajo.
En este sentido, el Pacto Mundial para el Empleo alcanzado la semana pasada en Ginebra pretende ofrecer orientaciones a las políticas económicas nacionales e internacionales para estimular la creación de empleo decente y el crecimiento económico, proteger a los parados y a los más desfavorecidos, y sentar las bases de un nuevo modelo económico "más justo, más equilibrado y más verde".
Hunt, que definió este pacto como la "respuesta más urgente y amplia" adoptada por la OIT en sus 90 años de historia, señaló que se trata de un compromiso de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores (las tres partes que conforman la OIT) para trabajar unidos frente a la crisis.
En él, dijo, caben todos los países, tanto los ricos como los más pobres y, entre sus puntos más significativos se encuentran la necesidad de situar el pleno empleo y el trabajo decente en el centro de las respuestas a la crisis, establecer salarios mínimos mediante norma o convenio, evitar las espirales salariales deflacionistas, reforzar el diálogo social y la negociación colectiva, y establecer un régimen básico de protección social ("piso social") que incluya asistencia sanitaria y otras prestaciones básicas.
Europa Press
4.21.2009
La Seguridad Social y la crisis. Por Octavio Granado
La Seguridad Social y la crisis
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
La Seguridad Social y la crisis. Por Octavio Granado
La Seguridad Social y la crisis
Octavio Granado
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
Octavio Granado
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
Mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Joaquin Aparicio
El autoritarmismo liberal del gobernador del Banco de España
21-04-2009 - El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.
Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.
Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.
¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.
El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.
Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla - La Mancha.
21-04-2009 - El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.
Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.
Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.
¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.
El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.
Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla - La Mancha.
3.17.2009
Medidas insuficientes ante la crisis.
Joan Carles Gallego, secretario de CCOO de Catalunya
16-03-2009 - Nadie cuestiona la gravedad, profundidad y duración de la crisis económica. Los gobiernos ven la causa última en el crack del sistema financiero. Las organizaciones empresariales plantean que es en el mercado de trabajo --el acceso y salida y los costes laborales-- donde está la solución. Desde Comisiones Obreras planteamos otros análisis y otras soluciones que nos llevan a un modelo de crecimiento más sólido y de mayor justicia social.
Para CCOO, la quiebra del sistema financiero ha sido el detonante de la crisis, no la causa. La falta de regulación de la economía en manos del mercado y la inexistencia de intervención pública han favorecido lo que está pasando. La especulación, fundamentalmente en el sector inmobiliario, y los bajos tipos de interés, que han disparado el consumo de familias y empresas, han generado desequilibrios y los más altos niveles de endeudamiento conocidos. El PIB y el empleo han crecido, pero los salarios han mantenido escasamente la capacidad adquisitiva y la contratación temporal ha sido la forma principal de acceso al mercado de trabajo. La inversión privada en I+D+i tiene los niveles más bajos de la UE, el sistema educativo mantiene altos índices de abandono y fracaso escolar y la Formación Profesional no atrae a los jóvenes. El gasto social se mantiene más de 6 puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la UE y se rebajan impuestos a los niveles de renta más altos, vaciando la capacidad de hacer gasto público.
Los gobiernos, alineados con la ideología neoliberal, han justificado la no intervención porque todo funcionaba solo. No han promocionado políticas industriales activas que diversificaran el tejido industrial y favorecieran la internacionalización de nuestras empresas; han favorecido la entrada de capitales extranjeros sin contrapartidas, que muchas veces han destruido la capacidad productiva instalada, quedándose la cuota de mercado; han generado políticas fiscales regresivas, que ni han favorecido la inversión productiva ni han permitido hacer políticas educativas y sociales más potentes.
Los sectores empresariales han utilizado para competir la abundante mano de obra disponible con salarios bajos y contratos basura. No han invertido en innovación, ni diversificado producto ni apostado por la calidad; no han mejorado procesos organizativos, ni han utilizado la formación y calificación como elemento clave para el desarrollo de la propia actividad; se ha aprovechado la subcontratación y la atomización de las pequeñas empresas para externalizar riesgos.
El Gobierno intenta ahora tapar los agujeros por donde mana la hemorragia, con ayudas a la banca para garantizar la solvencia y evitar quiebras; promoviendo medidas de ayuda a sectores en situación crítica, como la automoción, por la caída del consumo en medio de un proceso de reestructuración y definición de nuevos productos. Se favorece, con bonificaciones, la contratación de personas con prestación de paro y se proponen mejoras en los servicios públicos de empleo y en las garantías de cobro de prestaciones.
Son medidas insuficientes, y algunas ineficientes, para reactivar la economía. Y los sectores empresariales reclaman reformar el mercado de trabajo, o sea, facilitar los despidos y cuestionar el poder contractual de los sindicatos en la negociación colectiva o en la autorización de los expedientes de regulación de empleo. Medidas anticuadas e ineficaces que niegan la necesidad de la reforma de la empresa mejorando la organización, propiciando la formación y calificación y apostando por la estabilidad de la contratación, que comporta implicación, innovación y calidad.
Las propuestas de CCOO quieren reactivar la economía productiva, crear empleo directo y de calidad y mejorar la cohesión social. Apostamos por el diálogo y la concertación social, pero no aceptaremos recortes salariales ni de derechos laborales y sociales. Tenemos propuestas para favorecer un crecimiento más equilibrado y con mayor justicia social, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Y hoy saldremos a la calle para exigir compromisos a los gobiernos y responsabilidad a las organizaciones empresariales para salir de la crisis en mejores condiciones y para dejar claro que no permitiremos que se nos haga pagar los costes de la crisis con pérdidas de derechos.
Joan Carles Gallego, secretario de CCOO de Catalunya
El Periodico
16-03-2009 - Nadie cuestiona la gravedad, profundidad y duración de la crisis económica. Los gobiernos ven la causa última en el crack del sistema financiero. Las organizaciones empresariales plantean que es en el mercado de trabajo --el acceso y salida y los costes laborales-- donde está la solución. Desde Comisiones Obreras planteamos otros análisis y otras soluciones que nos llevan a un modelo de crecimiento más sólido y de mayor justicia social.
Para CCOO, la quiebra del sistema financiero ha sido el detonante de la crisis, no la causa. La falta de regulación de la economía en manos del mercado y la inexistencia de intervención pública han favorecido lo que está pasando. La especulación, fundamentalmente en el sector inmobiliario, y los bajos tipos de interés, que han disparado el consumo de familias y empresas, han generado desequilibrios y los más altos niveles de endeudamiento conocidos. El PIB y el empleo han crecido, pero los salarios han mantenido escasamente la capacidad adquisitiva y la contratación temporal ha sido la forma principal de acceso al mercado de trabajo. La inversión privada en I+D+i tiene los niveles más bajos de la UE, el sistema educativo mantiene altos índices de abandono y fracaso escolar y la Formación Profesional no atrae a los jóvenes. El gasto social se mantiene más de 6 puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la UE y se rebajan impuestos a los niveles de renta más altos, vaciando la capacidad de hacer gasto público.
Los gobiernos, alineados con la ideología neoliberal, han justificado la no intervención porque todo funcionaba solo. No han promocionado políticas industriales activas que diversificaran el tejido industrial y favorecieran la internacionalización de nuestras empresas; han favorecido la entrada de capitales extranjeros sin contrapartidas, que muchas veces han destruido la capacidad productiva instalada, quedándose la cuota de mercado; han generado políticas fiscales regresivas, que ni han favorecido la inversión productiva ni han permitido hacer políticas educativas y sociales más potentes.
Los sectores empresariales han utilizado para competir la abundante mano de obra disponible con salarios bajos y contratos basura. No han invertido en innovación, ni diversificado producto ni apostado por la calidad; no han mejorado procesos organizativos, ni han utilizado la formación y calificación como elemento clave para el desarrollo de la propia actividad; se ha aprovechado la subcontratación y la atomización de las pequeñas empresas para externalizar riesgos.
El Gobierno intenta ahora tapar los agujeros por donde mana la hemorragia, con ayudas a la banca para garantizar la solvencia y evitar quiebras; promoviendo medidas de ayuda a sectores en situación crítica, como la automoción, por la caída del consumo en medio de un proceso de reestructuración y definición de nuevos productos. Se favorece, con bonificaciones, la contratación de personas con prestación de paro y se proponen mejoras en los servicios públicos de empleo y en las garantías de cobro de prestaciones.
Son medidas insuficientes, y algunas ineficientes, para reactivar la economía. Y los sectores empresariales reclaman reformar el mercado de trabajo, o sea, facilitar los despidos y cuestionar el poder contractual de los sindicatos en la negociación colectiva o en la autorización de los expedientes de regulación de empleo. Medidas anticuadas e ineficaces que niegan la necesidad de la reforma de la empresa mejorando la organización, propiciando la formación y calificación y apostando por la estabilidad de la contratación, que comporta implicación, innovación y calidad.
Las propuestas de CCOO quieren reactivar la economía productiva, crear empleo directo y de calidad y mejorar la cohesión social. Apostamos por el diálogo y la concertación social, pero no aceptaremos recortes salariales ni de derechos laborales y sociales. Tenemos propuestas para favorecer un crecimiento más equilibrado y con mayor justicia social, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Y hoy saldremos a la calle para exigir compromisos a los gobiernos y responsabilidad a las organizaciones empresariales para salir de la crisis en mejores condiciones y para dejar claro que no permitiremos que se nos haga pagar los costes de la crisis con pérdidas de derechos.
Joan Carles Gallego, secretario de CCOO de Catalunya
El Periodico
Llamamiento de acción del movimiento sindical internacional contra el gran robo de las grandes empresas
Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa
03-02-2009 - El movimiento sindical internacional acogió con satisfacción los comentarios del Presidente de EE.UU. Barack Obama, quien calificó de “vergonzosos” los bonos sustraídos en los últimos meses de los bancos y empresas en quiebra, mientras decenas de millones de trabajadores y trabajadoras del mundo entero se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo y de sus viviendas y aún hay más empresas a las que espera lo peor.
Las bonificaciones e incentivos concedidos por las empresas a sus ejecutivos en los EE.UU. aumentaron en términos reales un total del 14% en 2008, visto que los altos ejecutivos de las finanzas y la industria, muchos de ellos en empresas a punto de la quiebra, se recompensaron a sí mismos por su abyecto fracaso y por haber llevado a la economía mundial al borde de la recesión.
"Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa. Es nada menos que el gran robo de las grandes empresas y, por desgracia, no se limita a los EE.UU.”, declaró el Secretario General de la CSI Guy Ryder. “Algunos de los culpables deberían estar tras las rejas en lugar de andarse mostrando aquí en Davos. Su actuación no hará sino aumentar la creciente cólera suscitada en todo el mundo”, añadió.
En uno de los casos más escandalosos, los ejecutivos de Merrill Lynch se concedieron a sí mismos más de 3 mil millones de dólares estadounidenses, ya que dejaron su puesto pocos días antes de que el tambaleante banco fuera adquirido por Bank of America. El propio Bank of America ha sido blanco de una enorme ola de críticas tras conocerse su campaña en contra de las mejoras propuestas en relación con los derechos de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses después de recibir un rescate masivo de parte del gobierno.
Las bonificaciones de 18 millones estadounidenses de Wall Street durante el año pasado también se han repetido en otros países, particularmente en aquellos en que los gobiernos copiaron el desastroso experimento de desregulación de los EE.UU. Solamente esta cantidad hubiera podido proporcionar dos años de educación para los 75 millones de niños y niñas de todo el mundo que carecen de escuela. Hubieran podido salvar millones de puestos de trabajo si se hubieran puesto en el bolsillo de la población trabajadora, que realmente crea riqueza.
“Tal vez lo más indignante, es que los mismos financieros que crearon y promovieron este sistema fracasado parecieran seguir contando con la clave para asesorar a los gobiernos sobre cómo salir de la crisis. Esta situación no hará sino incrementar la creciente cólera de la población de todo planeta, una cólera que no va a apaciguarse mientras las familias trabajadoras sigan pagando el precio a costa de su empleo y su vivienda”, declaró Guy Ryder.
La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 157 países y territorios y cuenta con 316 afiliadas nacionales. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com
03-02-2009 - El movimiento sindical internacional acogió con satisfacción los comentarios del Presidente de EE.UU. Barack Obama, quien calificó de “vergonzosos” los bonos sustraídos en los últimos meses de los bancos y empresas en quiebra, mientras decenas de millones de trabajadores y trabajadoras del mundo entero se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo y de sus viviendas y aún hay más empresas a las que espera lo peor.
Las bonificaciones e incentivos concedidos por las empresas a sus ejecutivos en los EE.UU. aumentaron en términos reales un total del 14% en 2008, visto que los altos ejecutivos de las finanzas y la industria, muchos de ellos en empresas a punto de la quiebra, se recompensaron a sí mismos por su abyecto fracaso y por haber llevado a la economía mundial al borde de la recesión.
"Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa. Es nada menos que el gran robo de las grandes empresas y, por desgracia, no se limita a los EE.UU.”, declaró el Secretario General de la CSI Guy Ryder. “Algunos de los culpables deberían estar tras las rejas en lugar de andarse mostrando aquí en Davos. Su actuación no hará sino aumentar la creciente cólera suscitada en todo el mundo”, añadió.
En uno de los casos más escandalosos, los ejecutivos de Merrill Lynch se concedieron a sí mismos más de 3 mil millones de dólares estadounidenses, ya que dejaron su puesto pocos días antes de que el tambaleante banco fuera adquirido por Bank of America. El propio Bank of America ha sido blanco de una enorme ola de críticas tras conocerse su campaña en contra de las mejoras propuestas en relación con los derechos de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses después de recibir un rescate masivo de parte del gobierno.
Las bonificaciones de 18 millones estadounidenses de Wall Street durante el año pasado también se han repetido en otros países, particularmente en aquellos en que los gobiernos copiaron el desastroso experimento de desregulación de los EE.UU. Solamente esta cantidad hubiera podido proporcionar dos años de educación para los 75 millones de niños y niñas de todo el mundo que carecen de escuela. Hubieran podido salvar millones de puestos de trabajo si se hubieran puesto en el bolsillo de la población trabajadora, que realmente crea riqueza.
“Tal vez lo más indignante, es que los mismos financieros que crearon y promovieron este sistema fracasado parecieran seguir contando con la clave para asesorar a los gobiernos sobre cómo salir de la crisis. Esta situación no hará sino incrementar la creciente cólera de la población de todo planeta, una cólera que no va a apaciguarse mientras las familias trabajadoras sigan pagando el precio a costa de su empleo y su vivienda”, declaró Guy Ryder.
La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 157 países y territorios y cuenta con 316 afiliadas nacionales. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com
El trabajo en el centro del “mercado” y la sociedad: medidas de urgencia
Eduardo Gutiérrez, Alicia Gómez, Enrique Lillo, Ángel Martín y Nieves San Vicente 29.12.2008
Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión). Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”.
Cuando todos los diagnósticos apuntan a una crisis de empleo de proporciones desconocidas en el último medio siglo por la sociedad española, resultan imprescindibles actuaciones de urgencia, y complementar con actuaciones orientadas a forzar cambios de modelo de crecimiento, que no pueden ser tan sólo “invocados” y engrasados con subvenciones de I+D+i a las grandes empresas.
Entre las medidas de urgencia que se hacen necesarias, que es de esperar se aborden en los próximos meses, algunas deben ser las siguientes:
La primera e imprescindible es la reforma de la Ley Concursal, ante las graves dificultades que genera para el reconocimiento de los derechos laborales su actual redacción. Hay que promover urgentemente la revisión de esta regulación para reforzar la garantía de los créditos laborales de los trabajadores y en los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de contratos, el reconocimiento de la representación del sindicato como interlocutor previo a la adopción de la medida, y la recuperación del papel de las “autoridad laboral especializada”.
Es igualmente urgente –pues se habla de una crisis para 2/3 años– reponer las prestaciones por desempleo que, previamente a la extinción de los contratos, fueron consumidas por las personas afectadas por ERE de suspensión temporal.Además, la reposición del “contador a cero” para las regulaciones temporales supondría un claro estimulo e incentivo para la utilización de medidas temporales de extinción de contratos, en menoscabo de las medidas finalistas y terminales de dilapidación del capital profesional y humano de muchas empresas, viables, pero con problemas de financiación en el contexto de crisis crediticia actual.
Por ultimo, entre las medidas inmediatas debería estar la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones y de las rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales, de forma que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. En la regulación actual, se hace necesaria una declaración explicita judicial de improcedencia de los despidos, inaplicable en los diversos expedientes acordados entre empresarios y sindicatos.
Cabría explorar topes máximos de indemnizaciones exentas (por ejemplo, 40.000 euros).Todos nos enfrentamos ante un reto desconocido desde hace más de una década: el incremento vertiginoso del paro de larga duración, que afectara, de confirmarse la duración de la depresión económica, con una crueldad, injusticia y dolor desconocidos para las nuevas generaciones políticas y sociales. Y será difícil explicar y responder sólo con “esperanzas” en una futura recuperación sostenida del empleo, a las necesidades reales, físicas, y materiales a los millones de parados que han estado soportando empleos precarios y temporales –4.944.700 trabajadores con contrato temporal, estimados a finales del verano por el INE– que agotaran en poco mas de un semestre sus derechos a prestaciones básicas por desempleo.A la vista de la alta sensibilidad gubernamental ante las reclamaciones de ayudas a los bancos, poniendo a su disposición y de sus sociedades de inversión satélites, miles de millones de euros, resultará moralmente insostenible, no mostrar equivalentes y proporcionadas respuestas hacía las auténticas victimas de la “bacanal” de beneficios, plusvalías, y ahora desfalcos que nos abochornan a todos los ciudadanos.
En los próximos semestres, las necesidades de sostenimiento de la intensidad, extensión y cuantía individual de las prestaciones por desempleo, serán una prueba de la verdadera naturaleza social –no olvidemos, que también los demócrata-cristianos, o los denominados “azules” del antiguo régimen franquista, mostraban su vertiente “social-populista”– y progresista de los gobiernos occidentales.
Estas son sólo algunas de las intervenciones de urgencia necesarias para comenzar el nuevo ciclo de relaciones laborales. Se trata de actuaciones reparadoras. Deberán estar acompañadas en el medio plazo con otras orientadas a conseguir, entre otras muchas cosas regular la explosión de entramados societarios (grupos empresas), y a reconducir el esfuerzo inversor que las empresas han de realizar. Es preciso condicionar mediante regulaciones mercantiles y societarias la orientación hacia la “reinversión” de los excedentes (por ejemplo, revisando regulaciones de sucedáneos de capital como los prestamos participados, débilmente regulados en el RD.7/1996, surgidos en la bacanal desreguladora; o nuevas reservas finalistas para actividades de I+D+i, en empresas de mas 6 millones de euros de facturación, ….). Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años.Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión).
Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”. Construir una organización económica que no mire y atienda, en exclusiva, a los rendimientos del “capital”. Una economía de mercado, pero que ponga el “trabajo en el centro de la sociedad”, y no la especulación, la rentabilidad, la codicia, y el fallo sistémico del imperio de la ley democrática. Están en juego, no sólo millones de proyectos de vida de trabajadores, y sus familias; también lo esta la credibilidad del sistema político democrático y el imperio de la ley, que configura el propio estado de derecho.
Eduardo Gutiérrez, economista; Alicia Gómez, abogada; Enrique Lillo, abogado; Ángel Martín, abogado; Nieves San Vicente, abogada.
Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión). Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”.
Cuando todos los diagnósticos apuntan a una crisis de empleo de proporciones desconocidas en el último medio siglo por la sociedad española, resultan imprescindibles actuaciones de urgencia, y complementar con actuaciones orientadas a forzar cambios de modelo de crecimiento, que no pueden ser tan sólo “invocados” y engrasados con subvenciones de I+D+i a las grandes empresas.
Entre las medidas de urgencia que se hacen necesarias, que es de esperar se aborden en los próximos meses, algunas deben ser las siguientes:
La primera e imprescindible es la reforma de la Ley Concursal, ante las graves dificultades que genera para el reconocimiento de los derechos laborales su actual redacción. Hay que promover urgentemente la revisión de esta regulación para reforzar la garantía de los créditos laborales de los trabajadores y en los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de contratos, el reconocimiento de la representación del sindicato como interlocutor previo a la adopción de la medida, y la recuperación del papel de las “autoridad laboral especializada”.
Es igualmente urgente –pues se habla de una crisis para 2/3 años– reponer las prestaciones por desempleo que, previamente a la extinción de los contratos, fueron consumidas por las personas afectadas por ERE de suspensión temporal.Además, la reposición del “contador a cero” para las regulaciones temporales supondría un claro estimulo e incentivo para la utilización de medidas temporales de extinción de contratos, en menoscabo de las medidas finalistas y terminales de dilapidación del capital profesional y humano de muchas empresas, viables, pero con problemas de financiación en el contexto de crisis crediticia actual.
Por ultimo, entre las medidas inmediatas debería estar la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones y de las rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales, de forma que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. En la regulación actual, se hace necesaria una declaración explicita judicial de improcedencia de los despidos, inaplicable en los diversos expedientes acordados entre empresarios y sindicatos.
Cabría explorar topes máximos de indemnizaciones exentas (por ejemplo, 40.000 euros).Todos nos enfrentamos ante un reto desconocido desde hace más de una década: el incremento vertiginoso del paro de larga duración, que afectara, de confirmarse la duración de la depresión económica, con una crueldad, injusticia y dolor desconocidos para las nuevas generaciones políticas y sociales. Y será difícil explicar y responder sólo con “esperanzas” en una futura recuperación sostenida del empleo, a las necesidades reales, físicas, y materiales a los millones de parados que han estado soportando empleos precarios y temporales –4.944.700 trabajadores con contrato temporal, estimados a finales del verano por el INE– que agotaran en poco mas de un semestre sus derechos a prestaciones básicas por desempleo.A la vista de la alta sensibilidad gubernamental ante las reclamaciones de ayudas a los bancos, poniendo a su disposición y de sus sociedades de inversión satélites, miles de millones de euros, resultará moralmente insostenible, no mostrar equivalentes y proporcionadas respuestas hacía las auténticas victimas de la “bacanal” de beneficios, plusvalías, y ahora desfalcos que nos abochornan a todos los ciudadanos.
En los próximos semestres, las necesidades de sostenimiento de la intensidad, extensión y cuantía individual de las prestaciones por desempleo, serán una prueba de la verdadera naturaleza social –no olvidemos, que también los demócrata-cristianos, o los denominados “azules” del antiguo régimen franquista, mostraban su vertiente “social-populista”– y progresista de los gobiernos occidentales.
Estas son sólo algunas de las intervenciones de urgencia necesarias para comenzar el nuevo ciclo de relaciones laborales. Se trata de actuaciones reparadoras. Deberán estar acompañadas en el medio plazo con otras orientadas a conseguir, entre otras muchas cosas regular la explosión de entramados societarios (grupos empresas), y a reconducir el esfuerzo inversor que las empresas han de realizar. Es preciso condicionar mediante regulaciones mercantiles y societarias la orientación hacia la “reinversión” de los excedentes (por ejemplo, revisando regulaciones de sucedáneos de capital como los prestamos participados, débilmente regulados en el RD.7/1996, surgidos en la bacanal desreguladora; o nuevas reservas finalistas para actividades de I+D+i, en empresas de mas 6 millones de euros de facturación, ….). Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años.Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión).
Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”. Construir una organización económica que no mire y atienda, en exclusiva, a los rendimientos del “capital”. Una economía de mercado, pero que ponga el “trabajo en el centro de la sociedad”, y no la especulación, la rentabilidad, la codicia, y el fallo sistémico del imperio de la ley democrática. Están en juego, no sólo millones de proyectos de vida de trabajadores, y sus familias; también lo esta la credibilidad del sistema político democrático y el imperio de la ley, que configura el propio estado de derecho.
Eduardo Gutiérrez, economista; Alicia Gómez, abogada; Enrique Lillo, abogado; Ángel Martín, abogado; Nieves San Vicente, abogada.
Crisis y despidos: entre el fraude y la desvergüenza. Antonio Baylos
No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras.
El proceso de destrucción de puestos de trabajo que se ha puesto en marcha en España a partir del desplome del andamiaje financiero que sostenía la economía mundial ha sido extremadamente rápido y extenso. A toda velocidad caminamos hacia los tres millones de parados. En el camino, muchas empresas proceden a despedir como primera reacción frente a las dificultades económicas que se les suscitan, como acto reflejo que los grandes constructores de la opinión pública consideran el efecto natural de los movimientos del mercado. Esa reacción no es sin embargo aceptable ni en términos políticos ni en términos organizativos de la producción. Se están repitiendo varios patrones de conducta que implican la elusión consciente de la regulación jurídica de las crisis laborales en las que se respeten de manera coherente tanto la estabilidad económica de las empresas como los derechos de los trabajadores.
En empresas de tamaño medio, dedicadas a la prestación de servicios informáticos a otras empresas, o a poner en práctica sistemas de información y de comunicación, la crisis se experimenta mediante el desplazamiento del riesgo a los trabajadores. Es ya una práctica recurrir a despidos individuales disciplinarios que se reconocen improcedentes y se hacen acompañar de una indemnización además de la inmediata inscripción en el desempleo del trabajador cuyo puesto de trabajo se ha eliminado. Estas prácticas vulneran directamente la ley, puesto que el número de despedidos en relación con la plantilla de la empresa y la inexistencia de la causa alegada en el despido disciplinario, deberían implicar la iniciación de un expediente de regulación de empleo o, en su defecto, acudir a la vía del despido objetivo bajo control judicial. Las empresas no lo hacen porque cualquier control pondría de manifiesto que no hay una causa económica real, que la estabilidad económica de la empresa no ha sido afectada de manera grave ni crítica y que en definitiva se prescinde de puestos de trabajo para mantener y en algunos casos aumentar el beneficio empresarial. Se trata de prácticas fraudulentas posibles porque la implantación sindical en estos sectores es débil y porque no existe ningún control público de las decisiones empresariales extintivas de carácter individual al formar parte del ámbito protegido de la “flexibilidad” del despido que está permitiendo, de hecho, la descausalización del mismo y su plena libertad de ejercicio para los empresarios, dotados, como un agente 007 en el mercado laboral, de licencia para despedir. En estos casos, el poder público debería saber que mediante tales prácticas los empresarios se desprenden de trabajadores con una cierta calificación, descapitalizando sus propios proyectos empresariales sobre la base de mantener intangible la lógica de sus beneficios, a costa de desplazar al gasto público la obligación de proteger socialmente a estos cada vez mayores contingentes. Si hubiera voluntad política – de la que parece carecer el flamante Ministerio de Trabajo e Inmigración, sólo preocupado al parecer por la segunda de sus competencias -, sería extremadamente sencillo elaborar un protocolo de vigilancia de las inscripciones en el sistema de empleo de trabajadores despedidos provenientes de la misma empresa, y que la Inspección de Trabajo actuara de oficio denunciando estos comportamientos de fraude de ley.
Esta forma de actuar se ha trasladado también a las grandes empresas, que abordan con despidos masivos las primeras muestras de estancamiento en sus expectativas de beneficios. Despreciando las técnicas que el ordenamiento jurídico español prevé para amortiguar los efectos de la crisis sobre las empresas y desplegar en el tiempo sus efectos más nocivos – como el procedimiento de suspensión colectiva de contratos de trabajo en los casos de crisis económica – estas empresas reaccionan frente a la previsible disminución de sus por otra parte exorbitantes beneficios con la destrucción masiva de empleo. No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras. Las empresas que emprenden este camino de violencia económica se benefician en este caso de una suerte de inmunidad en el campo de la opinión pública donde se insiste en convencer a los ciudadanos que esa es la lógica inevitable en las relaciones laborales. Sin embargo los poderes públicos deben tutelar el derecho al trabajo y regular consecuentemente los flujos de empleo en el mercado de trabajo sobre la base del respeto a este derecho básico que requiere una motivación razonable para su ablación por los poderes económicos. La regulación del empleo es un elemento propio de la civilización democrática, y las reglas que la inspiran, junto con la actuación decisiva de los sindicatos en el gobierno de esta situación de crisis, forman parte de las reglas del juego, que nunca pueden resumirse en la resolución autoritaria y prepotente del conflicto, incompatibles con una situación democrática.
Es necesario por consiguiente denunciar y poner fin a esas conductas que implican fraude a la legalidad laboral y que evidencian la desvergüenza del poder económico concebido como un tótem cruel que nadie puede desafiar. Sólo un ejemplo bien sintomático, que funciona como un cuento de Navidad. En la regulación de empleo de una conocida empresa de telecomunicación cuya estabilidad económica no está realmente puesta en entredicho y que pese a ello ha decidido proceder a despidos masivos de su plantilla, se ha propuesto, como un gesto entrañable “de buena fe”, suprimir la fiesta de navidad y el regalo correspondiente a los empleados de la misma para así aumentar un día más de salario de indemnización sobre los 20 por año que propone la empresa para los mas de mil trabajadores despedidos. Con ello esta firma, quizá sin ser muy consciente de ello, regala por navidad despidos, aunque a los trabajadores eliminados les premia con un día adicional en su indemnización. Toda una lección sobre el uso de la fuerza de trabajo y su carácter desechable por unos dirigentes empresariales que probablemente celebrarán las fiestas en el calor de la familia, con la despreocupación que les da el dinero y la convicción de que bajo el árbol de navidad no encontrarán nunca una carta de despido.
Antonio Baylos Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha
El proceso de destrucción de puestos de trabajo que se ha puesto en marcha en España a partir del desplome del andamiaje financiero que sostenía la economía mundial ha sido extremadamente rápido y extenso. A toda velocidad caminamos hacia los tres millones de parados. En el camino, muchas empresas proceden a despedir como primera reacción frente a las dificultades económicas que se les suscitan, como acto reflejo que los grandes constructores de la opinión pública consideran el efecto natural de los movimientos del mercado. Esa reacción no es sin embargo aceptable ni en términos políticos ni en términos organizativos de la producción. Se están repitiendo varios patrones de conducta que implican la elusión consciente de la regulación jurídica de las crisis laborales en las que se respeten de manera coherente tanto la estabilidad económica de las empresas como los derechos de los trabajadores.
En empresas de tamaño medio, dedicadas a la prestación de servicios informáticos a otras empresas, o a poner en práctica sistemas de información y de comunicación, la crisis se experimenta mediante el desplazamiento del riesgo a los trabajadores. Es ya una práctica recurrir a despidos individuales disciplinarios que se reconocen improcedentes y se hacen acompañar de una indemnización además de la inmediata inscripción en el desempleo del trabajador cuyo puesto de trabajo se ha eliminado. Estas prácticas vulneran directamente la ley, puesto que el número de despedidos en relación con la plantilla de la empresa y la inexistencia de la causa alegada en el despido disciplinario, deberían implicar la iniciación de un expediente de regulación de empleo o, en su defecto, acudir a la vía del despido objetivo bajo control judicial. Las empresas no lo hacen porque cualquier control pondría de manifiesto que no hay una causa económica real, que la estabilidad económica de la empresa no ha sido afectada de manera grave ni crítica y que en definitiva se prescinde de puestos de trabajo para mantener y en algunos casos aumentar el beneficio empresarial. Se trata de prácticas fraudulentas posibles porque la implantación sindical en estos sectores es débil y porque no existe ningún control público de las decisiones empresariales extintivas de carácter individual al formar parte del ámbito protegido de la “flexibilidad” del despido que está permitiendo, de hecho, la descausalización del mismo y su plena libertad de ejercicio para los empresarios, dotados, como un agente 007 en el mercado laboral, de licencia para despedir. En estos casos, el poder público debería saber que mediante tales prácticas los empresarios se desprenden de trabajadores con una cierta calificación, descapitalizando sus propios proyectos empresariales sobre la base de mantener intangible la lógica de sus beneficios, a costa de desplazar al gasto público la obligación de proteger socialmente a estos cada vez mayores contingentes. Si hubiera voluntad política – de la que parece carecer el flamante Ministerio de Trabajo e Inmigración, sólo preocupado al parecer por la segunda de sus competencias -, sería extremadamente sencillo elaborar un protocolo de vigilancia de las inscripciones en el sistema de empleo de trabajadores despedidos provenientes de la misma empresa, y que la Inspección de Trabajo actuara de oficio denunciando estos comportamientos de fraude de ley.
Esta forma de actuar se ha trasladado también a las grandes empresas, que abordan con despidos masivos las primeras muestras de estancamiento en sus expectativas de beneficios. Despreciando las técnicas que el ordenamiento jurídico español prevé para amortiguar los efectos de la crisis sobre las empresas y desplegar en el tiempo sus efectos más nocivos – como el procedimiento de suspensión colectiva de contratos de trabajo en los casos de crisis económica – estas empresas reaccionan frente a la previsible disminución de sus por otra parte exorbitantes beneficios con la destrucción masiva de empleo. No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras. Las empresas que emprenden este camino de violencia económica se benefician en este caso de una suerte de inmunidad en el campo de la opinión pública donde se insiste en convencer a los ciudadanos que esa es la lógica inevitable en las relaciones laborales. Sin embargo los poderes públicos deben tutelar el derecho al trabajo y regular consecuentemente los flujos de empleo en el mercado de trabajo sobre la base del respeto a este derecho básico que requiere una motivación razonable para su ablación por los poderes económicos. La regulación del empleo es un elemento propio de la civilización democrática, y las reglas que la inspiran, junto con la actuación decisiva de los sindicatos en el gobierno de esta situación de crisis, forman parte de las reglas del juego, que nunca pueden resumirse en la resolución autoritaria y prepotente del conflicto, incompatibles con una situación democrática.
Es necesario por consiguiente denunciar y poner fin a esas conductas que implican fraude a la legalidad laboral y que evidencian la desvergüenza del poder económico concebido como un tótem cruel que nadie puede desafiar. Sólo un ejemplo bien sintomático, que funciona como un cuento de Navidad. En la regulación de empleo de una conocida empresa de telecomunicación cuya estabilidad económica no está realmente puesta en entredicho y que pese a ello ha decidido proceder a despidos masivos de su plantilla, se ha propuesto, como un gesto entrañable “de buena fe”, suprimir la fiesta de navidad y el regalo correspondiente a los empleados de la misma para así aumentar un día más de salario de indemnización sobre los 20 por año que propone la empresa para los mas de mil trabajadores despedidos. Con ello esta firma, quizá sin ser muy consciente de ello, regala por navidad despidos, aunque a los trabajadores eliminados les premia con un día adicional en su indemnización. Toda una lección sobre el uso de la fuerza de trabajo y su carácter desechable por unos dirigentes empresariales que probablemente celebrarán las fiestas en el calor de la familia, con la despreocupación que les da el dinero y la convicción de que bajo el árbol de navidad no encontrarán nunca una carta de despido.
Antonio Baylos Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha
Una visión de la realidad sindical en Alemania: "Los sindicatos, en la encrucijada: ¿movimientos sociales o agencias de negociación colectiva?"
Wolfgang Storz 08-01-2009
Desde hace muchos años, y con buenas razones, los unos dicen que ya está bien, que los sindicatos están a pique de pasar a la ofensiva, que deben pasar sin dilación a la ofensiva: su creciente buena imagen se refleja en las encuestas. Sus temas –salario mínimo, justicia social, por ejemplo— se hallan en el centro de los debates sociales. Sus competencias son más necesarias que nunca: crece en importancia el trabajo asalariado, cada vez más países en el mundo cruzan el umbral de la industrialización. Crece el empleo femenino. Cada vez más jóvenes pretenden el acceso al sistema de trabajo remunerado. Y en esa medida, se hacen también más necesarios objetivamente los sindicatos. Los hombres y las mujeres precisan de ellos.Y desde hace también muchos años, y también con buenas razones, dicen los otros: ¿cómo podrían los sindicatos, precisamente ahora, pasar a la ofensiva?
Precisamente ahora: desde hace años, hay millones de desempleados, lo que debilita la posición negociadora. El mundo del trabajo se descompone, se hace más complejo y heterogéneo, lo que dificulta la organización de los trabajadores. Y con la globalización y la competencia a escala mundial, ha caído por doquiera su influencia, aumentando, en cambio, la del capital. También en Alemania gozan los empresarios de consenso social, y se desvinculan de los acuerdos colectivos.La evolución del mundo es, pues, contradictoria. De algún modo, esta sociedad y los trabajadores precisan de los sindicatos. La lista de logros por éstos alcanzados es copiosa y goza de amplio reconocimiento. También la lista de hechos deprimentes: la influencia de los sindicatos en la sociedad y en la política ha disminuido inequívocamente. El número de diputados en el Parlamento federal afiliados a un sindicato ha bajado sensiblemente. La pérdida de afiliación se mantiene, y en medida parecida baja el grado de organización sindical en las empresas. Si es verdad que desde 2005 tanto la IG-Metall como el sindicato [de servicios] Verdi han podido congratularse de ligeros incrementos de afiliación, también lo es que en la época de auge económico que acabamos de dejar atrás el sector metalúrgico, por ejemplo, ha creado puestos de trabajo: aunque el número absoluto de afiliados a las organizaciones obreras ha crecido, presumiblemente no ha sido así en términos porcentuales.Mucho más aún que la evolución de las cifras, debería dar qué pensar a los sindicatos la actual composición de sus miembros. Los sindicatos organizan a la vieja sociedad industrial en decadencia, pero no a la nueva sociedad industrial y mucho menos a la nueva sociedad de servicios y de conocimiento. Entre sus miembros, hay muchos hombres mayores, pocas mujeres, pocos jóvenes, poco empleado y mucho obrero. Los débiles y los fuertes del actual mundo del trabajo –los extranjeros, los poco calificados, los precarios, y en el otro extremo, los trabajadores intelectuales muy calificados— no están organizados. Los unos, manifiestamente, no esperan nada de los sindicatos; los otros, no precisan de ellos. Para poner peor las cosas: eso se sabe en los sindicatos desde hace por los menos 20 años, es un hecho indiscutible y sobre el que se ha reflexionado mucho, y sin embargo, poco se ha hecho.
Los sindicatos han reaccionado, por lo pronto, a su crisis como empresas que vieran hundirse sus mercados: el que es un poco más fuerte absorbe al más débil. Todavía en los años 80, había en Alemania 17 organizaciones sindicales. Desde 2002, sólo hay ocho. Mientras que el mundo del trabajo se diversifica, se descentraliza incluso, las formas de organización sindical se uniforman y centralizan. Es decir, que los sindicatos, lejos de tomar en cuenta la diversidad del mundo del trabajo y tratar de reflejarla organizativamente para mejor gestionarla, lo que han tratado es contenerla y ordenarla conforme a sus propias necesidades organizativas. Una de las consecuencias de lo cual es la insuficiente atención prestada a muchas categorías profesionales y a sus correspondientes intereses y culturas. Y así, el paisaje sindical ha comenzado de nuevo a escindirse y desmembrarse: pilotos de aviación, médicos o conductores ferroviarios; las huelgas más espectaculares y exitosas de los últimos años las han organizado estas minorías con gran capacidad de imponerse, cuyo objetivo primordial se concentra en la maximización del salario.Esa centralización no sólo estorba al cabal reconocimiento de la diversidad del mundo del trabajo, sino –lo que sólo a primera vista `puede resultar sorprendente— que amenaza también a la unidad sindical. En efecto: desde que sólo hay ocho organizaciones sindicales y sólo tres de ellas –la IG-Metall, Verdi e IG-BCE [Sindicato Industrial de Minería, Química y Energía]— siguen siendo políticamente relevantes –y como tales percibidas por la opinión pública—, la organización que las cubre a todas, la DGB [Federación Alemana de Organizaciones Sindicales] ha perdido definitivamente voz.Sólo un ejemplo entre muchos: se dice que en 2009, año de elecciones al Parlamento Federal, la IG-Metall realizará una gran campaña con el lema "Buen trabajo". Presumiblemente, Verdi se lanzará a su tema del salario mínimo. Y a la DGB le resta contribuir un poquito. Este pequeño precedente resulta iluminador de algunos de los problemas de los sindicatos alemanes; las distintas organizaciones sindicales siguen siendo de la opinión de que son lo bastante fuertes por sí mismas como para llevar a cabo con éxito sus campañas a escala federal. De lo que se puede dudar fundadamente.Además, hace mucho que ha dejado de haber una organización de cobertura que funcione bien, que actúe en representación de todas las organizaciones sindicales y que, en calidad de tal, sea tomada en serio por los políticos y por la opinión pública. ¿Cómo podría ser respetada por otros, si sus propias gentes no la tienen en la menor estima? "Cambio de tendencia": así se llama un gran proyecto de reforma adoptado desde hace meses por la cúpula de la DGB y por las distintas organizaciones sindicales; de sus resultados, poco se conoce. Al contrario: las grandes organizaciones sindicales exigieron hace unos meses a su organización de cobertura –la DGB—, públicamente y de forma harto indelicada, que iniciara otro proceso de reformas y contención de gastos, como si se pretendiera, no poner a punto el propio cuartel general, sino, a ser posible, liquidarlo. Sea todo ello como fuere, y de uno u otro modo, a menudo desconectado de esta difícil cotidianidad, hay un debate con miras de reforma sobre la cuestión de si –y de qué forma— los sindicatos deben renovarse. Muchas son las palabras al respecto, pero también alguna que otra acción aislada. De manera ejemplar, con una campaña tan tenaz como inteligentemente desarrollada, Verdi y el pequeño sindicato del sector de alimentos y restauración han logrado colocar el asunto del salario mínimo en la agenda de esta sociedad.El sindicato de de servicios [Verdi] puede considerarse ahora mismo –aun si financiera y organizativamente oscilante entre el papel de coloso político y el de ejército espiritual— el sindicato más innovador. Tanto en el asunto de la privatización de ferrocarriles y clínicas, como en su lucha por obligar a los grandes supermercados rebajistas Lidl y Aldi a respetar unas condiciones de trabajo humanamente dignas, busca de maneras muy prometedoras y poco convencionales –aun si sólo a duras penas organizables— alianzas de movimientos sociales, trabajadores y consumidores. La IG-Metall busca desde hace un año, con gran denuedo y con no menor éxito, organizar a los trabajadores temporales. Y desde tiempos inveterados pone gran empeño en presentarse "no sólo como una máquina de negociación colectiva", sino una organización que "sigue siendo una comunidad de valores", según acaba de declarar Detlef Wetzel, su vicepresidente.También hay algunos proyectos portadores de futuro. Y hay movimientos tentativos, en los cuales, a grandes trazos, pueden divisarse dos tendencias: el sindicato se entiende a sí mismo también como movimiento social, lo que quiere decir que hace suyos como realmente importantes asuntos que van más allá de la clásica política de negociación colectiva (salarios, calidad de las condiciones de trabajo, formación continua), y trata de forjar distintas coaliciones sociales conforme a la naturaleza del proyecto en cuestión. La otra tendencia quiere concentrar toda la energía en el trabajo en la empresa, a fin de robustecerse sobre todo en el puesto de trabajo. Lo que, entre líneas, admite la siguiente lectura: las fuerzas parecen tan limitadas, que no queda sino optar o por lo uno o por lo otro.
Wolfgang Storz fue dirigente, entre 1998 y 2000, de la IG-Metall como responsable del sector de medios impresos. Entre 2002 y 2006 fue redactor jefe del diario francfortés Frankfurter Rundschau.Traducción: Amaranta SüssSinpermiso
Desde hace muchos años, y con buenas razones, los unos dicen que ya está bien, que los sindicatos están a pique de pasar a la ofensiva, que deben pasar sin dilación a la ofensiva: su creciente buena imagen se refleja en las encuestas. Sus temas –salario mínimo, justicia social, por ejemplo— se hallan en el centro de los debates sociales. Sus competencias son más necesarias que nunca: crece en importancia el trabajo asalariado, cada vez más países en el mundo cruzan el umbral de la industrialización. Crece el empleo femenino. Cada vez más jóvenes pretenden el acceso al sistema de trabajo remunerado. Y en esa medida, se hacen también más necesarios objetivamente los sindicatos. Los hombres y las mujeres precisan de ellos.Y desde hace también muchos años, y también con buenas razones, dicen los otros: ¿cómo podrían los sindicatos, precisamente ahora, pasar a la ofensiva?
Precisamente ahora: desde hace años, hay millones de desempleados, lo que debilita la posición negociadora. El mundo del trabajo se descompone, se hace más complejo y heterogéneo, lo que dificulta la organización de los trabajadores. Y con la globalización y la competencia a escala mundial, ha caído por doquiera su influencia, aumentando, en cambio, la del capital. También en Alemania gozan los empresarios de consenso social, y se desvinculan de los acuerdos colectivos.La evolución del mundo es, pues, contradictoria. De algún modo, esta sociedad y los trabajadores precisan de los sindicatos. La lista de logros por éstos alcanzados es copiosa y goza de amplio reconocimiento. También la lista de hechos deprimentes: la influencia de los sindicatos en la sociedad y en la política ha disminuido inequívocamente. El número de diputados en el Parlamento federal afiliados a un sindicato ha bajado sensiblemente. La pérdida de afiliación se mantiene, y en medida parecida baja el grado de organización sindical en las empresas. Si es verdad que desde 2005 tanto la IG-Metall como el sindicato [de servicios] Verdi han podido congratularse de ligeros incrementos de afiliación, también lo es que en la época de auge económico que acabamos de dejar atrás el sector metalúrgico, por ejemplo, ha creado puestos de trabajo: aunque el número absoluto de afiliados a las organizaciones obreras ha crecido, presumiblemente no ha sido así en términos porcentuales.Mucho más aún que la evolución de las cifras, debería dar qué pensar a los sindicatos la actual composición de sus miembros. Los sindicatos organizan a la vieja sociedad industrial en decadencia, pero no a la nueva sociedad industrial y mucho menos a la nueva sociedad de servicios y de conocimiento. Entre sus miembros, hay muchos hombres mayores, pocas mujeres, pocos jóvenes, poco empleado y mucho obrero. Los débiles y los fuertes del actual mundo del trabajo –los extranjeros, los poco calificados, los precarios, y en el otro extremo, los trabajadores intelectuales muy calificados— no están organizados. Los unos, manifiestamente, no esperan nada de los sindicatos; los otros, no precisan de ellos. Para poner peor las cosas: eso se sabe en los sindicatos desde hace por los menos 20 años, es un hecho indiscutible y sobre el que se ha reflexionado mucho, y sin embargo, poco se ha hecho.
Los sindicatos han reaccionado, por lo pronto, a su crisis como empresas que vieran hundirse sus mercados: el que es un poco más fuerte absorbe al más débil. Todavía en los años 80, había en Alemania 17 organizaciones sindicales. Desde 2002, sólo hay ocho. Mientras que el mundo del trabajo se diversifica, se descentraliza incluso, las formas de organización sindical se uniforman y centralizan. Es decir, que los sindicatos, lejos de tomar en cuenta la diversidad del mundo del trabajo y tratar de reflejarla organizativamente para mejor gestionarla, lo que han tratado es contenerla y ordenarla conforme a sus propias necesidades organizativas. Una de las consecuencias de lo cual es la insuficiente atención prestada a muchas categorías profesionales y a sus correspondientes intereses y culturas. Y así, el paisaje sindical ha comenzado de nuevo a escindirse y desmembrarse: pilotos de aviación, médicos o conductores ferroviarios; las huelgas más espectaculares y exitosas de los últimos años las han organizado estas minorías con gran capacidad de imponerse, cuyo objetivo primordial se concentra en la maximización del salario.Esa centralización no sólo estorba al cabal reconocimiento de la diversidad del mundo del trabajo, sino –lo que sólo a primera vista `puede resultar sorprendente— que amenaza también a la unidad sindical. En efecto: desde que sólo hay ocho organizaciones sindicales y sólo tres de ellas –la IG-Metall, Verdi e IG-BCE [Sindicato Industrial de Minería, Química y Energía]— siguen siendo políticamente relevantes –y como tales percibidas por la opinión pública—, la organización que las cubre a todas, la DGB [Federación Alemana de Organizaciones Sindicales] ha perdido definitivamente voz.Sólo un ejemplo entre muchos: se dice que en 2009, año de elecciones al Parlamento Federal, la IG-Metall realizará una gran campaña con el lema "Buen trabajo". Presumiblemente, Verdi se lanzará a su tema del salario mínimo. Y a la DGB le resta contribuir un poquito. Este pequeño precedente resulta iluminador de algunos de los problemas de los sindicatos alemanes; las distintas organizaciones sindicales siguen siendo de la opinión de que son lo bastante fuertes por sí mismas como para llevar a cabo con éxito sus campañas a escala federal. De lo que se puede dudar fundadamente.Además, hace mucho que ha dejado de haber una organización de cobertura que funcione bien, que actúe en representación de todas las organizaciones sindicales y que, en calidad de tal, sea tomada en serio por los políticos y por la opinión pública. ¿Cómo podría ser respetada por otros, si sus propias gentes no la tienen en la menor estima? "Cambio de tendencia": así se llama un gran proyecto de reforma adoptado desde hace meses por la cúpula de la DGB y por las distintas organizaciones sindicales; de sus resultados, poco se conoce. Al contrario: las grandes organizaciones sindicales exigieron hace unos meses a su organización de cobertura –la DGB—, públicamente y de forma harto indelicada, que iniciara otro proceso de reformas y contención de gastos, como si se pretendiera, no poner a punto el propio cuartel general, sino, a ser posible, liquidarlo. Sea todo ello como fuere, y de uno u otro modo, a menudo desconectado de esta difícil cotidianidad, hay un debate con miras de reforma sobre la cuestión de si –y de qué forma— los sindicatos deben renovarse. Muchas son las palabras al respecto, pero también alguna que otra acción aislada. De manera ejemplar, con una campaña tan tenaz como inteligentemente desarrollada, Verdi y el pequeño sindicato del sector de alimentos y restauración han logrado colocar el asunto del salario mínimo en la agenda de esta sociedad.El sindicato de de servicios [Verdi] puede considerarse ahora mismo –aun si financiera y organizativamente oscilante entre el papel de coloso político y el de ejército espiritual— el sindicato más innovador. Tanto en el asunto de la privatización de ferrocarriles y clínicas, como en su lucha por obligar a los grandes supermercados rebajistas Lidl y Aldi a respetar unas condiciones de trabajo humanamente dignas, busca de maneras muy prometedoras y poco convencionales –aun si sólo a duras penas organizables— alianzas de movimientos sociales, trabajadores y consumidores. La IG-Metall busca desde hace un año, con gran denuedo y con no menor éxito, organizar a los trabajadores temporales. Y desde tiempos inveterados pone gran empeño en presentarse "no sólo como una máquina de negociación colectiva", sino una organización que "sigue siendo una comunidad de valores", según acaba de declarar Detlef Wetzel, su vicepresidente.También hay algunos proyectos portadores de futuro. Y hay movimientos tentativos, en los cuales, a grandes trazos, pueden divisarse dos tendencias: el sindicato se entiende a sí mismo también como movimiento social, lo que quiere decir que hace suyos como realmente importantes asuntos que van más allá de la clásica política de negociación colectiva (salarios, calidad de las condiciones de trabajo, formación continua), y trata de forjar distintas coaliciones sociales conforme a la naturaleza del proyecto en cuestión. La otra tendencia quiere concentrar toda la energía en el trabajo en la empresa, a fin de robustecerse sobre todo en el puesto de trabajo. Lo que, entre líneas, admite la siguiente lectura: las fuerzas parecen tan limitadas, que no queda sino optar o por lo uno o por lo otro.
Wolfgang Storz fue dirigente, entre 1998 y 2000, de la IG-Metall como responsable del sector de medios impresos. Entre 2002 y 2006 fue redactor jefe del diario francfortés Frankfurter Rundschau.Traducción: Amaranta SüssSinpermiso
¿Cinco millones de parados para 2010?
Los expertos creen que la estimación del Gobierno de 4 millones de desocupados se queda corta
02-02-2009 - Finanzas.com
La economía española destruye puestos de trabajo a un ritmo sin precedentes. Ese hecho, unido al vertiginoso crecimiento del paro, ha disparado todas las alarmas y ha resucitado el fantasma de un desempleo masivo, desconocido para la última generación que se ha incorporado al mercado laboral.
Cuatro millones de desocupados es la barrera, el límite máximo que contempla el Gobierno como consecuencia de la crisis que azota al país. Con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en 3,2 millones los afectados por esa lacra a finales de diciembre, ese volumen elevaría la tasa de paro al 17,3%, 3,4 puntos por encima del nivel con que acabó el pasado ejercicio. Para muchos expertos esa estimación es muy optimista. Algunos vaticinan ya tasas superiores al 20% y cerca de cinco millones de desempleados en 2010.
En el último año, el paro ha crecido en 1,28 millones personas y se han perdido de forma paralela 620.000 puestos. Se trata de un ritmo de deterioro desconocido hasta ahora, que ha hecho empeorar los diagnósticos sobre el futuro.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende que no se llegará a los cuatro millones de desempleados. Es una cantidad que, de alcanzarse, sería la más alta de la historia de España –el récord anterior data del primer trimestre de 1994, con 3,93 millones–, pero la proporción sobre la población activa estaría aún muy alejada del 24,55% alcanzado en esa fecha.
A la cabeza de Europa
Con un nivel de paro que se encuentra a la cabeza de Europa, la evolución del mercado laboral de los próximos meses pondrá a prueba la solidez lograda por la economía española durante la reciente etapa de bonanza, de la que han alardeado el Gobierno y otras instituciones. Además, aclarará si los mensajes que lanza el Ejecutivo tienen por objeto no alarmar a la sociedad o, sencillamente, se equivoca en sus estimaciones, como ha sucedido repetidamente con la crisis.
Desde hace unas semanas, han comenzado a oírse voces que apuntan que las previsiones más pesimistas manejadas hasta ahora sobre el paro por Administración –3,7 millones de parados es la última del vicepresidente Pedro Solbes para finales de 2009– se verán desbordadas bien este año, bien el próximo.
Así, instituciones como Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) y la Comisión Europea (18,7% de paro para 2010), el sindicato CC OO y otros expertos dan por seguro que a finales de este ejercicio los cuatro millones de desempleados serán una realidad.
Incluso hay quien pronostica tasas del 20% o superiores para dentro de un año, lo que equivaldría a casi cinco millones de desocupados.
Fernando Lezcano, portavoz de CC OO, advierte de que, al ritmo actual, en septiembre se habrán alcanzado los cuatro millones. Para más adelante elude hacer cálculos, para no ser tachado de alarmista. El plan del Gobierno para los ayuntamientos, 8.000 millones de inversión en obras públicas, puede amortiguar esa tendencia, a su juicio, aunque alerta de que «el ritmo de subida es muy fuerte».
Finales de 2010
Ángel Laborda, director de Coyuntura Económica de Funcas, señala que en las nuevas estimaciones que elabora este organismo la hipótesis más favorable es que el paro se encuentre a finales de 2010 un poco por encima del 20%, lo que equivale a rozar los cinco millones de desempleados; es decir, 1,8 más que en la actualidad.
Para entonces, precisa Laborda, la economía habrá vuelto a crecer, pero necesitará tasas de expansión superiores al 2% para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. El aumento, añade, se deberá tanto a la destrucción de empleo como al aumento de la población activa.
Así ha sucedido ya en 2008, cuando se destruyeron 620.000 ocupaciones y se incorporaron al mercado laboral 660.000 personas. Para dentro de dos años, la población activa crecerá sólo a un ritmo del 0,6%, frente al 3% del pasado ejercicio, estima Laborda.
En esta ralentización deben jugar un papel importante los inmigrantes, que es de suponer, añade, que frenarán su desembarco en España ante la mala situación de la economía. En 2008, más de la mitad del incremento –371.000 personas– fueron extranjeros.
Esa situación no se da en otros países de Europa, donde el crecimiento de la población es menor, explica Laborda. Y si a ello se añade la crisis añadida del sector del ladrillo, no padecida por los socios de la UE, tendremos un cóctel que explica por qué el desempleo crece a mucha más velocidad en España que entre sus socios comunitarios.
Federico Durán, ex presidente del Consejo Económico y Social y en la actualidad miembro del despacho de abogados Garrigues, cree que la «velocidad» de la crisis en España se debe a dos causas: la existencia de circunstancias específicas añadidas a la crisis financiera internacional –la burbuja inmobiliaria– y que «durante los años de bonanza no se han realizado reformas estructurales significativas». Esa es la causa de que el empleo sea «poco sólido» y de que se utilice como «mecanismo de ajuste» por las empresas. No se atreve a vaticinar hasta dónde escalará el paro, pero sí da por descontado que se superarán los cuatro millones de desocupados.
El director de Coyuntura de Funcas no se cree que con una recesión como la conocida este miércoles –la actividad cayó un 1,1% en el pasado trimestre– se pueda destruir tanto empleo. En su opinión, el deterioro de la economía es mayor, y atribuye su discrepancia con las estimaciones del Banco de España a que el sistema de medición «tiende a suavizar los ciclos» de la economía, tanto al alza como a la baja.
Papel de los inmigrantes
El papel de la población inmigrante en el aumento del paro está siendo muy importante. Aunque este colectivo no ha perdido empleo en el último año, ha visto aumentar en 372.000 su cifra de desocupados, hasta una tasa superior al 21%. Pero las dificultades deben ser muy serias para ellos, porque están cayendo de forma masiva en la economía sumergida. Ya son más 900.000 los extranjeros que trabajan y no cotizan a la Seguridad Social, dos tercios del total de las personas que en España se encuentran en esa situación irregular.
Durán cree que esta actividad sumergida es una «válvula de escape inevitable» ante una presión fiscal «alta» y un «exceso de regulación», que tienen como telón de fondo la inflación en los servicios y la deflación en otros sectores, lo que en su opinión constituye una «situación letal para la economía».
La incorporación de la mujer al trabajo ha revolucionado también en la última década el mercado laboral. Hasta el punto de que ha duplicado su presencia y ha acercado su tasa de actividad a la media europea, con un 61,4% frente al 63,4% (población de 15 a 64 años), cuando en 1994 la diferencia era de seis puntos, según datos de Eurostat.
Como ejemplo de la nueva situación, el pasado año las mujeres ganaron 36.400 ocupaciones, mientras los hombres perdieron 656.500. Y desde 1994, año en que comenzó a salirse de la última crisis, las mujeres han logrado casi 4,5 millones de empleos más.
De llegarse al 24,55% de desempleo, como en la última crisis, estaríamos hablando de un mínimo de 5,66 millones de parados. Ni las más pesimistas previsiones contemplan, por el momento, un escenario de ese tipo, a partir del cual la sociedad española entraría en terreno inexplorado, e implicaría consecuencias políticas, económicas y hasta culturales imprevisibles.
Entre los efectos previsibles, y sin llegar a ese nivel, el fuerte crecimiento del desempleo elevará la agitación social. Favorecerá una fuerte caída del consumo de los hogares, que será una rémora para la recuperación económica, y forzará un incremento del gasto social, que complicará el ya de por sí fuerte desequilibrio de las cuentas públicas.
Margen de cobertura
Valeriano Gómez, ex secretario de Empleo y profesor en la actualidad en la Fundación Ortega y Gasset, cree que la experiencia de la crisis de los noventa permite aventurar que hay aún un amplio margen para la cobertura de los parados, que podría llegar sin problemas a los tres millones de personas frente a los 2,2 millones de ahora; a partir de ahí sería difícil mantener este sistema de protección social, señala.
Para Federico Durán, las prestaciones por desempleo no van peligrar porque ningún Gobierno quiere «un estallido social», pero alerta de que sí hay riesgo sobre otros elementos de estabilidad macroeconómica, por lo que aboga por «reformas significativas», entre otras las del mercado laboral. «Lo pernicioso es la inactividad, y creo que es absoluta en el caso de los poderes públicos y los agentes sociales», denuncia.
En cualquier caso, los conflictos y el «drama social» del paro ya están ahí, recuerda Fernando Lezcano, quien hace hincapié en las movilizaciones desatadas por los casos de Nissan, Renaulty otras empresas, que han llegado a tener ámbito de comunidad autónoma. Para evitar que la cosas empeoren habría que «inyectar nuevos recursos», propone, y «ampliar la cobertura», para que la gente no se quede «desnuda, con una mano delante y otra detrás».
¿Cuál será el suelo de esta crisis?, se preguntan expertos y ciudadanos. Una mirada a lo ocurrido en el pasado puede dar alguna pista. En lo que a destrucción de empleo se refiere, la economía española ha sufrido en las últimas décadas periodos mucho más duros, para al final resurgir con fuerza sobre sus ruinas. Por ejemplo, entre 1976 (datos más antiguos del Instituto Nacional de Estadística) y 1985 se detruyeron casi dos millones de ocupaciones y el paro creció en 2,4 millones de personas. Habría que esperar hasta finales de 1989 –doce años más tarde– para recuperar el volumen de empleo que había aquel año. Eran otros tiempos, en los que la Transición política impidió meter el bisturí a una economía renqueante y herida de gravedad por las primeras crisis del petróleo.
La recesión de los 90 también tuvo consecuencias importantes sobre la ocupación, que cayó en más de un millón de personas a lo largo de dos años y medio. El periodo de retroceso, como puede observarse, fue mucho más corto, gracias a una economía que contó con fuertes ayudas comunitarias para infraestructuras y que estaba inmersa en un proceso de rápida internacionalización en un entorno de países europeos en crecimiento. En esta ocasión, el nivel de empleo perdido en 1991 –13.120.200 ocupados– se recuperó en menos de seis años, en el primer trimestre de 1991.
Basándose en estas cifras y partiendo del análisis de la burbuja del ladrillo, Valeriano Gómez piensa que aún se perderán entre 500.000 y 600.000 empleos más –la mitad en la construcción– «si actúa la política pública» y frena posibles nuevos ajustes. Todo ello elevaría la cifra de paro hasta el entorno de los cuatro millones si se le añaden los incrementos de la población activa, que deben ser menores en el futuro, asegura.
Finanzas.com
02-02-2009 - Finanzas.com
La economía española destruye puestos de trabajo a un ritmo sin precedentes. Ese hecho, unido al vertiginoso crecimiento del paro, ha disparado todas las alarmas y ha resucitado el fantasma de un desempleo masivo, desconocido para la última generación que se ha incorporado al mercado laboral.
Cuatro millones de desocupados es la barrera, el límite máximo que contempla el Gobierno como consecuencia de la crisis que azota al país. Con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en 3,2 millones los afectados por esa lacra a finales de diciembre, ese volumen elevaría la tasa de paro al 17,3%, 3,4 puntos por encima del nivel con que acabó el pasado ejercicio. Para muchos expertos esa estimación es muy optimista. Algunos vaticinan ya tasas superiores al 20% y cerca de cinco millones de desempleados en 2010.
En el último año, el paro ha crecido en 1,28 millones personas y se han perdido de forma paralela 620.000 puestos. Se trata de un ritmo de deterioro desconocido hasta ahora, que ha hecho empeorar los diagnósticos sobre el futuro.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende que no se llegará a los cuatro millones de desempleados. Es una cantidad que, de alcanzarse, sería la más alta de la historia de España –el récord anterior data del primer trimestre de 1994, con 3,93 millones–, pero la proporción sobre la población activa estaría aún muy alejada del 24,55% alcanzado en esa fecha.
A la cabeza de Europa
Con un nivel de paro que se encuentra a la cabeza de Europa, la evolución del mercado laboral de los próximos meses pondrá a prueba la solidez lograda por la economía española durante la reciente etapa de bonanza, de la que han alardeado el Gobierno y otras instituciones. Además, aclarará si los mensajes que lanza el Ejecutivo tienen por objeto no alarmar a la sociedad o, sencillamente, se equivoca en sus estimaciones, como ha sucedido repetidamente con la crisis.
Desde hace unas semanas, han comenzado a oírse voces que apuntan que las previsiones más pesimistas manejadas hasta ahora sobre el paro por Administración –3,7 millones de parados es la última del vicepresidente Pedro Solbes para finales de 2009– se verán desbordadas bien este año, bien el próximo.
Así, instituciones como Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) y la Comisión Europea (18,7% de paro para 2010), el sindicato CC OO y otros expertos dan por seguro que a finales de este ejercicio los cuatro millones de desempleados serán una realidad.
Incluso hay quien pronostica tasas del 20% o superiores para dentro de un año, lo que equivaldría a casi cinco millones de desocupados.
Fernando Lezcano, portavoz de CC OO, advierte de que, al ritmo actual, en septiembre se habrán alcanzado los cuatro millones. Para más adelante elude hacer cálculos, para no ser tachado de alarmista. El plan del Gobierno para los ayuntamientos, 8.000 millones de inversión en obras públicas, puede amortiguar esa tendencia, a su juicio, aunque alerta de que «el ritmo de subida es muy fuerte».
Finales de 2010
Ángel Laborda, director de Coyuntura Económica de Funcas, señala que en las nuevas estimaciones que elabora este organismo la hipótesis más favorable es que el paro se encuentre a finales de 2010 un poco por encima del 20%, lo que equivale a rozar los cinco millones de desempleados; es decir, 1,8 más que en la actualidad.
Para entonces, precisa Laborda, la economía habrá vuelto a crecer, pero necesitará tasas de expansión superiores al 2% para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. El aumento, añade, se deberá tanto a la destrucción de empleo como al aumento de la población activa.
Así ha sucedido ya en 2008, cuando se destruyeron 620.000 ocupaciones y se incorporaron al mercado laboral 660.000 personas. Para dentro de dos años, la población activa crecerá sólo a un ritmo del 0,6%, frente al 3% del pasado ejercicio, estima Laborda.
En esta ralentización deben jugar un papel importante los inmigrantes, que es de suponer, añade, que frenarán su desembarco en España ante la mala situación de la economía. En 2008, más de la mitad del incremento –371.000 personas– fueron extranjeros.
Esa situación no se da en otros países de Europa, donde el crecimiento de la población es menor, explica Laborda. Y si a ello se añade la crisis añadida del sector del ladrillo, no padecida por los socios de la UE, tendremos un cóctel que explica por qué el desempleo crece a mucha más velocidad en España que entre sus socios comunitarios.
Federico Durán, ex presidente del Consejo Económico y Social y en la actualidad miembro del despacho de abogados Garrigues, cree que la «velocidad» de la crisis en España se debe a dos causas: la existencia de circunstancias específicas añadidas a la crisis financiera internacional –la burbuja inmobiliaria– y que «durante los años de bonanza no se han realizado reformas estructurales significativas». Esa es la causa de que el empleo sea «poco sólido» y de que se utilice como «mecanismo de ajuste» por las empresas. No se atreve a vaticinar hasta dónde escalará el paro, pero sí da por descontado que se superarán los cuatro millones de desocupados.
El director de Coyuntura de Funcas no se cree que con una recesión como la conocida este miércoles –la actividad cayó un 1,1% en el pasado trimestre– se pueda destruir tanto empleo. En su opinión, el deterioro de la economía es mayor, y atribuye su discrepancia con las estimaciones del Banco de España a que el sistema de medición «tiende a suavizar los ciclos» de la economía, tanto al alza como a la baja.
Papel de los inmigrantes
El papel de la población inmigrante en el aumento del paro está siendo muy importante. Aunque este colectivo no ha perdido empleo en el último año, ha visto aumentar en 372.000 su cifra de desocupados, hasta una tasa superior al 21%. Pero las dificultades deben ser muy serias para ellos, porque están cayendo de forma masiva en la economía sumergida. Ya son más 900.000 los extranjeros que trabajan y no cotizan a la Seguridad Social, dos tercios del total de las personas que en España se encuentran en esa situación irregular.
Durán cree que esta actividad sumergida es una «válvula de escape inevitable» ante una presión fiscal «alta» y un «exceso de regulación», que tienen como telón de fondo la inflación en los servicios y la deflación en otros sectores, lo que en su opinión constituye una «situación letal para la economía».
La incorporación de la mujer al trabajo ha revolucionado también en la última década el mercado laboral. Hasta el punto de que ha duplicado su presencia y ha acercado su tasa de actividad a la media europea, con un 61,4% frente al 63,4% (población de 15 a 64 años), cuando en 1994 la diferencia era de seis puntos, según datos de Eurostat.
Como ejemplo de la nueva situación, el pasado año las mujeres ganaron 36.400 ocupaciones, mientras los hombres perdieron 656.500. Y desde 1994, año en que comenzó a salirse de la última crisis, las mujeres han logrado casi 4,5 millones de empleos más.
De llegarse al 24,55% de desempleo, como en la última crisis, estaríamos hablando de un mínimo de 5,66 millones de parados. Ni las más pesimistas previsiones contemplan, por el momento, un escenario de ese tipo, a partir del cual la sociedad española entraría en terreno inexplorado, e implicaría consecuencias políticas, económicas y hasta culturales imprevisibles.
Entre los efectos previsibles, y sin llegar a ese nivel, el fuerte crecimiento del desempleo elevará la agitación social. Favorecerá una fuerte caída del consumo de los hogares, que será una rémora para la recuperación económica, y forzará un incremento del gasto social, que complicará el ya de por sí fuerte desequilibrio de las cuentas públicas.
Margen de cobertura
Valeriano Gómez, ex secretario de Empleo y profesor en la actualidad en la Fundación Ortega y Gasset, cree que la experiencia de la crisis de los noventa permite aventurar que hay aún un amplio margen para la cobertura de los parados, que podría llegar sin problemas a los tres millones de personas frente a los 2,2 millones de ahora; a partir de ahí sería difícil mantener este sistema de protección social, señala.
Para Federico Durán, las prestaciones por desempleo no van peligrar porque ningún Gobierno quiere «un estallido social», pero alerta de que sí hay riesgo sobre otros elementos de estabilidad macroeconómica, por lo que aboga por «reformas significativas», entre otras las del mercado laboral. «Lo pernicioso es la inactividad, y creo que es absoluta en el caso de los poderes públicos y los agentes sociales», denuncia.
En cualquier caso, los conflictos y el «drama social» del paro ya están ahí, recuerda Fernando Lezcano, quien hace hincapié en las movilizaciones desatadas por los casos de Nissan, Renaulty otras empresas, que han llegado a tener ámbito de comunidad autónoma. Para evitar que la cosas empeoren habría que «inyectar nuevos recursos», propone, y «ampliar la cobertura», para que la gente no se quede «desnuda, con una mano delante y otra detrás».
¿Cuál será el suelo de esta crisis?, se preguntan expertos y ciudadanos. Una mirada a lo ocurrido en el pasado puede dar alguna pista. En lo que a destrucción de empleo se refiere, la economía española ha sufrido en las últimas décadas periodos mucho más duros, para al final resurgir con fuerza sobre sus ruinas. Por ejemplo, entre 1976 (datos más antiguos del Instituto Nacional de Estadística) y 1985 se detruyeron casi dos millones de ocupaciones y el paro creció en 2,4 millones de personas. Habría que esperar hasta finales de 1989 –doce años más tarde– para recuperar el volumen de empleo que había aquel año. Eran otros tiempos, en los que la Transición política impidió meter el bisturí a una economía renqueante y herida de gravedad por las primeras crisis del petróleo.
La recesión de los 90 también tuvo consecuencias importantes sobre la ocupación, que cayó en más de un millón de personas a lo largo de dos años y medio. El periodo de retroceso, como puede observarse, fue mucho más corto, gracias a una economía que contó con fuertes ayudas comunitarias para infraestructuras y que estaba inmersa en un proceso de rápida internacionalización en un entorno de países europeos en crecimiento. En esta ocasión, el nivel de empleo perdido en 1991 –13.120.200 ocupados– se recuperó en menos de seis años, en el primer trimestre de 1991.
Basándose en estas cifras y partiendo del análisis de la burbuja del ladrillo, Valeriano Gómez piensa que aún se perderán entre 500.000 y 600.000 empleos más –la mitad en la construcción– «si actúa la política pública» y frena posibles nuevos ajustes. Todo ello elevaría la cifra de paro hasta el entorno de los cuatro millones si se le añaden los incrementos de la población activa, que deben ser menores en el futuro, asegura.
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