Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.
Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital
18-02-2009 - Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.
Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.
El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.
Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.
El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.
Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.
Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.
Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.
Fernández Ordóñez afirma que "deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo". Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. "Mejor que dar un pez es enseñar a pescar". El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.
Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.
Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.
Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital
2.16.2009
La recesión dispara las denuncias por impagos de sueldos y finiquitos
LLUÍS PELLICER
El Pais
Las quejas a la Inspección de Trabajo crecieron un 33% en 2008 - Algunas empresas llevan seis meses sin abonar las nóminas
16-02-2009 - La paz social dentro de la empresa se resiente cuando la nómina se retrasa, pero se resquebraja cuando, mes tras mes, la compañía incumple con sus obligaciones. La falta de liquidez, el aumento de la morosidad y el desplome de las ventas están dejando a miles de trabajadores sin cobrar. La Inspección de Trabajo recibió 6.697 denuncias en 2008 por impagos de nóminas y finiquitos, un 33% más que el año anterior. Este año han llegado 734, según el Ministerio de Trabajo, lo cual significa un 15% más que en el mismo periodo de 2008. La tendencia, pues, es al alza.
Manuel Trapero, de 54 años, está en su puesto de trabajo cada día a las 6.00. Todavía hoy sigue con esos madrugones, a pesar de que la firma de piezas hidráulicas ITP de Cornellà (Barcelona), en la que está empleado desde hace 14 años, le debe el salario de cinco meses. El único dinero que entra en casa es un sueldo de 1.000 euros de su hijo mayor, de 18 años. Pero no le salen los números. Con dos hijas pequeñas, debe tirar de lo que le presta su familia. No puede abandonar el puesto de trabajo hasta que haya una resolución judicial o se apruebe un expediente de regulación de empleo. Si se va, se quedaría sin derecho a la prestación de desempleo.
El abogado de los propietarios de ITP, Jorge Mas, afirma que se está pactando una fórmula para cerrar la empresa. La crisis borró de golpe los pedidos de sus grandes clientes. Pero los impagos de nóminas no sólo ocurren en compañías casi en liquidación. El Ministerio de Trabajo confirma que los inspectores están recibiendo "más denuncias por impagos" a empleados.
El inspector jefe de Castellón, Juan José Camino, explica que su equipo, por ejemplo, ha hallado impagos de nóminas de hasta seis meses, sobre todo en firmas de menos de 100 trabajadores. "Empresas del sector industrial que antes tenían una situación financiera sólida hoy acusan la falta de liquidez del sistema. Normalmente, hay retrasos de un mes o de una paga extraordinaria. Cuando deben tres meses ya es preocupante", asegura.
Un empleado de un gran banco cuenta que el 30 de enero fue un día infernal. Un viernes inusual. Los teléfonos no paraban de sonar. Al otro lado, pequeños y medianos empresarios buscaban un crédito inmediato para poder pagar las nóminas de sus empleados. El directivo de una entidad catalana, que pide no ser identificado, asiente. "El planteamiento global es el siguiente: si el cliente no tiene liquidez pero sí solvencia, lo ayudamos. Si lo que hay es un grave problema de tesorería, no lo hacemos. Normalmente, la salida consiste en dar crédito para el circulante", afirma.
La tendencia es clara: los impagos suben. Los motivos son varios. Hay empresas a las que la recesión sólo les ha dado la puntilla, algunas han quedado muy heridas, y otras pasan por dificultades puntuales. Unos 40 transportistas de Novoatrans, que trabajan en la terminal de contenedores del puerto de Vigo, hasta el pasado jueves sólo habían cobrado 300 euros de noviembre. La semana pasada, según fuentes sindicales, la empresa empezó a abonar las nóminas pendientes.
Tampoco las administraciones se escapan de estos aprietos. El Ayuntamiento de Pinto, por ejemplo, ha tenido que pedir un adelanto al Gobierno de tres millones de euros para poder pagar las nóminas de sus funcionarios. Hay decenas de casos, y en todos los sectores. El socio abogado de Sagardoy, Manel Hernández, explica que en su despacho recibe multitud de consultas de empresas que no pueden abonar la nómina. "Siempre se paga antes a los trabajadores, ésa es la cultura, pero no pueden dejarse de pagar a los proveedores. Antes, cuando se llegaba a esta situación, había facilidades de crédito, pero ahora recurrir a la financiación ajena es más complicado", asegura.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, ve con preocupación "la gran bola" que están provocando la falta de liquidez y el aumento de la morosidad. "Atravesamos un momento muy complicado", asegura su presidente, Jesús Bárcenas. El esquema de este efecto dominó puede resumirse así: se desploman los pedidos de una empresa A, la caja se vacía y no puede pagar los encargos que realizó a otra B; a ésta los pedidos no le van mal, pero tiene muchos clientes como A y tampoco puede cumplir con sus proveedores. "Es muy complicado resolverlo con financiación externa, es muy duro negociar el circulante o una póliza. Y la tesorería queda dañada", apunta.
La paz social importa, pero, en plena recesión, cualquier descuido con los proveedores puede llevar incluso al cierre. "Tradicionalmente, primero se pagan las nóminas, pero ahora no hacer frente a los pagos puede suponer que te cierren aún más el grifo del crédito e incluso que insten el concurso necesario", añade Bárcenas.
Estas moras pueden ser frecuentes, pero no por ello aceptadas por los trabajadores, que sufren para pasar el mes y pagar sus hipotecas. Sin ir más lejos, un grupo de 18 obreros chinos amenazó el viernes con tirarse de un edificio en obras de Manresa por llevar tres meses sin cobrar. "Nos habéis dejado con el culo al aire", rezaba la camiseta con la que saltaron al campo los jugadores del Galáctico Pegaso, de Tercera División, el pasado fin de semana. Y se bajaron los pantalones para denunciar que hace meses que no ven un euro.
Los sindicatos recomiendan una marcha pactada y acudir al Fondo de Garantía Salarial, si la empresa es insolvente, o denunciar los impagos al Juzgado de lo Social, aunque el proceso es más lento. En ITP, la fábrica de Cornellà, creen estar en un callejón sin salida. Los 58 obreros recuerdan cuando fabricaban para Seat, Valeo o Delphi. Ahora, llegan a las seis de la mañana y aguardan alrededor de la hoguera las noticias que puedan llegar de los sindicatos. Exigen que la empresa pague los 6.000 euros que debe a cada uno. Y una salida. Una oportunidad para volver a empezar. Allí tienen claro que no lo harán. Porque no tienen pedidos y, desde este mes, tampoco luz.
LLUÍS PELLICER
El Pais
El Pais
Las quejas a la Inspección de Trabajo crecieron un 33% en 2008 - Algunas empresas llevan seis meses sin abonar las nóminas
16-02-2009 - La paz social dentro de la empresa se resiente cuando la nómina se retrasa, pero se resquebraja cuando, mes tras mes, la compañía incumple con sus obligaciones. La falta de liquidez, el aumento de la morosidad y el desplome de las ventas están dejando a miles de trabajadores sin cobrar. La Inspección de Trabajo recibió 6.697 denuncias en 2008 por impagos de nóminas y finiquitos, un 33% más que el año anterior. Este año han llegado 734, según el Ministerio de Trabajo, lo cual significa un 15% más que en el mismo periodo de 2008. La tendencia, pues, es al alza.
Manuel Trapero, de 54 años, está en su puesto de trabajo cada día a las 6.00. Todavía hoy sigue con esos madrugones, a pesar de que la firma de piezas hidráulicas ITP de Cornellà (Barcelona), en la que está empleado desde hace 14 años, le debe el salario de cinco meses. El único dinero que entra en casa es un sueldo de 1.000 euros de su hijo mayor, de 18 años. Pero no le salen los números. Con dos hijas pequeñas, debe tirar de lo que le presta su familia. No puede abandonar el puesto de trabajo hasta que haya una resolución judicial o se apruebe un expediente de regulación de empleo. Si se va, se quedaría sin derecho a la prestación de desempleo.
El abogado de los propietarios de ITP, Jorge Mas, afirma que se está pactando una fórmula para cerrar la empresa. La crisis borró de golpe los pedidos de sus grandes clientes. Pero los impagos de nóminas no sólo ocurren en compañías casi en liquidación. El Ministerio de Trabajo confirma que los inspectores están recibiendo "más denuncias por impagos" a empleados.
El inspector jefe de Castellón, Juan José Camino, explica que su equipo, por ejemplo, ha hallado impagos de nóminas de hasta seis meses, sobre todo en firmas de menos de 100 trabajadores. "Empresas del sector industrial que antes tenían una situación financiera sólida hoy acusan la falta de liquidez del sistema. Normalmente, hay retrasos de un mes o de una paga extraordinaria. Cuando deben tres meses ya es preocupante", asegura.
Un empleado de un gran banco cuenta que el 30 de enero fue un día infernal. Un viernes inusual. Los teléfonos no paraban de sonar. Al otro lado, pequeños y medianos empresarios buscaban un crédito inmediato para poder pagar las nóminas de sus empleados. El directivo de una entidad catalana, que pide no ser identificado, asiente. "El planteamiento global es el siguiente: si el cliente no tiene liquidez pero sí solvencia, lo ayudamos. Si lo que hay es un grave problema de tesorería, no lo hacemos. Normalmente, la salida consiste en dar crédito para el circulante", afirma.
La tendencia es clara: los impagos suben. Los motivos son varios. Hay empresas a las que la recesión sólo les ha dado la puntilla, algunas han quedado muy heridas, y otras pasan por dificultades puntuales. Unos 40 transportistas de Novoatrans, que trabajan en la terminal de contenedores del puerto de Vigo, hasta el pasado jueves sólo habían cobrado 300 euros de noviembre. La semana pasada, según fuentes sindicales, la empresa empezó a abonar las nóminas pendientes.
Tampoco las administraciones se escapan de estos aprietos. El Ayuntamiento de Pinto, por ejemplo, ha tenido que pedir un adelanto al Gobierno de tres millones de euros para poder pagar las nóminas de sus funcionarios. Hay decenas de casos, y en todos los sectores. El socio abogado de Sagardoy, Manel Hernández, explica que en su despacho recibe multitud de consultas de empresas que no pueden abonar la nómina. "Siempre se paga antes a los trabajadores, ésa es la cultura, pero no pueden dejarse de pagar a los proveedores. Antes, cuando se llegaba a esta situación, había facilidades de crédito, pero ahora recurrir a la financiación ajena es más complicado", asegura.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, ve con preocupación "la gran bola" que están provocando la falta de liquidez y el aumento de la morosidad. "Atravesamos un momento muy complicado", asegura su presidente, Jesús Bárcenas. El esquema de este efecto dominó puede resumirse así: se desploman los pedidos de una empresa A, la caja se vacía y no puede pagar los encargos que realizó a otra B; a ésta los pedidos no le van mal, pero tiene muchos clientes como A y tampoco puede cumplir con sus proveedores. "Es muy complicado resolverlo con financiación externa, es muy duro negociar el circulante o una póliza. Y la tesorería queda dañada", apunta.
La paz social importa, pero, en plena recesión, cualquier descuido con los proveedores puede llevar incluso al cierre. "Tradicionalmente, primero se pagan las nóminas, pero ahora no hacer frente a los pagos puede suponer que te cierren aún más el grifo del crédito e incluso que insten el concurso necesario", añade Bárcenas.
Estas moras pueden ser frecuentes, pero no por ello aceptadas por los trabajadores, que sufren para pasar el mes y pagar sus hipotecas. Sin ir más lejos, un grupo de 18 obreros chinos amenazó el viernes con tirarse de un edificio en obras de Manresa por llevar tres meses sin cobrar. "Nos habéis dejado con el culo al aire", rezaba la camiseta con la que saltaron al campo los jugadores del Galáctico Pegaso, de Tercera División, el pasado fin de semana. Y se bajaron los pantalones para denunciar que hace meses que no ven un euro.
Los sindicatos recomiendan una marcha pactada y acudir al Fondo de Garantía Salarial, si la empresa es insolvente, o denunciar los impagos al Juzgado de lo Social, aunque el proceso es más lento. En ITP, la fábrica de Cornellà, creen estar en un callejón sin salida. Los 58 obreros recuerdan cuando fabricaban para Seat, Valeo o Delphi. Ahora, llegan a las seis de la mañana y aguardan alrededor de la hoguera las noticias que puedan llegar de los sindicatos. Exigen que la empresa pague los 6.000 euros que debe a cada uno. Y una salida. Una oportunidad para volver a empezar. Allí tienen claro que no lo harán. Porque no tienen pedidos y, desde este mes, tampoco luz.
LLUÍS PELLICER
El Pais
2.03.2009
Enfermedades Profesionales: Los muertos que no se registran
Este artículo describe una situación que debiera denunciarse en nuestro país: la falta de registro de las muertes por enfermedades laborales, consecuencia de la enorme influencia de las Mutuas Patronales.
Vicenç Navarro
En cualquier país del mundo hay personas que se mueren como consecuencia de enfermedades de origen laboral, es decir, que adquieren su enfermedad como resultado de las condiciones existentes en su lugar de trabajo. No así en España. Según las cifras oficiales de enfermedades profesionales que publica el Estado español, en España nadie muere como consecuencia de una enfermedad laboral. Según tales estadísticas, ninguna persona murió por este motivo en 2000, en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, y fue sólo en 2005 cuando sólo tres personas murieron debido a enfermedades adquiridas en su trabajo. ¡Algo realmente sorprendente!
Las causas de este hecho extraordinario pueden ser dos. Una es que aquí, en España, las condiciones de trabajo son tan excelentes que nadie muere debido a una enfermedad laboral. La otra razón es que haya un subregistro enorme de este tipo de mortalidad. Y esto es lo que ocurre. Los expertos del Observatorio Laboral de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), uno de los centros científicos en Salud Laboral más creíbles en el país, han estimado que atendiendo a la estructura laboral de España fallecen nada menos que alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su lugar de trabajo. Estas cifras son fáciles de calcular, pues hay un conocimiento científico muy avanzado sobre la incidencia, prevalencia y tasas de mortalidad de las distintas enfermedades laborales que esperaríamos encontrar entre los trabajadores según su tipo de trabajo y según sus condiciones laborales. De esta manera el Observatorio Laboral ha calculado que hay 9.400 muertes de cáncer al año de origen laboral, más 3.600 muertes de enfermedades cardiovasculares también de origen laboral, y algo más de 1.700 muertes de enfermedades respiratorias también de causa laboral. Pues bien, ninguna de ellas aparece en aquel registro oficial de muertes por causa laboral.
Este subregistro ocurre también en el registro de enfermedades laborales, incluyendo las muy graves, subregistro que ha ido aumentando en los últimos años. Mientras que la población laboral ha aumentado de 15 a 17 millones en los últimos seis años, el número de casos graves de enfermedad profesional registrados se ha reducido, según tal registro, de 191 en el año 2000 a 120 en el 2005, lo cual es imposible que se deba a una disminución de las enfermedades laborales o al descenso de su gravedad. La causa de esta situación es también un escandaloso subregistro. Según las estimaciones publicadas del mismo Observatorio Laboral de la UPF, el subregistro alcanza un 64% de todas las enfermedades laborales, porcentaje que alcanza un 100% en las enfermedades más graves, como es el cáncer de origen ocupacional. En realidad las cifras oficiales reconocen sólo 30.000 casos anuales de enfermedades profesionales, la inmensa mayoría de ellas leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho mayores. Se estima que un 9% de trabajadores y un 13% de trabajadoras (un total de 2 millones de personas) padecen alguna enfermedad o dolencia resultado de su trabajo.
Después de leer estos datos, el lector se preguntará ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser que en España haya trabajadores que mueren y se enferman constantemente y diariamente sin que se registren las causas de sus muertes?
Para responder a aquellas preguntas, tenemos que mirar quién se beneficia y quién sufre de esta situación. Comencemos con los que se benefician. Y muy en primer lugar, aparecen las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que hacen todo lo posible e imposible para que tales enfermedades y causas de muerte no se reconozcan y se registren, evitándose así pagar a los familiares, en caso de muerte, la pensión que les correspondería por ley, o abonar los costes de atender a tales enfermos a las instituciones sanitarias que cuidan a los pacientes que tienen enfermedades laborales. Tales Mutuas llegan a enormes extremos con toda la batería de abogados, profesionales llamados expertos, políticos próximos a ellos (la mayoría de derechas, pero también algunos de izquierdas) para que la verdad no se conozca y se haga algo sobre ello. El análisis de cómo actúan debería ser materia de más de una película o documental televisivo. Ninguno se ha hecho. Hoy tales Mutuas están entre los fondos de dinero privado más importantes existentes en España. Su poder económico y político es enorme
¿Quiénes pierden? Ahí la lista es larga. En primer lugar los trabajadores y sus familiares. Las Mutuas no pagan la pensión laboral (que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social) a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto y que les corresponde por ley. El hecho de que haya tal subregistro significa un enorme ahorro a las Mutuas Patronales. Tal ahorro es el origen de sus enormes beneficios, que se basan en el sacrificio de los familiares de los muertos. Pero otra víctima del subregistro es el Servicio Nacional de Salud y las CC.AA. que pagan por los servicios sanitarios de tales enfermos cuando, por ley, tales servicios sanitarios debieran ser pagados por las Mutuas laborales. El coste para las CC.AA. es enorme, alcanzando casi el 14% del coste total del servicio público sanitario.
¿Por qué no hace algo el gobierno central, que es el que puede hacer algo? La respuesta es la misma que la respuesta a la pregunta de ¿por qué el Estado no hace algo sobre el fraude fiscal que alcanza a ser 82.000 millones de euros al año? La respuesta es la enorme influencia económica y política de tales grandes grupos económicos y de las clases más pudientes de nuestra Sociedad. Es lo que solía llamarse “poder de clase”, del que nadie habla en nuestro país. Pero les aseguro que continúa existiendo.
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro
En cualquier país del mundo hay personas que se mueren como consecuencia de enfermedades de origen laboral, es decir, que adquieren su enfermedad como resultado de las condiciones existentes en su lugar de trabajo. No así en España. Según las cifras oficiales de enfermedades profesionales que publica el Estado español, en España nadie muere como consecuencia de una enfermedad laboral. Según tales estadísticas, ninguna persona murió por este motivo en 2000, en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, y fue sólo en 2005 cuando sólo tres personas murieron debido a enfermedades adquiridas en su trabajo. ¡Algo realmente sorprendente!
Las causas de este hecho extraordinario pueden ser dos. Una es que aquí, en España, las condiciones de trabajo son tan excelentes que nadie muere debido a una enfermedad laboral. La otra razón es que haya un subregistro enorme de este tipo de mortalidad. Y esto es lo que ocurre. Los expertos del Observatorio Laboral de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), uno de los centros científicos en Salud Laboral más creíbles en el país, han estimado que atendiendo a la estructura laboral de España fallecen nada menos que alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su lugar de trabajo. Estas cifras son fáciles de calcular, pues hay un conocimiento científico muy avanzado sobre la incidencia, prevalencia y tasas de mortalidad de las distintas enfermedades laborales que esperaríamos encontrar entre los trabajadores según su tipo de trabajo y según sus condiciones laborales. De esta manera el Observatorio Laboral ha calculado que hay 9.400 muertes de cáncer al año de origen laboral, más 3.600 muertes de enfermedades cardiovasculares también de origen laboral, y algo más de 1.700 muertes de enfermedades respiratorias también de causa laboral. Pues bien, ninguna de ellas aparece en aquel registro oficial de muertes por causa laboral.
Este subregistro ocurre también en el registro de enfermedades laborales, incluyendo las muy graves, subregistro que ha ido aumentando en los últimos años. Mientras que la población laboral ha aumentado de 15 a 17 millones en los últimos seis años, el número de casos graves de enfermedad profesional registrados se ha reducido, según tal registro, de 191 en el año 2000 a 120 en el 2005, lo cual es imposible que se deba a una disminución de las enfermedades laborales o al descenso de su gravedad. La causa de esta situación es también un escandaloso subregistro. Según las estimaciones publicadas del mismo Observatorio Laboral de la UPF, el subregistro alcanza un 64% de todas las enfermedades laborales, porcentaje que alcanza un 100% en las enfermedades más graves, como es el cáncer de origen ocupacional. En realidad las cifras oficiales reconocen sólo 30.000 casos anuales de enfermedades profesionales, la inmensa mayoría de ellas leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho mayores. Se estima que un 9% de trabajadores y un 13% de trabajadoras (un total de 2 millones de personas) padecen alguna enfermedad o dolencia resultado de su trabajo.
Después de leer estos datos, el lector se preguntará ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser que en España haya trabajadores que mueren y se enferman constantemente y diariamente sin que se registren las causas de sus muertes?
Para responder a aquellas preguntas, tenemos que mirar quién se beneficia y quién sufre de esta situación. Comencemos con los que se benefician. Y muy en primer lugar, aparecen las Mutuas Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales, que hacen todo lo posible e imposible para que tales enfermedades y causas de muerte no se reconozcan y se registren, evitándose así pagar a los familiares, en caso de muerte, la pensión que les correspondería por ley, o abonar los costes de atender a tales enfermos a las instituciones sanitarias que cuidan a los pacientes que tienen enfermedades laborales. Tales Mutuas llegan a enormes extremos con toda la batería de abogados, profesionales llamados expertos, políticos próximos a ellos (la mayoría de derechas, pero también algunos de izquierdas) para que la verdad no se conozca y se haga algo sobre ello. El análisis de cómo actúan debería ser materia de más de una película o documental televisivo. Ninguno se ha hecho. Hoy tales Mutuas están entre los fondos de dinero privado más importantes existentes en España. Su poder económico y político es enorme
¿Quiénes pierden? Ahí la lista es larga. En primer lugar los trabajadores y sus familiares. Las Mutuas no pagan la pensión laboral (que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social) a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador muerto y que les corresponde por ley. El hecho de que haya tal subregistro significa un enorme ahorro a las Mutuas Patronales. Tal ahorro es el origen de sus enormes beneficios, que se basan en el sacrificio de los familiares de los muertos. Pero otra víctima del subregistro es el Servicio Nacional de Salud y las CC.AA. que pagan por los servicios sanitarios de tales enfermos cuando, por ley, tales servicios sanitarios debieran ser pagados por las Mutuas laborales. El coste para las CC.AA. es enorme, alcanzando casi el 14% del coste total del servicio público sanitario.
¿Por qué no hace algo el gobierno central, que es el que puede hacer algo? La respuesta es la misma que la respuesta a la pregunta de ¿por qué el Estado no hace algo sobre el fraude fiscal que alcanza a ser 82.000 millones de euros al año? La respuesta es la enorme influencia económica y política de tales grandes grupos económicos y de las clases más pudientes de nuestra Sociedad. Es lo que solía llamarse “poder de clase”, del que nadie habla en nuestro país. Pero les aseguro que continúa existiendo.
Vicenç Navarro
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