La Seguridad Social y la crisis
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
4.21.2009
La Seguridad Social y la crisis. Por Octavio Granado
La Seguridad Social y la crisis
Octavio Granado
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
Octavio Granado
Habrá un superávit menor, pero en ningún caso habrá déficit. Hay que hacer reformas para que en 20 años la situación sea buena.
21-04-2009 - El impacto de la crisis en los sistemas de Seguridad Social en todo el mundo va a ser intenso y tiñe a veces de pesimismo a corto plazo las reflexiones sobre la sostenibilidad, que deben animar su permanente necesidad de adaptación.
En los sistemas de reparto, como el español, se pierden ingresos y disminuye la confianza en los contribuyentes de que en el futuro perciban pensiones similares a las que están financiando. En general los Presupuestos del Estado asumen la carga del problema, manteniendo políticas activas para mantener en la cotización a desempleados, asumiendo a su cargo las nuevas pensiones de los desempleados más veteranos que son retirados del mercado de trabajo, o directamente transfiriendo mayores aportaciones a la Seguridad Social.
El impacto de las turbulencias financieras es más visible en los sistemas de capitalización: los fondos de pensiones han perdido ya de un 15-20% a un 33% de su valor según países, ocasionando déficit en los fondos (Irlanda, Países Bajos); propuestas de compensación a los nuevos pensionistas que perciben pensiones más bajas (Suecia), o una enorme desconfianza en los sistemas de implantación más reciente (Estonia y otros países del Este de Europa). Desde todos los análisis se reconoce el impacto en la capitalización de pensiones como una de las derivadas más prolongadas y difíciles de la crisis financiera.
El incremento del déficit de las cuentas públicas para mantener el sistema de protección social no es por tanto ni algo excepcional ni el Apocalipsis, sino una realidad a la que se enfrentan ya muchos países europeos y de la OCDE combinando las aportaciones de recursos a corto y medio plazo con reformas estructurales que contemplen el reto demográfico de la mayor esperanza de vida y menor natalidad.
En España vivimos un periodo de superávit en Seguridad Social desde el año 2000 que se viene atribuyendo en exclusiva al mayor crecimiento de los trabajadores ocupados que al de pensionistas (bonus demográfico). Pero existen otras razones relevantes.
En realidad, nuestro sistema de pensiones ha alcanzado el superávit desde que culmina la separación de fuentes, iniciada a finales de la década de los ochenta, que asignó a los Presupuestos del Estado la financiación exclusiva de la sanidad y de los servicios sociales, estructuralmente deficitarios.
Nuestro incremento de cotizantes es fruto de la extensión del empleo entre jóvenes y mujeres, pero también de la incorporación a la cotización de centenares de miles de personas antes situadas en situación informal: trabajadores extranjeros, cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, becarios, etcétera. Después de año y medio de crisis, la Seguridad Social tiene el número de afiliados ocupados que la OCDE hace pocos años pronosticaba para España en 2020.
Desde 2004 y por primera vez, las bases mínimas de cotización (el salario mínimo) han experimentado crecimientos similares a los de las pensiones mínimas, manteniendo la correspondencia entre aportaciones y prestaciones, a la vez que millones de cotizantes han salido de mínimos y cotizan por bases más altas con la consiguiente reducción de desequilibrios. Los gastos en incapacidad han disminuido por la menor siniestralidad, los mayores controles sobre el fraude y el sometimiento de la contabilidad de las mutuas de accidentes de trabajo a controles estrictos, lo que ha permitido reducir las tarifas a la vez que aumentar exponencialmente los retornos de estas entidades al presupuesto de la Seguridad Social.
Y junto a ello hemos conseguido frenar el descenso de la edad real de jubilación de los españoles, que se mantiene en los últimos ejercicios en 63,7 años, bastante alta en comparación con la media europea. Simultáneamente se han establecido criterios razonables sobre la jubilación anticipada y se han restringido algunos abusos que aprovechaban lagunas normativas, en especial en el ámbito de las pensiones de incapacidad permanente, al tiempo que la Ley 40/2007 crea nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, introduce un nuevo método de cálculo para los centenares de miles de pensiones de incapacidad consagrando el criterio de que la pensión será similar pero no mayor que la de jubilación que hubiera debido reconocerse, y se concentra el esfuerzo de la pensión de viudedad en las familias perjudicadas por el fallecimiento del causante, eliminando la percepción de la viudedad cuando no existe ni familia ni perjuicio económico (divorciados que pagan o no reciben pensión de alimentos).
Como puede comprobarse, hemos hecho reformas, que no por sabidas son mejor conocidas. Reformas, paradójicamente mejor valoradas fuera que dentro de España, que han reforzado el superávit del sistema de pensiones hasta un punto infrecuente en los países de nuestro entorno, íntegramente ingresado en el Fondo de Reserva, que ha alcanzado más de 58.000 millones de euros y se constituye en un importante recurso coyuntural para financiar el posible déficit.
Déficit que no está en el escenario inmediato. Durante el año 2009, las cotizaciones de los trabajadores ocupados van a disminuir, aproximadamente en un 5%, por la menor ocupación y la revisión menor de las bases de cotización; pero al tiempo aumentarán un 35% las cotizaciones de personas desempleadas que perciben subsidios contributivos o permanentes en función de su edad. Disminuirán las prestaciones correlacionadas con el número de cotizantes y se incrementará el gasto en pensiones, pero más atenuadamente por la menor inflación.
La mejor configuración de la protección al desempleo evitará un uso excesivo de la jubilación como único recurso ante la desprotección, más frecuente en crisis anteriores, y la financiación por parte del Estado del desempleo y de las cotizaciones de los desempleados estabilizará las cuentas de la Seguridad Social. Habrá un superávit menor, pero en ningún caso déficit.
Casi todos los sectores económicos revelan problemas en relación con su situación, no solamente en España sino en todo el mundo. Sin embargo la Seguridad Social en España es la institución que ha aguantado y está aguantando sin ningún tipo de problemas, más bien con superávit, la crisis económica, y ésa es la confianza que ofrece a los ciudadanos una institución que se ha revelado como la más estable y segura en estos momentos.
Afirmar lo anterior no supone negar los problemas del futuro, ni la imperiosa necesidad de reformas del sistema de pensiones. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y yo mismo hemos convertido las reformas en el eje central de nuestras intervenciones dentro y fuera del Parlamento. Estas reformas no son necesarias en la situación actual, sino para garantizar que dentro de 20 años nuestra situación siga siendo buena. Esto supone que los cambios que se produzcan necesitan horizonte temporal, consenso político, determinación y también confianza.
Es difícil construir sobre la alarma sobre todo si sólo la alarma se convierte en noticia, sin datos ni reflexión añadida. También sobre la incoherencia que supone desde los grupos parlamentarios dedicar sus intervenciones los días pares a hablar de la quiebra de la Seguridad Social, y los días impares a aprobar con sus votos iniciativas parlamentarias que auspician incrementos de gasto, a veces disparatados, para el sistema de Seguridad Social y que inciden sobre la sostenibilidad de ese mismo sistema.
El Pacto de Toledo, con el calendario previsto, y el diálogo social, deben permitirnos adoptar la posición más responsable: ocuparse y no preocupar.
Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social.
El Pais
Mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Joaquin Aparicio
El autoritarmismo liberal del gobernador del Banco de España
21-04-2009 - El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.
Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.
Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.
¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.
El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.
Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla - La Mancha.
21-04-2009 - El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.
Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.
Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.
¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.
El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.
Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla - La Mancha.
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