11.25.2009

Sobre el valor de los salarios: Lourdes Benería y Carmen Sarasúa

La teoría económica no explica por qué mujeres y negros ganan menos que los hombres blancos
La culpa del paro es de los trabajadores
En épocas de crisis, la caída de los beneficios afecta al conjunto de cada empresa, pero los que pierden el trabajo suelen ser los más débiles. Quizá sea hora de plantearse reducir los sueldos de los altos ejecutivos.

24-11-2009 -
Tres hoteles de la cadena Hyatt Hotels Corporation de Boston, en Estados Unidos, despidieron recientemente a casi 100 trabajadores de la limpieza, que cobraban 15 dólares por hora y tenían seguro médico, en su mayoría mujeres negras e inmigrantes, que llevaban 20 años en la empresa. A través de una empresa de trabajo temporal, Hyatt ha contratado a nuevas limpiadoras a 8 dólares la hora y sin seguro médico. A las despedidas se les encargó enseñar gratis a quienes iban a reemplazarlas, que les fueron presentadas como sustitutas para vacaciones. La empresa alega que la crisis ha reducido sus beneficios y les obliga a tomar esta medida. Las trabajadoras denunciaron el despido a un sindicato, que ha organizado una formidable campaña de boicoteo a la empresa, a la que exige readmitir a los despedidos. A la campaña se han sumado desde la Asociación de Taxistas de Boston a organizaciones profesionales que están dejando de utilizar estos hoteles, respaldados por el propio gobernador de Massachusetts y el Ayuntamiento de Boston.

La noticia no es que se despida a trabajadores en tiempos de crisis. Ni que se despida a trabajadores veteranos y formados y se les reemplace por jóvenes sin formación. Tampoco es nuevo el secretismo en los despidos, ni obligar a quienes van a perder su trabajo a enseñar gratis a quienes les reemplazan. Lo novedoso es que frente a unos despidos se levante una ola de indignación que ha llegado a los políticos y al mundo académico. La International Association for Feminist Economics (IAFFE) afirma que si la empresa trataba de reducir costes para compensar la caída de beneficios hubiera conseguido una reducción mayor recortando un 1% los salarios de los altos ejecutivos que despidiendo a 100 de los empleados peor pagados.

En todos los países se aprecia un rechazo creciente a las enormes diferencias de ingresos entre los ciudadanos, que con frecuencia no responden a la cualificación ni al trabajo realizado. En España es fácil encontrar titulares denunciando El sueldo escandaloso de los banqueros. En EE UU, sus desorbitantes primas han llevado a The New York Times a afirmar que "no tienen vergüenza". También los salarios de los altos ejecutivos han generado un debate nacional, culminando con el anuncio del Gobierno de Obama de limitar el sueldo de 175 personas que dirigen empresas rescatadas por el Gobierno. El rechazo social a estos ingresos escandalosos no debería quedarse en una censura coyuntural. La crisis hace políticamente inaceptable la miseria creciente, las desigualdades en las rentas y en el nivel de vida de las personas. Unas desigualdades que durante las últimas décadas de políticas económicas neoliberales han aumentado, no disminuido, como nos prometieron. En nuestra opinión, la indignación contra las diferencias abismales no debe taparse ni desactivarse, sino, al contrario, convertirse en una oportunidad para repensar cómo explicar las desigualdades.

¿Cómo se asignan los salarios? ¿Cómo se decide lo que cobra la gente -los directivos de bancos y empresas, los empleados, los políticos? Una rápida ojeada a cómo ha explicado la Teoría Económica la formación de los salarios desde hace 250 años muestra una combinación de conceptos primarios que seguimos oyendo cada día en boca de los representantes de la patronal y de instituciones del Estado: hay que abaratar el despido, reducir los subsidios al desempleo, bajar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, los convenios colectivos y las cotizaciones son los culpables de que no se contrate más... Aunque estos argumentos tienen sentido bajo ciertas circunstancias, es importante que analicemos la teoría que los justifica.

La primera teoría con la que se explicó la formación de los salarios fue la de los "salarios de subsistencia", sostenida por Malthus a finales del siglo XVIII, y por Ricardo a principios del XIX. Para el párroco Malthus, los trabajadores debían recibir unos salarios equivalentes a lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Cuando se les pagaba de más tenían más hijos, en pocos años aumentaba la oferta de trabajo, había más trabajadores que empleos, y la ley de la oferta y la demanda hacía que los salarios cayesen, provocando hambre y mortandad. Esta visión fue rechazada más tarde por Marx, para quien el que hubiera más trabajadores que empleos no sólo no era negativo para el capitalismo, sino que era lo que garantizaba sus beneficios, al constituirse en un ejército de reserva de fuerza de trabajo que permitía al patrono reemplazar a los trabajadores por otros más baratos. Sólo la negociación colectiva y la unión de los trabajadores en sindicatos podían contrarrestar el juego.

A finales del XIX, y en su afán por justificar la desigualdad salarial, la revolución marginalista explicó el salario como equivalente a la "productividad marginal" del trabajo. Es decir, los salarios igualaban el valor del producto neto que producían, y el desempleo era el resultado de que los trabajadores "costaban" más de lo que "valía" su productividad. En otras palabras, ganamos lo que vale nuestro trabajo. Si los directivos ganan mil veces el salario medio es porque producen mil veces el valor que nosotros producimos. ¿Que han arruinado a su empresa y perdido el dinero de los inversores... y siguen ganando mil veces más que usted? Aun así, dirá un economista ortodoxo. Naturalmente que la crisis económica disminuye el valor del producto marginal de los trabajadores, pero también el de los ejecutivos. La producción de una empresa representa el esfuerzo de muchos trabajadores. ¿Cómo distinguir entre los "productos marginales" de cada uno? Como en el caso de las limpiadoras de los hoteles Hyatt, las pérdidas son del conjunto de la empresa, pero quienes pierden el empleo suelen ser los más débiles.

Además, la teoría económica ortodoxa ignora lo que Lester Thurow ha llamado "the sociology of wage determination", los factores sociales y políticos que afectan a la remuneración del trabajo, como la existencia de sindicatos, las políticas de promoción de las empresas, o los salarios mínimos. Por el lado del capital, el acceso privilegiado a la información y a relaciones con las élites económicas y políticas, y los privilegios heredados, benefician su capacidad de negociación y sus múltiples fuentes de ingresos. La teoría económica tampoco explica por qué las mujeres y los negros (hombres y mujeres) ganan siempre menos que los hombres blancos. Porque el valor de lo que producen es menor, dirá un economista ortodoxo. Ellas han decidido estudiar menos y en consecuencia están peor formadas, o trabajan menos horas, o insisten en emplearse en sectores menos productivos. Estas explicaciones economicistas prefieren ignorar el racismo, las normas patriarcales o la profunda desigualdad de oportunidades entre grupos sociales.

En definitiva, la teoría económica al uso prefiere no tener en cuenta las diferencias de poder entre trabajadores, y entre éstos (que aceptan lo que les ofrecen porque su subsistencia depende de ello) y el capital (que impone sus condiciones puesto que puede no ofrecer el empleo). Si usted fuera más productivo ganaría más. Las injerencias de sindicatos o gobiernos sólo empeoran las cosas: a cambio de que unos pocos ganen más muchos perderán su empleo, o muchas empresas cerrarán, incapaces de hacer frente a los costes. Sobre los salarios que se asignan a sí mismos estos ejecutivos, directivos, empresarios, sobre cómo pactan sus primas, bonus, incentivos, blindajes, exenciones fiscales..., silencio.

La teoría económica lleva 200 años explicando la asignación de salarios como un proceso eficiente; intentando convencernos de que hay que dejar actuar al mercado. Pero la crisis económica nos está invitando a dudar de ella. La imposición de límites salariales a algunos ejecutivos por parte del Gobierno de Obama plantea el debate de qué consideramos un "salario justo". Entidades financieras como Credit Suisse están cambiando sus formas de pago y ejecutivos como Kenneth D. Lewis, del Bank of America, renuncian al sueldo (aunque cobrará 60 millones de dólares cuando se jubile en diciembre). No es que estas propuestas solucionen nada, pero reflejan la presión social. Si las empresas fueran más democráticas, los trabajadores podrían negociar y sugerir cambios sin tener que depender del Estado para proteger su empleo y su salario. Las directivas de organizaciones como la OIT son también un punto de partida para un mundo laboral más justo. Si dejamos de considerar aceptables las desigualdades brutales, si dejamos de aceptar que los salarios reflejan lo que vale nuestro trabajo, si presionamos como ciudadanos para que nuestros gobiernos asuman el objetivo político de un trabajo digno para todos, esta crisis se habrá convertido en oportunidad. En todo caso, estos esfuerzos deberán incluir el objetivo de reconstruir una teoría económica fosilizada.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell y Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la UAB.
El Pais

11.02.2009

El 'Inem' oculta 715.000 parados. TAMARA VÁZQUEZ

El 'Inem' oculta 715.000 parados
Los Servicios Públicos de Empleo esconden cerca de 715.000 desempleados que, sumados a los 3,7 millones de parados oficiales, componen una bolsa de 4,4 millones de ciudadanos sin trabajo.

02-11-2009 - España cuenta actualmente con 4.123.300 parados, según concluye la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año publicada la semana pasada. O con 3.709.447, si se toma como referencia el dato de desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) registró durante el pasado mes de septiembre. Es decir, entre ambas estimaciones existe una diferencia de casi medio millón de personas, lo que representa una de las mayores diferencias de la serie histórica. ¿Cómo se justifica este abultado baile de cifras?

La primera causa reside en los objetivos y metodologías propios de cada uno de estos sistemas de medición. La EPA -un sondeo empleado de modo homogéneo en el resto de países de la Unión Europea- mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, a través de una serie de entrevistas telefónicas. Para la EPA, un parado es aquella persona que quiere trabajar y busca activamente empleo.

Por su parte, el SPEE hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en las oficinas del antiguo Inem, aunque excluye a ciertos colectivos de demandantes de empleo, los conocidos como Denos -demandantes de empleo no ocupados-. Esta criba de desempleados resulta clave para explicar el abismo entre ambos indicadores laborales.

Entre otros, el SPEE no computa como parados registrados a los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a tres meses; las personas que buscan un trabajo con una jornada inferior a veinte horas semanales; las que cursan estudios de enseñanza oficial reglada -siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo-; las personas que asisten a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen veinte a la semana, tengan un beca y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo que realizan un trabajo a tiempo parcial; los demandantes que perciben el subsidio agrario; las personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características; los ciudadanos sin disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo o que solicitan un empleo en el extranjero; los demandantes de servicios previos al empleo -es decir, de quienes necesitan realizar un curso para trabajar en otro sector, una modalidad introducida en febrero del año pasado, coincidiendo con el cierre industrial de Delphi, en Cádiz-; y los trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En total, el colectivo de Denos incluye a 714.478 personas que, sumadas a las 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE, dan como resultado una bolsa de 4.423.925 ciudadanos que carecen de un empleo, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA.

Ahora bien, «este colectivo de parados está condicionado a la voluntad del desempleado a incribirse», recuerda Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), lo que dificulta enormemente un cómputo total de desempleados. «En efecto, la intuición económica que existe actualmente es la de que el número de parados es, en realidad, mayor del que reflejan las estadísticas», reconoce Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Por ejemplo, sólo una mínima parte de los profesionales autónomos que se quedan sin trabajo acuden a las oficinas del SPEE para registrarse como parados, porque actualmente no tienen derecho a percibir una prestación por cese de actividad. Además, ante las dificultades para encontrar un puesto laboral, cada vez son más las personas que abandonan su búsqueda de trabajo. Según la última EPA, la población inactiva -que incluye, entre otros, a amas de casa, jubilados y al colectivo de personas que no tienen empleo ni lo buscan- asciende a 15.449.000 individuos, casi 90.000 más que en el segundo trimestre de 2009. Este efecto desánimo se intensifica en los varones y en los menores de 25 años, un segmento cuya mejor solución pasa por ampliar su etapa formativa.

Paro de larga duración

En este punto, conviene desmentir algunas leyendas urbanas creadas en torno a las medidas de ayuda al parado que en los últimos tiempos ha introducido el Gobierno. Ni el cheque parado de 420 euros -que obliga al desempleado a seguir un itinerario formativo para percibir el subsidio- ni las ayudas dirigidas a titulados en situación de desempleo para financiar la matrícula en un máster oficial incluyen necesariamente a sus receptores en el colectivo de demandantes de empleo no ocupados.

España no sólo se sitúa a la cabeza de Europa en destrucción de puestos de trabajo -su tasa de desempleo se sitúa ya en el 19,3%, según la estadística de Eurostat-, sino que es líder en creación de paro estructural. El colectivo de desempleados de larga duración -aquellos que llevan más de un año buscando activamente empleo sin encontrarlo- aglutina a 1.217.300 personas, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al segundo trimestre del año. Sólo en 2009, el número de parados en esta situación ha aumentado en 681.400 ciudadanos, un hecho grave porque esta inactividad profesional reduce drásticamente su futura empleabilidad.

Ante esta situación, y en un escenario que parte de los 4,5 millones de parados, el escaso nivel de conflictividad social resulta, cuanto menos, sorprendente. Para algunos analistas, este hecho hunde sus raíces en la economía sumergida. Así, de acuerdo con un estudio de Pimec, el peso de las actividades no declaradas en España representa en torno al 23% del PIB oficial lo que, según estima Francisco Aranda, implicaría un mercado de trabajo irregular del 25% de la fuerza laboral española.

Para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, una prueba fehaciente de la existencia de esta economía sumergida es el número de solicitantes de la ayuda de 420 euros. «El Ministerio de Trabajo estimó que unas 300.000 personas solicitarían esta prestación. Sin embargo, hasta la fecha sólo lo han hecho 53.000», dice.

En su opinión, estos demandantes prefieren buscar un empleo fantasma, antes que recibir una ayuda que les obligue a realizar cursillos formativos. Coincide con este planteamiento Francisco Aranda. «No existen datos que lo demuestren, pero parece lógico pensar que existe una mayor probabilidad de que muchos trabajadores acaben recalando en la actividad no declarada», reflexiona.

Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo que actualmente trabaja en el Instituto Ortega y Gasset, disiente en el análisis realizado por Amor y Aranda. En su opinión, la causa que explica el bajo número de solicitantes de la ayuda gubernamental radica en la rigidez de los requisitos de acceso, que desestimula la demanda.

Para el economista, la baja conflictividad social que hay está justificada por la potente tasa de cobertura de prestaciones que actualmente hay en España y que cubre al 70% de los desempleados. «Casi todos los parados que han trabajado en años anteriores hoy disponen de una prestación. Si excluyéramos a los demandantes de un primer empleo -un grupo que no tiene derecho a estos subsidios- la tasa de cobertura sería aún mayor», abunda.

TAMARA VÁZQUEZ
El Mundo