Joan Carles Gallego, secretario de CCOO de Catalunya
16-03-2009 - Nadie cuestiona la gravedad, profundidad y duración de la crisis económica. Los gobiernos ven la causa última en el crack del sistema financiero. Las organizaciones empresariales plantean que es en el mercado de trabajo --el acceso y salida y los costes laborales-- donde está la solución. Desde Comisiones Obreras planteamos otros análisis y otras soluciones que nos llevan a un modelo de crecimiento más sólido y de mayor justicia social.
Para CCOO, la quiebra del sistema financiero ha sido el detonante de la crisis, no la causa. La falta de regulación de la economía en manos del mercado y la inexistencia de intervención pública han favorecido lo que está pasando. La especulación, fundamentalmente en el sector inmobiliario, y los bajos tipos de interés, que han disparado el consumo de familias y empresas, han generado desequilibrios y los más altos niveles de endeudamiento conocidos. El PIB y el empleo han crecido, pero los salarios han mantenido escasamente la capacidad adquisitiva y la contratación temporal ha sido la forma principal de acceso al mercado de trabajo. La inversión privada en I+D+i tiene los niveles más bajos de la UE, el sistema educativo mantiene altos índices de abandono y fracaso escolar y la Formación Profesional no atrae a los jóvenes. El gasto social se mantiene más de 6 puntos porcentuales del PIB por debajo de la media de la UE y se rebajan impuestos a los niveles de renta más altos, vaciando la capacidad de hacer gasto público.
Los gobiernos, alineados con la ideología neoliberal, han justificado la no intervención porque todo funcionaba solo. No han promocionado políticas industriales activas que diversificaran el tejido industrial y favorecieran la internacionalización de nuestras empresas; han favorecido la entrada de capitales extranjeros sin contrapartidas, que muchas veces han destruido la capacidad productiva instalada, quedándose la cuota de mercado; han generado políticas fiscales regresivas, que ni han favorecido la inversión productiva ni han permitido hacer políticas educativas y sociales más potentes.
Los sectores empresariales han utilizado para competir la abundante mano de obra disponible con salarios bajos y contratos basura. No han invertido en innovación, ni diversificado producto ni apostado por la calidad; no han mejorado procesos organizativos, ni han utilizado la formación y calificación como elemento clave para el desarrollo de la propia actividad; se ha aprovechado la subcontratación y la atomización de las pequeñas empresas para externalizar riesgos.
El Gobierno intenta ahora tapar los agujeros por donde mana la hemorragia, con ayudas a la banca para garantizar la solvencia y evitar quiebras; promoviendo medidas de ayuda a sectores en situación crítica, como la automoción, por la caída del consumo en medio de un proceso de reestructuración y definición de nuevos productos. Se favorece, con bonificaciones, la contratación de personas con prestación de paro y se proponen mejoras en los servicios públicos de empleo y en las garantías de cobro de prestaciones.
Son medidas insuficientes, y algunas ineficientes, para reactivar la economía. Y los sectores empresariales reclaman reformar el mercado de trabajo, o sea, facilitar los despidos y cuestionar el poder contractual de los sindicatos en la negociación colectiva o en la autorización de los expedientes de regulación de empleo. Medidas anticuadas e ineficaces que niegan la necesidad de la reforma de la empresa mejorando la organización, propiciando la formación y calificación y apostando por la estabilidad de la contratación, que comporta implicación, innovación y calidad.
Las propuestas de CCOO quieren reactivar la economía productiva, crear empleo directo y de calidad y mejorar la cohesión social. Apostamos por el diálogo y la concertación social, pero no aceptaremos recortes salariales ni de derechos laborales y sociales. Tenemos propuestas para favorecer un crecimiento más equilibrado y con mayor justicia social, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Y hoy saldremos a la calle para exigir compromisos a los gobiernos y responsabilidad a las organizaciones empresariales para salir de la crisis en mejores condiciones y para dejar claro que no permitiremos que se nos haga pagar los costes de la crisis con pérdidas de derechos.
Joan Carles Gallego, secretario de CCOO de Catalunya
El Periodico
3.17.2009
Llamamiento de acción del movimiento sindical internacional contra el gran robo de las grandes empresas
Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa
03-02-2009 - El movimiento sindical internacional acogió con satisfacción los comentarios del Presidente de EE.UU. Barack Obama, quien calificó de “vergonzosos” los bonos sustraídos en los últimos meses de los bancos y empresas en quiebra, mientras decenas de millones de trabajadores y trabajadoras del mundo entero se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo y de sus viviendas y aún hay más empresas a las que espera lo peor.
Las bonificaciones e incentivos concedidos por las empresas a sus ejecutivos en los EE.UU. aumentaron en términos reales un total del 14% en 2008, visto que los altos ejecutivos de las finanzas y la industria, muchos de ellos en empresas a punto de la quiebra, se recompensaron a sí mismos por su abyecto fracaso y por haber llevado a la economía mundial al borde de la recesión.
"Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa. Es nada menos que el gran robo de las grandes empresas y, por desgracia, no se limita a los EE.UU.”, declaró el Secretario General de la CSI Guy Ryder. “Algunos de los culpables deberían estar tras las rejas en lugar de andarse mostrando aquí en Davos. Su actuación no hará sino aumentar la creciente cólera suscitada en todo el mundo”, añadió.
En uno de los casos más escandalosos, los ejecutivos de Merrill Lynch se concedieron a sí mismos más de 3 mil millones de dólares estadounidenses, ya que dejaron su puesto pocos días antes de que el tambaleante banco fuera adquirido por Bank of America. El propio Bank of America ha sido blanco de una enorme ola de críticas tras conocerse su campaña en contra de las mejoras propuestas en relación con los derechos de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses después de recibir un rescate masivo de parte del gobierno.
Las bonificaciones de 18 millones estadounidenses de Wall Street durante el año pasado también se han repetido en otros países, particularmente en aquellos en que los gobiernos copiaron el desastroso experimento de desregulación de los EE.UU. Solamente esta cantidad hubiera podido proporcionar dos años de educación para los 75 millones de niños y niñas de todo el mundo que carecen de escuela. Hubieran podido salvar millones de puestos de trabajo si se hubieran puesto en el bolsillo de la población trabajadora, que realmente crea riqueza.
“Tal vez lo más indignante, es que los mismos financieros que crearon y promovieron este sistema fracasado parecieran seguir contando con la clave para asesorar a los gobiernos sobre cómo salir de la crisis. Esta situación no hará sino incrementar la creciente cólera de la población de todo planeta, una cólera que no va a apaciguarse mientras las familias trabajadoras sigan pagando el precio a costa de su empleo y su vivienda”, declaró Guy Ryder.
La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 157 países y territorios y cuenta con 316 afiliadas nacionales. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com
03-02-2009 - El movimiento sindical internacional acogió con satisfacción los comentarios del Presidente de EE.UU. Barack Obama, quien calificó de “vergonzosos” los bonos sustraídos en los últimos meses de los bancos y empresas en quiebra, mientras decenas de millones de trabajadores y trabajadoras del mundo entero se enfrentan a la pérdida de sus puestos de trabajo y de sus viviendas y aún hay más empresas a las que espera lo peor.
Las bonificaciones e incentivos concedidos por las empresas a sus ejecutivos en los EE.UU. aumentaron en términos reales un total del 14% en 2008, visto que los altos ejecutivos de las finanzas y la industria, muchos de ellos en empresas a punto de la quiebra, se recompensaron a sí mismos por su abyecto fracaso y por haber llevado a la economía mundial al borde de la recesión.
"Las empresas rescatadas gracias al erario público han creado la última innovación financiera: el reciclaje del dinero de los contribuyentes en bonificaciones de empresa. Es nada menos que el gran robo de las grandes empresas y, por desgracia, no se limita a los EE.UU.”, declaró el Secretario General de la CSI Guy Ryder. “Algunos de los culpables deberían estar tras las rejas en lugar de andarse mostrando aquí en Davos. Su actuación no hará sino aumentar la creciente cólera suscitada en todo el mundo”, añadió.
En uno de los casos más escandalosos, los ejecutivos de Merrill Lynch se concedieron a sí mismos más de 3 mil millones de dólares estadounidenses, ya que dejaron su puesto pocos días antes de que el tambaleante banco fuera adquirido por Bank of America. El propio Bank of America ha sido blanco de una enorme ola de críticas tras conocerse su campaña en contra de las mejoras propuestas en relación con los derechos de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses después de recibir un rescate masivo de parte del gobierno.
Las bonificaciones de 18 millones estadounidenses de Wall Street durante el año pasado también se han repetido en otros países, particularmente en aquellos en que los gobiernos copiaron el desastroso experimento de desregulación de los EE.UU. Solamente esta cantidad hubiera podido proporcionar dos años de educación para los 75 millones de niños y niñas de todo el mundo que carecen de escuela. Hubieran podido salvar millones de puestos de trabajo si se hubieran puesto en el bolsillo de la población trabajadora, que realmente crea riqueza.
“Tal vez lo más indignante, es que los mismos financieros que crearon y promovieron este sistema fracasado parecieran seguir contando con la clave para asesorar a los gobiernos sobre cómo salir de la crisis. Esta situación no hará sino incrementar la creciente cólera de la población de todo planeta, una cólera que no va a apaciguarse mientras las familias trabajadoras sigan pagando el precio a costa de su empleo y su vivienda”, declaró Guy Ryder.
La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 157 países y territorios y cuenta con 316 afiliadas nacionales. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com
El trabajo en el centro del “mercado” y la sociedad: medidas de urgencia
Eduardo Gutiérrez, Alicia Gómez, Enrique Lillo, Ángel Martín y Nieves San Vicente 29.12.2008
Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión). Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”.
Cuando todos los diagnósticos apuntan a una crisis de empleo de proporciones desconocidas en el último medio siglo por la sociedad española, resultan imprescindibles actuaciones de urgencia, y complementar con actuaciones orientadas a forzar cambios de modelo de crecimiento, que no pueden ser tan sólo “invocados” y engrasados con subvenciones de I+D+i a las grandes empresas.
Entre las medidas de urgencia que se hacen necesarias, que es de esperar se aborden en los próximos meses, algunas deben ser las siguientes:
La primera e imprescindible es la reforma de la Ley Concursal, ante las graves dificultades que genera para el reconocimiento de los derechos laborales su actual redacción. Hay que promover urgentemente la revisión de esta regulación para reforzar la garantía de los créditos laborales de los trabajadores y en los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de contratos, el reconocimiento de la representación del sindicato como interlocutor previo a la adopción de la medida, y la recuperación del papel de las “autoridad laboral especializada”.
Es igualmente urgente –pues se habla de una crisis para 2/3 años– reponer las prestaciones por desempleo que, previamente a la extinción de los contratos, fueron consumidas por las personas afectadas por ERE de suspensión temporal.Además, la reposición del “contador a cero” para las regulaciones temporales supondría un claro estimulo e incentivo para la utilización de medidas temporales de extinción de contratos, en menoscabo de las medidas finalistas y terminales de dilapidación del capital profesional y humano de muchas empresas, viables, pero con problemas de financiación en el contexto de crisis crediticia actual.
Por ultimo, entre las medidas inmediatas debería estar la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones y de las rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales, de forma que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. En la regulación actual, se hace necesaria una declaración explicita judicial de improcedencia de los despidos, inaplicable en los diversos expedientes acordados entre empresarios y sindicatos.
Cabría explorar topes máximos de indemnizaciones exentas (por ejemplo, 40.000 euros).Todos nos enfrentamos ante un reto desconocido desde hace más de una década: el incremento vertiginoso del paro de larga duración, que afectara, de confirmarse la duración de la depresión económica, con una crueldad, injusticia y dolor desconocidos para las nuevas generaciones políticas y sociales. Y será difícil explicar y responder sólo con “esperanzas” en una futura recuperación sostenida del empleo, a las necesidades reales, físicas, y materiales a los millones de parados que han estado soportando empleos precarios y temporales –4.944.700 trabajadores con contrato temporal, estimados a finales del verano por el INE– que agotaran en poco mas de un semestre sus derechos a prestaciones básicas por desempleo.A la vista de la alta sensibilidad gubernamental ante las reclamaciones de ayudas a los bancos, poniendo a su disposición y de sus sociedades de inversión satélites, miles de millones de euros, resultará moralmente insostenible, no mostrar equivalentes y proporcionadas respuestas hacía las auténticas victimas de la “bacanal” de beneficios, plusvalías, y ahora desfalcos que nos abochornan a todos los ciudadanos.
En los próximos semestres, las necesidades de sostenimiento de la intensidad, extensión y cuantía individual de las prestaciones por desempleo, serán una prueba de la verdadera naturaleza social –no olvidemos, que también los demócrata-cristianos, o los denominados “azules” del antiguo régimen franquista, mostraban su vertiente “social-populista”– y progresista de los gobiernos occidentales.
Estas son sólo algunas de las intervenciones de urgencia necesarias para comenzar el nuevo ciclo de relaciones laborales. Se trata de actuaciones reparadoras. Deberán estar acompañadas en el medio plazo con otras orientadas a conseguir, entre otras muchas cosas regular la explosión de entramados societarios (grupos empresas), y a reconducir el esfuerzo inversor que las empresas han de realizar. Es preciso condicionar mediante regulaciones mercantiles y societarias la orientación hacia la “reinversión” de los excedentes (por ejemplo, revisando regulaciones de sucedáneos de capital como los prestamos participados, débilmente regulados en el RD.7/1996, surgidos en la bacanal desreguladora; o nuevas reservas finalistas para actividades de I+D+i, en empresas de mas 6 millones de euros de facturación, ….). Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años.Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión).
Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”. Construir una organización económica que no mire y atienda, en exclusiva, a los rendimientos del “capital”. Una economía de mercado, pero que ponga el “trabajo en el centro de la sociedad”, y no la especulación, la rentabilidad, la codicia, y el fallo sistémico del imperio de la ley democrática. Están en juego, no sólo millones de proyectos de vida de trabajadores, y sus familias; también lo esta la credibilidad del sistema político democrático y el imperio de la ley, que configura el propio estado de derecho.
Eduardo Gutiérrez, economista; Alicia Gómez, abogada; Enrique Lillo, abogado; Ángel Martín, abogado; Nieves San Vicente, abogada.
Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión). Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”.
Cuando todos los diagnósticos apuntan a una crisis de empleo de proporciones desconocidas en el último medio siglo por la sociedad española, resultan imprescindibles actuaciones de urgencia, y complementar con actuaciones orientadas a forzar cambios de modelo de crecimiento, que no pueden ser tan sólo “invocados” y engrasados con subvenciones de I+D+i a las grandes empresas.
Entre las medidas de urgencia que se hacen necesarias, que es de esperar se aborden en los próximos meses, algunas deben ser las siguientes:
La primera e imprescindible es la reforma de la Ley Concursal, ante las graves dificultades que genera para el reconocimiento de los derechos laborales su actual redacción. Hay que promover urgentemente la revisión de esta regulación para reforzar la garantía de los créditos laborales de los trabajadores y en los procedimientos de modificación, suspensión y extinción de contratos, el reconocimiento de la representación del sindicato como interlocutor previo a la adopción de la medida, y la recuperación del papel de las “autoridad laboral especializada”.
Es igualmente urgente –pues se habla de una crisis para 2/3 años– reponer las prestaciones por desempleo que, previamente a la extinción de los contratos, fueron consumidas por las personas afectadas por ERE de suspensión temporal.Además, la reposición del “contador a cero” para las regulaciones temporales supondría un claro estimulo e incentivo para la utilización de medidas temporales de extinción de contratos, en menoscabo de las medidas finalistas y terminales de dilapidación del capital profesional y humano de muchas empresas, viables, pero con problemas de financiación en el contexto de crisis crediticia actual.
Por ultimo, entre las medidas inmediatas debería estar la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones y de las rentas salariales provenientes de los despidos colectivos o individuales, de forma que quede exenta la parte de indemnización percibida que no supere el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. En la regulación actual, se hace necesaria una declaración explicita judicial de improcedencia de los despidos, inaplicable en los diversos expedientes acordados entre empresarios y sindicatos.
Cabría explorar topes máximos de indemnizaciones exentas (por ejemplo, 40.000 euros).Todos nos enfrentamos ante un reto desconocido desde hace más de una década: el incremento vertiginoso del paro de larga duración, que afectara, de confirmarse la duración de la depresión económica, con una crueldad, injusticia y dolor desconocidos para las nuevas generaciones políticas y sociales. Y será difícil explicar y responder sólo con “esperanzas” en una futura recuperación sostenida del empleo, a las necesidades reales, físicas, y materiales a los millones de parados que han estado soportando empleos precarios y temporales –4.944.700 trabajadores con contrato temporal, estimados a finales del verano por el INE– que agotaran en poco mas de un semestre sus derechos a prestaciones básicas por desempleo.A la vista de la alta sensibilidad gubernamental ante las reclamaciones de ayudas a los bancos, poniendo a su disposición y de sus sociedades de inversión satélites, miles de millones de euros, resultará moralmente insostenible, no mostrar equivalentes y proporcionadas respuestas hacía las auténticas victimas de la “bacanal” de beneficios, plusvalías, y ahora desfalcos que nos abochornan a todos los ciudadanos.
En los próximos semestres, las necesidades de sostenimiento de la intensidad, extensión y cuantía individual de las prestaciones por desempleo, serán una prueba de la verdadera naturaleza social –no olvidemos, que también los demócrata-cristianos, o los denominados “azules” del antiguo régimen franquista, mostraban su vertiente “social-populista”– y progresista de los gobiernos occidentales.
Estas son sólo algunas de las intervenciones de urgencia necesarias para comenzar el nuevo ciclo de relaciones laborales. Se trata de actuaciones reparadoras. Deberán estar acompañadas en el medio plazo con otras orientadas a conseguir, entre otras muchas cosas regular la explosión de entramados societarios (grupos empresas), y a reconducir el esfuerzo inversor que las empresas han de realizar. Es preciso condicionar mediante regulaciones mercantiles y societarias la orientación hacia la “reinversión” de los excedentes (por ejemplo, revisando regulaciones de sucedáneos de capital como los prestamos participados, débilmente regulados en el RD.7/1996, surgidos en la bacanal desreguladora; o nuevas reservas finalistas para actividades de I+D+i, en empresas de mas 6 millones de euros de facturación, ….). Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años.Es hora de recuperar para el poder político la potestad normativa, que se ha abandonado en la última década a favor de la ilusa “autorregulación” societaria y mercantil (a la que se continúa invocando en el acuerdo del G-20, para los fondos de inversión).
Es preciso poner en marcha una regulación pública que haga posible una economía de mercado, a salvo de “capitalistas sin freno”. Construir una organización económica que no mire y atienda, en exclusiva, a los rendimientos del “capital”. Una economía de mercado, pero que ponga el “trabajo en el centro de la sociedad”, y no la especulación, la rentabilidad, la codicia, y el fallo sistémico del imperio de la ley democrática. Están en juego, no sólo millones de proyectos de vida de trabajadores, y sus familias; también lo esta la credibilidad del sistema político democrático y el imperio de la ley, que configura el propio estado de derecho.
Eduardo Gutiérrez, economista; Alicia Gómez, abogada; Enrique Lillo, abogado; Ángel Martín, abogado; Nieves San Vicente, abogada.
Crisis y despidos: entre el fraude y la desvergüenza. Antonio Baylos
No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras.
El proceso de destrucción de puestos de trabajo que se ha puesto en marcha en España a partir del desplome del andamiaje financiero que sostenía la economía mundial ha sido extremadamente rápido y extenso. A toda velocidad caminamos hacia los tres millones de parados. En el camino, muchas empresas proceden a despedir como primera reacción frente a las dificultades económicas que se les suscitan, como acto reflejo que los grandes constructores de la opinión pública consideran el efecto natural de los movimientos del mercado. Esa reacción no es sin embargo aceptable ni en términos políticos ni en términos organizativos de la producción. Se están repitiendo varios patrones de conducta que implican la elusión consciente de la regulación jurídica de las crisis laborales en las que se respeten de manera coherente tanto la estabilidad económica de las empresas como los derechos de los trabajadores.
En empresas de tamaño medio, dedicadas a la prestación de servicios informáticos a otras empresas, o a poner en práctica sistemas de información y de comunicación, la crisis se experimenta mediante el desplazamiento del riesgo a los trabajadores. Es ya una práctica recurrir a despidos individuales disciplinarios que se reconocen improcedentes y se hacen acompañar de una indemnización además de la inmediata inscripción en el desempleo del trabajador cuyo puesto de trabajo se ha eliminado. Estas prácticas vulneran directamente la ley, puesto que el número de despedidos en relación con la plantilla de la empresa y la inexistencia de la causa alegada en el despido disciplinario, deberían implicar la iniciación de un expediente de regulación de empleo o, en su defecto, acudir a la vía del despido objetivo bajo control judicial. Las empresas no lo hacen porque cualquier control pondría de manifiesto que no hay una causa económica real, que la estabilidad económica de la empresa no ha sido afectada de manera grave ni crítica y que en definitiva se prescinde de puestos de trabajo para mantener y en algunos casos aumentar el beneficio empresarial. Se trata de prácticas fraudulentas posibles porque la implantación sindical en estos sectores es débil y porque no existe ningún control público de las decisiones empresariales extintivas de carácter individual al formar parte del ámbito protegido de la “flexibilidad” del despido que está permitiendo, de hecho, la descausalización del mismo y su plena libertad de ejercicio para los empresarios, dotados, como un agente 007 en el mercado laboral, de licencia para despedir. En estos casos, el poder público debería saber que mediante tales prácticas los empresarios se desprenden de trabajadores con una cierta calificación, descapitalizando sus propios proyectos empresariales sobre la base de mantener intangible la lógica de sus beneficios, a costa de desplazar al gasto público la obligación de proteger socialmente a estos cada vez mayores contingentes. Si hubiera voluntad política – de la que parece carecer el flamante Ministerio de Trabajo e Inmigración, sólo preocupado al parecer por la segunda de sus competencias -, sería extremadamente sencillo elaborar un protocolo de vigilancia de las inscripciones en el sistema de empleo de trabajadores despedidos provenientes de la misma empresa, y que la Inspección de Trabajo actuara de oficio denunciando estos comportamientos de fraude de ley.
Esta forma de actuar se ha trasladado también a las grandes empresas, que abordan con despidos masivos las primeras muestras de estancamiento en sus expectativas de beneficios. Despreciando las técnicas que el ordenamiento jurídico español prevé para amortiguar los efectos de la crisis sobre las empresas y desplegar en el tiempo sus efectos más nocivos – como el procedimiento de suspensión colectiva de contratos de trabajo en los casos de crisis económica – estas empresas reaccionan frente a la previsible disminución de sus por otra parte exorbitantes beneficios con la destrucción masiva de empleo. No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras. Las empresas que emprenden este camino de violencia económica se benefician en este caso de una suerte de inmunidad en el campo de la opinión pública donde se insiste en convencer a los ciudadanos que esa es la lógica inevitable en las relaciones laborales. Sin embargo los poderes públicos deben tutelar el derecho al trabajo y regular consecuentemente los flujos de empleo en el mercado de trabajo sobre la base del respeto a este derecho básico que requiere una motivación razonable para su ablación por los poderes económicos. La regulación del empleo es un elemento propio de la civilización democrática, y las reglas que la inspiran, junto con la actuación decisiva de los sindicatos en el gobierno de esta situación de crisis, forman parte de las reglas del juego, que nunca pueden resumirse en la resolución autoritaria y prepotente del conflicto, incompatibles con una situación democrática.
Es necesario por consiguiente denunciar y poner fin a esas conductas que implican fraude a la legalidad laboral y que evidencian la desvergüenza del poder económico concebido como un tótem cruel que nadie puede desafiar. Sólo un ejemplo bien sintomático, que funciona como un cuento de Navidad. En la regulación de empleo de una conocida empresa de telecomunicación cuya estabilidad económica no está realmente puesta en entredicho y que pese a ello ha decidido proceder a despidos masivos de su plantilla, se ha propuesto, como un gesto entrañable “de buena fe”, suprimir la fiesta de navidad y el regalo correspondiente a los empleados de la misma para así aumentar un día más de salario de indemnización sobre los 20 por año que propone la empresa para los mas de mil trabajadores despedidos. Con ello esta firma, quizá sin ser muy consciente de ello, regala por navidad despidos, aunque a los trabajadores eliminados les premia con un día adicional en su indemnización. Toda una lección sobre el uso de la fuerza de trabajo y su carácter desechable por unos dirigentes empresariales que probablemente celebrarán las fiestas en el calor de la familia, con la despreocupación que les da el dinero y la convicción de que bajo el árbol de navidad no encontrarán nunca una carta de despido.
Antonio Baylos Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha
El proceso de destrucción de puestos de trabajo que se ha puesto en marcha en España a partir del desplome del andamiaje financiero que sostenía la economía mundial ha sido extremadamente rápido y extenso. A toda velocidad caminamos hacia los tres millones de parados. En el camino, muchas empresas proceden a despedir como primera reacción frente a las dificultades económicas que se les suscitan, como acto reflejo que los grandes constructores de la opinión pública consideran el efecto natural de los movimientos del mercado. Esa reacción no es sin embargo aceptable ni en términos políticos ni en términos organizativos de la producción. Se están repitiendo varios patrones de conducta que implican la elusión consciente de la regulación jurídica de las crisis laborales en las que se respeten de manera coherente tanto la estabilidad económica de las empresas como los derechos de los trabajadores.
En empresas de tamaño medio, dedicadas a la prestación de servicios informáticos a otras empresas, o a poner en práctica sistemas de información y de comunicación, la crisis se experimenta mediante el desplazamiento del riesgo a los trabajadores. Es ya una práctica recurrir a despidos individuales disciplinarios que se reconocen improcedentes y se hacen acompañar de una indemnización además de la inmediata inscripción en el desempleo del trabajador cuyo puesto de trabajo se ha eliminado. Estas prácticas vulneran directamente la ley, puesto que el número de despedidos en relación con la plantilla de la empresa y la inexistencia de la causa alegada en el despido disciplinario, deberían implicar la iniciación de un expediente de regulación de empleo o, en su defecto, acudir a la vía del despido objetivo bajo control judicial. Las empresas no lo hacen porque cualquier control pondría de manifiesto que no hay una causa económica real, que la estabilidad económica de la empresa no ha sido afectada de manera grave ni crítica y que en definitiva se prescinde de puestos de trabajo para mantener y en algunos casos aumentar el beneficio empresarial. Se trata de prácticas fraudulentas posibles porque la implantación sindical en estos sectores es débil y porque no existe ningún control público de las decisiones empresariales extintivas de carácter individual al formar parte del ámbito protegido de la “flexibilidad” del despido que está permitiendo, de hecho, la descausalización del mismo y su plena libertad de ejercicio para los empresarios, dotados, como un agente 007 en el mercado laboral, de licencia para despedir. En estos casos, el poder público debería saber que mediante tales prácticas los empresarios se desprenden de trabajadores con una cierta calificación, descapitalizando sus propios proyectos empresariales sobre la base de mantener intangible la lógica de sus beneficios, a costa de desplazar al gasto público la obligación de proteger socialmente a estos cada vez mayores contingentes. Si hubiera voluntad política – de la que parece carecer el flamante Ministerio de Trabajo e Inmigración, sólo preocupado al parecer por la segunda de sus competencias -, sería extremadamente sencillo elaborar un protocolo de vigilancia de las inscripciones en el sistema de empleo de trabajadores despedidos provenientes de la misma empresa, y que la Inspección de Trabajo actuara de oficio denunciando estos comportamientos de fraude de ley.
Esta forma de actuar se ha trasladado también a las grandes empresas, que abordan con despidos masivos las primeras muestras de estancamiento en sus expectativas de beneficios. Despreciando las técnicas que el ordenamiento jurídico español prevé para amortiguar los efectos de la crisis sobre las empresas y desplegar en el tiempo sus efectos más nocivos – como el procedimiento de suspensión colectiva de contratos de trabajo en los casos de crisis económica – estas empresas reaccionan frente a la previsible disminución de sus por otra parte exorbitantes beneficios con la destrucción masiva de empleo. No existe ciertamente una causa económica suficiente que habilite esta carnicería laboral, pero la emplean prepotentemente como muestra de la forma violenta e injusta que tienen de resolver cualquier conflicto que limite o restrinja sus beneficios anuales de al menos dos cifras. Las empresas que emprenden este camino de violencia económica se benefician en este caso de una suerte de inmunidad en el campo de la opinión pública donde se insiste en convencer a los ciudadanos que esa es la lógica inevitable en las relaciones laborales. Sin embargo los poderes públicos deben tutelar el derecho al trabajo y regular consecuentemente los flujos de empleo en el mercado de trabajo sobre la base del respeto a este derecho básico que requiere una motivación razonable para su ablación por los poderes económicos. La regulación del empleo es un elemento propio de la civilización democrática, y las reglas que la inspiran, junto con la actuación decisiva de los sindicatos en el gobierno de esta situación de crisis, forman parte de las reglas del juego, que nunca pueden resumirse en la resolución autoritaria y prepotente del conflicto, incompatibles con una situación democrática.
Es necesario por consiguiente denunciar y poner fin a esas conductas que implican fraude a la legalidad laboral y que evidencian la desvergüenza del poder económico concebido como un tótem cruel que nadie puede desafiar. Sólo un ejemplo bien sintomático, que funciona como un cuento de Navidad. En la regulación de empleo de una conocida empresa de telecomunicación cuya estabilidad económica no está realmente puesta en entredicho y que pese a ello ha decidido proceder a despidos masivos de su plantilla, se ha propuesto, como un gesto entrañable “de buena fe”, suprimir la fiesta de navidad y el regalo correspondiente a los empleados de la misma para así aumentar un día más de salario de indemnización sobre los 20 por año que propone la empresa para los mas de mil trabajadores despedidos. Con ello esta firma, quizá sin ser muy consciente de ello, regala por navidad despidos, aunque a los trabajadores eliminados les premia con un día adicional en su indemnización. Toda una lección sobre el uso de la fuerza de trabajo y su carácter desechable por unos dirigentes empresariales que probablemente celebrarán las fiestas en el calor de la familia, con la despreocupación que les da el dinero y la convicción de que bajo el árbol de navidad no encontrarán nunca una carta de despido.
Antonio Baylos Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha
Una visión de la realidad sindical en Alemania: "Los sindicatos, en la encrucijada: ¿movimientos sociales o agencias de negociación colectiva?"
Wolfgang Storz 08-01-2009
Desde hace muchos años, y con buenas razones, los unos dicen que ya está bien, que los sindicatos están a pique de pasar a la ofensiva, que deben pasar sin dilación a la ofensiva: su creciente buena imagen se refleja en las encuestas. Sus temas –salario mínimo, justicia social, por ejemplo— se hallan en el centro de los debates sociales. Sus competencias son más necesarias que nunca: crece en importancia el trabajo asalariado, cada vez más países en el mundo cruzan el umbral de la industrialización. Crece el empleo femenino. Cada vez más jóvenes pretenden el acceso al sistema de trabajo remunerado. Y en esa medida, se hacen también más necesarios objetivamente los sindicatos. Los hombres y las mujeres precisan de ellos.Y desde hace también muchos años, y también con buenas razones, dicen los otros: ¿cómo podrían los sindicatos, precisamente ahora, pasar a la ofensiva?
Precisamente ahora: desde hace años, hay millones de desempleados, lo que debilita la posición negociadora. El mundo del trabajo se descompone, se hace más complejo y heterogéneo, lo que dificulta la organización de los trabajadores. Y con la globalización y la competencia a escala mundial, ha caído por doquiera su influencia, aumentando, en cambio, la del capital. También en Alemania gozan los empresarios de consenso social, y se desvinculan de los acuerdos colectivos.La evolución del mundo es, pues, contradictoria. De algún modo, esta sociedad y los trabajadores precisan de los sindicatos. La lista de logros por éstos alcanzados es copiosa y goza de amplio reconocimiento. También la lista de hechos deprimentes: la influencia de los sindicatos en la sociedad y en la política ha disminuido inequívocamente. El número de diputados en el Parlamento federal afiliados a un sindicato ha bajado sensiblemente. La pérdida de afiliación se mantiene, y en medida parecida baja el grado de organización sindical en las empresas. Si es verdad que desde 2005 tanto la IG-Metall como el sindicato [de servicios] Verdi han podido congratularse de ligeros incrementos de afiliación, también lo es que en la época de auge económico que acabamos de dejar atrás el sector metalúrgico, por ejemplo, ha creado puestos de trabajo: aunque el número absoluto de afiliados a las organizaciones obreras ha crecido, presumiblemente no ha sido así en términos porcentuales.Mucho más aún que la evolución de las cifras, debería dar qué pensar a los sindicatos la actual composición de sus miembros. Los sindicatos organizan a la vieja sociedad industrial en decadencia, pero no a la nueva sociedad industrial y mucho menos a la nueva sociedad de servicios y de conocimiento. Entre sus miembros, hay muchos hombres mayores, pocas mujeres, pocos jóvenes, poco empleado y mucho obrero. Los débiles y los fuertes del actual mundo del trabajo –los extranjeros, los poco calificados, los precarios, y en el otro extremo, los trabajadores intelectuales muy calificados— no están organizados. Los unos, manifiestamente, no esperan nada de los sindicatos; los otros, no precisan de ellos. Para poner peor las cosas: eso se sabe en los sindicatos desde hace por los menos 20 años, es un hecho indiscutible y sobre el que se ha reflexionado mucho, y sin embargo, poco se ha hecho.
Los sindicatos han reaccionado, por lo pronto, a su crisis como empresas que vieran hundirse sus mercados: el que es un poco más fuerte absorbe al más débil. Todavía en los años 80, había en Alemania 17 organizaciones sindicales. Desde 2002, sólo hay ocho. Mientras que el mundo del trabajo se diversifica, se descentraliza incluso, las formas de organización sindical se uniforman y centralizan. Es decir, que los sindicatos, lejos de tomar en cuenta la diversidad del mundo del trabajo y tratar de reflejarla organizativamente para mejor gestionarla, lo que han tratado es contenerla y ordenarla conforme a sus propias necesidades organizativas. Una de las consecuencias de lo cual es la insuficiente atención prestada a muchas categorías profesionales y a sus correspondientes intereses y culturas. Y así, el paisaje sindical ha comenzado de nuevo a escindirse y desmembrarse: pilotos de aviación, médicos o conductores ferroviarios; las huelgas más espectaculares y exitosas de los últimos años las han organizado estas minorías con gran capacidad de imponerse, cuyo objetivo primordial se concentra en la maximización del salario.Esa centralización no sólo estorba al cabal reconocimiento de la diversidad del mundo del trabajo, sino –lo que sólo a primera vista `puede resultar sorprendente— que amenaza también a la unidad sindical. En efecto: desde que sólo hay ocho organizaciones sindicales y sólo tres de ellas –la IG-Metall, Verdi e IG-BCE [Sindicato Industrial de Minería, Química y Energía]— siguen siendo políticamente relevantes –y como tales percibidas por la opinión pública—, la organización que las cubre a todas, la DGB [Federación Alemana de Organizaciones Sindicales] ha perdido definitivamente voz.Sólo un ejemplo entre muchos: se dice que en 2009, año de elecciones al Parlamento Federal, la IG-Metall realizará una gran campaña con el lema "Buen trabajo". Presumiblemente, Verdi se lanzará a su tema del salario mínimo. Y a la DGB le resta contribuir un poquito. Este pequeño precedente resulta iluminador de algunos de los problemas de los sindicatos alemanes; las distintas organizaciones sindicales siguen siendo de la opinión de que son lo bastante fuertes por sí mismas como para llevar a cabo con éxito sus campañas a escala federal. De lo que se puede dudar fundadamente.Además, hace mucho que ha dejado de haber una organización de cobertura que funcione bien, que actúe en representación de todas las organizaciones sindicales y que, en calidad de tal, sea tomada en serio por los políticos y por la opinión pública. ¿Cómo podría ser respetada por otros, si sus propias gentes no la tienen en la menor estima? "Cambio de tendencia": así se llama un gran proyecto de reforma adoptado desde hace meses por la cúpula de la DGB y por las distintas organizaciones sindicales; de sus resultados, poco se conoce. Al contrario: las grandes organizaciones sindicales exigieron hace unos meses a su organización de cobertura –la DGB—, públicamente y de forma harto indelicada, que iniciara otro proceso de reformas y contención de gastos, como si se pretendiera, no poner a punto el propio cuartel general, sino, a ser posible, liquidarlo. Sea todo ello como fuere, y de uno u otro modo, a menudo desconectado de esta difícil cotidianidad, hay un debate con miras de reforma sobre la cuestión de si –y de qué forma— los sindicatos deben renovarse. Muchas son las palabras al respecto, pero también alguna que otra acción aislada. De manera ejemplar, con una campaña tan tenaz como inteligentemente desarrollada, Verdi y el pequeño sindicato del sector de alimentos y restauración han logrado colocar el asunto del salario mínimo en la agenda de esta sociedad.El sindicato de de servicios [Verdi] puede considerarse ahora mismo –aun si financiera y organizativamente oscilante entre el papel de coloso político y el de ejército espiritual— el sindicato más innovador. Tanto en el asunto de la privatización de ferrocarriles y clínicas, como en su lucha por obligar a los grandes supermercados rebajistas Lidl y Aldi a respetar unas condiciones de trabajo humanamente dignas, busca de maneras muy prometedoras y poco convencionales –aun si sólo a duras penas organizables— alianzas de movimientos sociales, trabajadores y consumidores. La IG-Metall busca desde hace un año, con gran denuedo y con no menor éxito, organizar a los trabajadores temporales. Y desde tiempos inveterados pone gran empeño en presentarse "no sólo como una máquina de negociación colectiva", sino una organización que "sigue siendo una comunidad de valores", según acaba de declarar Detlef Wetzel, su vicepresidente.También hay algunos proyectos portadores de futuro. Y hay movimientos tentativos, en los cuales, a grandes trazos, pueden divisarse dos tendencias: el sindicato se entiende a sí mismo también como movimiento social, lo que quiere decir que hace suyos como realmente importantes asuntos que van más allá de la clásica política de negociación colectiva (salarios, calidad de las condiciones de trabajo, formación continua), y trata de forjar distintas coaliciones sociales conforme a la naturaleza del proyecto en cuestión. La otra tendencia quiere concentrar toda la energía en el trabajo en la empresa, a fin de robustecerse sobre todo en el puesto de trabajo. Lo que, entre líneas, admite la siguiente lectura: las fuerzas parecen tan limitadas, que no queda sino optar o por lo uno o por lo otro.
Wolfgang Storz fue dirigente, entre 1998 y 2000, de la IG-Metall como responsable del sector de medios impresos. Entre 2002 y 2006 fue redactor jefe del diario francfortés Frankfurter Rundschau.Traducción: Amaranta SüssSinpermiso
Desde hace muchos años, y con buenas razones, los unos dicen que ya está bien, que los sindicatos están a pique de pasar a la ofensiva, que deben pasar sin dilación a la ofensiva: su creciente buena imagen se refleja en las encuestas. Sus temas –salario mínimo, justicia social, por ejemplo— se hallan en el centro de los debates sociales. Sus competencias son más necesarias que nunca: crece en importancia el trabajo asalariado, cada vez más países en el mundo cruzan el umbral de la industrialización. Crece el empleo femenino. Cada vez más jóvenes pretenden el acceso al sistema de trabajo remunerado. Y en esa medida, se hacen también más necesarios objetivamente los sindicatos. Los hombres y las mujeres precisan de ellos.Y desde hace también muchos años, y también con buenas razones, dicen los otros: ¿cómo podrían los sindicatos, precisamente ahora, pasar a la ofensiva?
Precisamente ahora: desde hace años, hay millones de desempleados, lo que debilita la posición negociadora. El mundo del trabajo se descompone, se hace más complejo y heterogéneo, lo que dificulta la organización de los trabajadores. Y con la globalización y la competencia a escala mundial, ha caído por doquiera su influencia, aumentando, en cambio, la del capital. También en Alemania gozan los empresarios de consenso social, y se desvinculan de los acuerdos colectivos.La evolución del mundo es, pues, contradictoria. De algún modo, esta sociedad y los trabajadores precisan de los sindicatos. La lista de logros por éstos alcanzados es copiosa y goza de amplio reconocimiento. También la lista de hechos deprimentes: la influencia de los sindicatos en la sociedad y en la política ha disminuido inequívocamente. El número de diputados en el Parlamento federal afiliados a un sindicato ha bajado sensiblemente. La pérdida de afiliación se mantiene, y en medida parecida baja el grado de organización sindical en las empresas. Si es verdad que desde 2005 tanto la IG-Metall como el sindicato [de servicios] Verdi han podido congratularse de ligeros incrementos de afiliación, también lo es que en la época de auge económico que acabamos de dejar atrás el sector metalúrgico, por ejemplo, ha creado puestos de trabajo: aunque el número absoluto de afiliados a las organizaciones obreras ha crecido, presumiblemente no ha sido así en términos porcentuales.Mucho más aún que la evolución de las cifras, debería dar qué pensar a los sindicatos la actual composición de sus miembros. Los sindicatos organizan a la vieja sociedad industrial en decadencia, pero no a la nueva sociedad industrial y mucho menos a la nueva sociedad de servicios y de conocimiento. Entre sus miembros, hay muchos hombres mayores, pocas mujeres, pocos jóvenes, poco empleado y mucho obrero. Los débiles y los fuertes del actual mundo del trabajo –los extranjeros, los poco calificados, los precarios, y en el otro extremo, los trabajadores intelectuales muy calificados— no están organizados. Los unos, manifiestamente, no esperan nada de los sindicatos; los otros, no precisan de ellos. Para poner peor las cosas: eso se sabe en los sindicatos desde hace por los menos 20 años, es un hecho indiscutible y sobre el que se ha reflexionado mucho, y sin embargo, poco se ha hecho.
Los sindicatos han reaccionado, por lo pronto, a su crisis como empresas que vieran hundirse sus mercados: el que es un poco más fuerte absorbe al más débil. Todavía en los años 80, había en Alemania 17 organizaciones sindicales. Desde 2002, sólo hay ocho. Mientras que el mundo del trabajo se diversifica, se descentraliza incluso, las formas de organización sindical se uniforman y centralizan. Es decir, que los sindicatos, lejos de tomar en cuenta la diversidad del mundo del trabajo y tratar de reflejarla organizativamente para mejor gestionarla, lo que han tratado es contenerla y ordenarla conforme a sus propias necesidades organizativas. Una de las consecuencias de lo cual es la insuficiente atención prestada a muchas categorías profesionales y a sus correspondientes intereses y culturas. Y así, el paisaje sindical ha comenzado de nuevo a escindirse y desmembrarse: pilotos de aviación, médicos o conductores ferroviarios; las huelgas más espectaculares y exitosas de los últimos años las han organizado estas minorías con gran capacidad de imponerse, cuyo objetivo primordial se concentra en la maximización del salario.Esa centralización no sólo estorba al cabal reconocimiento de la diversidad del mundo del trabajo, sino –lo que sólo a primera vista `puede resultar sorprendente— que amenaza también a la unidad sindical. En efecto: desde que sólo hay ocho organizaciones sindicales y sólo tres de ellas –la IG-Metall, Verdi e IG-BCE [Sindicato Industrial de Minería, Química y Energía]— siguen siendo políticamente relevantes –y como tales percibidas por la opinión pública—, la organización que las cubre a todas, la DGB [Federación Alemana de Organizaciones Sindicales] ha perdido definitivamente voz.Sólo un ejemplo entre muchos: se dice que en 2009, año de elecciones al Parlamento Federal, la IG-Metall realizará una gran campaña con el lema "Buen trabajo". Presumiblemente, Verdi se lanzará a su tema del salario mínimo. Y a la DGB le resta contribuir un poquito. Este pequeño precedente resulta iluminador de algunos de los problemas de los sindicatos alemanes; las distintas organizaciones sindicales siguen siendo de la opinión de que son lo bastante fuertes por sí mismas como para llevar a cabo con éxito sus campañas a escala federal. De lo que se puede dudar fundadamente.Además, hace mucho que ha dejado de haber una organización de cobertura que funcione bien, que actúe en representación de todas las organizaciones sindicales y que, en calidad de tal, sea tomada en serio por los políticos y por la opinión pública. ¿Cómo podría ser respetada por otros, si sus propias gentes no la tienen en la menor estima? "Cambio de tendencia": así se llama un gran proyecto de reforma adoptado desde hace meses por la cúpula de la DGB y por las distintas organizaciones sindicales; de sus resultados, poco se conoce. Al contrario: las grandes organizaciones sindicales exigieron hace unos meses a su organización de cobertura –la DGB—, públicamente y de forma harto indelicada, que iniciara otro proceso de reformas y contención de gastos, como si se pretendiera, no poner a punto el propio cuartel general, sino, a ser posible, liquidarlo. Sea todo ello como fuere, y de uno u otro modo, a menudo desconectado de esta difícil cotidianidad, hay un debate con miras de reforma sobre la cuestión de si –y de qué forma— los sindicatos deben renovarse. Muchas son las palabras al respecto, pero también alguna que otra acción aislada. De manera ejemplar, con una campaña tan tenaz como inteligentemente desarrollada, Verdi y el pequeño sindicato del sector de alimentos y restauración han logrado colocar el asunto del salario mínimo en la agenda de esta sociedad.El sindicato de de servicios [Verdi] puede considerarse ahora mismo –aun si financiera y organizativamente oscilante entre el papel de coloso político y el de ejército espiritual— el sindicato más innovador. Tanto en el asunto de la privatización de ferrocarriles y clínicas, como en su lucha por obligar a los grandes supermercados rebajistas Lidl y Aldi a respetar unas condiciones de trabajo humanamente dignas, busca de maneras muy prometedoras y poco convencionales –aun si sólo a duras penas organizables— alianzas de movimientos sociales, trabajadores y consumidores. La IG-Metall busca desde hace un año, con gran denuedo y con no menor éxito, organizar a los trabajadores temporales. Y desde tiempos inveterados pone gran empeño en presentarse "no sólo como una máquina de negociación colectiva", sino una organización que "sigue siendo una comunidad de valores", según acaba de declarar Detlef Wetzel, su vicepresidente.También hay algunos proyectos portadores de futuro. Y hay movimientos tentativos, en los cuales, a grandes trazos, pueden divisarse dos tendencias: el sindicato se entiende a sí mismo también como movimiento social, lo que quiere decir que hace suyos como realmente importantes asuntos que van más allá de la clásica política de negociación colectiva (salarios, calidad de las condiciones de trabajo, formación continua), y trata de forjar distintas coaliciones sociales conforme a la naturaleza del proyecto en cuestión. La otra tendencia quiere concentrar toda la energía en el trabajo en la empresa, a fin de robustecerse sobre todo en el puesto de trabajo. Lo que, entre líneas, admite la siguiente lectura: las fuerzas parecen tan limitadas, que no queda sino optar o por lo uno o por lo otro.
Wolfgang Storz fue dirigente, entre 1998 y 2000, de la IG-Metall como responsable del sector de medios impresos. Entre 2002 y 2006 fue redactor jefe del diario francfortés Frankfurter Rundschau.Traducción: Amaranta SüssSinpermiso
¿Cinco millones de parados para 2010?
Los expertos creen que la estimación del Gobierno de 4 millones de desocupados se queda corta
02-02-2009 - Finanzas.com
La economía española destruye puestos de trabajo a un ritmo sin precedentes. Ese hecho, unido al vertiginoso crecimiento del paro, ha disparado todas las alarmas y ha resucitado el fantasma de un desempleo masivo, desconocido para la última generación que se ha incorporado al mercado laboral.
Cuatro millones de desocupados es la barrera, el límite máximo que contempla el Gobierno como consecuencia de la crisis que azota al país. Con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en 3,2 millones los afectados por esa lacra a finales de diciembre, ese volumen elevaría la tasa de paro al 17,3%, 3,4 puntos por encima del nivel con que acabó el pasado ejercicio. Para muchos expertos esa estimación es muy optimista. Algunos vaticinan ya tasas superiores al 20% y cerca de cinco millones de desempleados en 2010.
En el último año, el paro ha crecido en 1,28 millones personas y se han perdido de forma paralela 620.000 puestos. Se trata de un ritmo de deterioro desconocido hasta ahora, que ha hecho empeorar los diagnósticos sobre el futuro.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende que no se llegará a los cuatro millones de desempleados. Es una cantidad que, de alcanzarse, sería la más alta de la historia de España –el récord anterior data del primer trimestre de 1994, con 3,93 millones–, pero la proporción sobre la población activa estaría aún muy alejada del 24,55% alcanzado en esa fecha.
A la cabeza de Europa
Con un nivel de paro que se encuentra a la cabeza de Europa, la evolución del mercado laboral de los próximos meses pondrá a prueba la solidez lograda por la economía española durante la reciente etapa de bonanza, de la que han alardeado el Gobierno y otras instituciones. Además, aclarará si los mensajes que lanza el Ejecutivo tienen por objeto no alarmar a la sociedad o, sencillamente, se equivoca en sus estimaciones, como ha sucedido repetidamente con la crisis.
Desde hace unas semanas, han comenzado a oírse voces que apuntan que las previsiones más pesimistas manejadas hasta ahora sobre el paro por Administración –3,7 millones de parados es la última del vicepresidente Pedro Solbes para finales de 2009– se verán desbordadas bien este año, bien el próximo.
Así, instituciones como Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) y la Comisión Europea (18,7% de paro para 2010), el sindicato CC OO y otros expertos dan por seguro que a finales de este ejercicio los cuatro millones de desempleados serán una realidad.
Incluso hay quien pronostica tasas del 20% o superiores para dentro de un año, lo que equivaldría a casi cinco millones de desocupados.
Fernando Lezcano, portavoz de CC OO, advierte de que, al ritmo actual, en septiembre se habrán alcanzado los cuatro millones. Para más adelante elude hacer cálculos, para no ser tachado de alarmista. El plan del Gobierno para los ayuntamientos, 8.000 millones de inversión en obras públicas, puede amortiguar esa tendencia, a su juicio, aunque alerta de que «el ritmo de subida es muy fuerte».
Finales de 2010
Ángel Laborda, director de Coyuntura Económica de Funcas, señala que en las nuevas estimaciones que elabora este organismo la hipótesis más favorable es que el paro se encuentre a finales de 2010 un poco por encima del 20%, lo que equivale a rozar los cinco millones de desempleados; es decir, 1,8 más que en la actualidad.
Para entonces, precisa Laborda, la economía habrá vuelto a crecer, pero necesitará tasas de expansión superiores al 2% para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. El aumento, añade, se deberá tanto a la destrucción de empleo como al aumento de la población activa.
Así ha sucedido ya en 2008, cuando se destruyeron 620.000 ocupaciones y se incorporaron al mercado laboral 660.000 personas. Para dentro de dos años, la población activa crecerá sólo a un ritmo del 0,6%, frente al 3% del pasado ejercicio, estima Laborda.
En esta ralentización deben jugar un papel importante los inmigrantes, que es de suponer, añade, que frenarán su desembarco en España ante la mala situación de la economía. En 2008, más de la mitad del incremento –371.000 personas– fueron extranjeros.
Esa situación no se da en otros países de Europa, donde el crecimiento de la población es menor, explica Laborda. Y si a ello se añade la crisis añadida del sector del ladrillo, no padecida por los socios de la UE, tendremos un cóctel que explica por qué el desempleo crece a mucha más velocidad en España que entre sus socios comunitarios.
Federico Durán, ex presidente del Consejo Económico y Social y en la actualidad miembro del despacho de abogados Garrigues, cree que la «velocidad» de la crisis en España se debe a dos causas: la existencia de circunstancias específicas añadidas a la crisis financiera internacional –la burbuja inmobiliaria– y que «durante los años de bonanza no se han realizado reformas estructurales significativas». Esa es la causa de que el empleo sea «poco sólido» y de que se utilice como «mecanismo de ajuste» por las empresas. No se atreve a vaticinar hasta dónde escalará el paro, pero sí da por descontado que se superarán los cuatro millones de desocupados.
El director de Coyuntura de Funcas no se cree que con una recesión como la conocida este miércoles –la actividad cayó un 1,1% en el pasado trimestre– se pueda destruir tanto empleo. En su opinión, el deterioro de la economía es mayor, y atribuye su discrepancia con las estimaciones del Banco de España a que el sistema de medición «tiende a suavizar los ciclos» de la economía, tanto al alza como a la baja.
Papel de los inmigrantes
El papel de la población inmigrante en el aumento del paro está siendo muy importante. Aunque este colectivo no ha perdido empleo en el último año, ha visto aumentar en 372.000 su cifra de desocupados, hasta una tasa superior al 21%. Pero las dificultades deben ser muy serias para ellos, porque están cayendo de forma masiva en la economía sumergida. Ya son más 900.000 los extranjeros que trabajan y no cotizan a la Seguridad Social, dos tercios del total de las personas que en España se encuentran en esa situación irregular.
Durán cree que esta actividad sumergida es una «válvula de escape inevitable» ante una presión fiscal «alta» y un «exceso de regulación», que tienen como telón de fondo la inflación en los servicios y la deflación en otros sectores, lo que en su opinión constituye una «situación letal para la economía».
La incorporación de la mujer al trabajo ha revolucionado también en la última década el mercado laboral. Hasta el punto de que ha duplicado su presencia y ha acercado su tasa de actividad a la media europea, con un 61,4% frente al 63,4% (población de 15 a 64 años), cuando en 1994 la diferencia era de seis puntos, según datos de Eurostat.
Como ejemplo de la nueva situación, el pasado año las mujeres ganaron 36.400 ocupaciones, mientras los hombres perdieron 656.500. Y desde 1994, año en que comenzó a salirse de la última crisis, las mujeres han logrado casi 4,5 millones de empleos más.
De llegarse al 24,55% de desempleo, como en la última crisis, estaríamos hablando de un mínimo de 5,66 millones de parados. Ni las más pesimistas previsiones contemplan, por el momento, un escenario de ese tipo, a partir del cual la sociedad española entraría en terreno inexplorado, e implicaría consecuencias políticas, económicas y hasta culturales imprevisibles.
Entre los efectos previsibles, y sin llegar a ese nivel, el fuerte crecimiento del desempleo elevará la agitación social. Favorecerá una fuerte caída del consumo de los hogares, que será una rémora para la recuperación económica, y forzará un incremento del gasto social, que complicará el ya de por sí fuerte desequilibrio de las cuentas públicas.
Margen de cobertura
Valeriano Gómez, ex secretario de Empleo y profesor en la actualidad en la Fundación Ortega y Gasset, cree que la experiencia de la crisis de los noventa permite aventurar que hay aún un amplio margen para la cobertura de los parados, que podría llegar sin problemas a los tres millones de personas frente a los 2,2 millones de ahora; a partir de ahí sería difícil mantener este sistema de protección social, señala.
Para Federico Durán, las prestaciones por desempleo no van peligrar porque ningún Gobierno quiere «un estallido social», pero alerta de que sí hay riesgo sobre otros elementos de estabilidad macroeconómica, por lo que aboga por «reformas significativas», entre otras las del mercado laboral. «Lo pernicioso es la inactividad, y creo que es absoluta en el caso de los poderes públicos y los agentes sociales», denuncia.
En cualquier caso, los conflictos y el «drama social» del paro ya están ahí, recuerda Fernando Lezcano, quien hace hincapié en las movilizaciones desatadas por los casos de Nissan, Renaulty otras empresas, que han llegado a tener ámbito de comunidad autónoma. Para evitar que la cosas empeoren habría que «inyectar nuevos recursos», propone, y «ampliar la cobertura», para que la gente no se quede «desnuda, con una mano delante y otra detrás».
¿Cuál será el suelo de esta crisis?, se preguntan expertos y ciudadanos. Una mirada a lo ocurrido en el pasado puede dar alguna pista. En lo que a destrucción de empleo se refiere, la economía española ha sufrido en las últimas décadas periodos mucho más duros, para al final resurgir con fuerza sobre sus ruinas. Por ejemplo, entre 1976 (datos más antiguos del Instituto Nacional de Estadística) y 1985 se detruyeron casi dos millones de ocupaciones y el paro creció en 2,4 millones de personas. Habría que esperar hasta finales de 1989 –doce años más tarde– para recuperar el volumen de empleo que había aquel año. Eran otros tiempos, en los que la Transición política impidió meter el bisturí a una economía renqueante y herida de gravedad por las primeras crisis del petróleo.
La recesión de los 90 también tuvo consecuencias importantes sobre la ocupación, que cayó en más de un millón de personas a lo largo de dos años y medio. El periodo de retroceso, como puede observarse, fue mucho más corto, gracias a una economía que contó con fuertes ayudas comunitarias para infraestructuras y que estaba inmersa en un proceso de rápida internacionalización en un entorno de países europeos en crecimiento. En esta ocasión, el nivel de empleo perdido en 1991 –13.120.200 ocupados– se recuperó en menos de seis años, en el primer trimestre de 1991.
Basándose en estas cifras y partiendo del análisis de la burbuja del ladrillo, Valeriano Gómez piensa que aún se perderán entre 500.000 y 600.000 empleos más –la mitad en la construcción– «si actúa la política pública» y frena posibles nuevos ajustes. Todo ello elevaría la cifra de paro hasta el entorno de los cuatro millones si se le añaden los incrementos de la población activa, que deben ser menores en el futuro, asegura.
Finanzas.com
02-02-2009 - Finanzas.com
La economía española destruye puestos de trabajo a un ritmo sin precedentes. Ese hecho, unido al vertiginoso crecimiento del paro, ha disparado todas las alarmas y ha resucitado el fantasma de un desempleo masivo, desconocido para la última generación que se ha incorporado al mercado laboral.
Cuatro millones de desocupados es la barrera, el límite máximo que contempla el Gobierno como consecuencia de la crisis que azota al país. Con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en 3,2 millones los afectados por esa lacra a finales de diciembre, ese volumen elevaría la tasa de paro al 17,3%, 3,4 puntos por encima del nivel con que acabó el pasado ejercicio. Para muchos expertos esa estimación es muy optimista. Algunos vaticinan ya tasas superiores al 20% y cerca de cinco millones de desempleados en 2010.
En el último año, el paro ha crecido en 1,28 millones personas y se han perdido de forma paralela 620.000 puestos. Se trata de un ritmo de deterioro desconocido hasta ahora, que ha hecho empeorar los diagnósticos sobre el futuro.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende que no se llegará a los cuatro millones de desempleados. Es una cantidad que, de alcanzarse, sería la más alta de la historia de España –el récord anterior data del primer trimestre de 1994, con 3,93 millones–, pero la proporción sobre la población activa estaría aún muy alejada del 24,55% alcanzado en esa fecha.
A la cabeza de Europa
Con un nivel de paro que se encuentra a la cabeza de Europa, la evolución del mercado laboral de los próximos meses pondrá a prueba la solidez lograda por la economía española durante la reciente etapa de bonanza, de la que han alardeado el Gobierno y otras instituciones. Además, aclarará si los mensajes que lanza el Ejecutivo tienen por objeto no alarmar a la sociedad o, sencillamente, se equivoca en sus estimaciones, como ha sucedido repetidamente con la crisis.
Desde hace unas semanas, han comenzado a oírse voces que apuntan que las previsiones más pesimistas manejadas hasta ahora sobre el paro por Administración –3,7 millones de parados es la última del vicepresidente Pedro Solbes para finales de 2009– se verán desbordadas bien este año, bien el próximo.
Así, instituciones como Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) y la Comisión Europea (18,7% de paro para 2010), el sindicato CC OO y otros expertos dan por seguro que a finales de este ejercicio los cuatro millones de desempleados serán una realidad.
Incluso hay quien pronostica tasas del 20% o superiores para dentro de un año, lo que equivaldría a casi cinco millones de desocupados.
Fernando Lezcano, portavoz de CC OO, advierte de que, al ritmo actual, en septiembre se habrán alcanzado los cuatro millones. Para más adelante elude hacer cálculos, para no ser tachado de alarmista. El plan del Gobierno para los ayuntamientos, 8.000 millones de inversión en obras públicas, puede amortiguar esa tendencia, a su juicio, aunque alerta de que «el ritmo de subida es muy fuerte».
Finales de 2010
Ángel Laborda, director de Coyuntura Económica de Funcas, señala que en las nuevas estimaciones que elabora este organismo la hipótesis más favorable es que el paro se encuentre a finales de 2010 un poco por encima del 20%, lo que equivale a rozar los cinco millones de desempleados; es decir, 1,8 más que en la actualidad.
Para entonces, precisa Laborda, la economía habrá vuelto a crecer, pero necesitará tasas de expansión superiores al 2% para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo. El aumento, añade, se deberá tanto a la destrucción de empleo como al aumento de la población activa.
Así ha sucedido ya en 2008, cuando se destruyeron 620.000 ocupaciones y se incorporaron al mercado laboral 660.000 personas. Para dentro de dos años, la población activa crecerá sólo a un ritmo del 0,6%, frente al 3% del pasado ejercicio, estima Laborda.
En esta ralentización deben jugar un papel importante los inmigrantes, que es de suponer, añade, que frenarán su desembarco en España ante la mala situación de la economía. En 2008, más de la mitad del incremento –371.000 personas– fueron extranjeros.
Esa situación no se da en otros países de Europa, donde el crecimiento de la población es menor, explica Laborda. Y si a ello se añade la crisis añadida del sector del ladrillo, no padecida por los socios de la UE, tendremos un cóctel que explica por qué el desempleo crece a mucha más velocidad en España que entre sus socios comunitarios.
Federico Durán, ex presidente del Consejo Económico y Social y en la actualidad miembro del despacho de abogados Garrigues, cree que la «velocidad» de la crisis en España se debe a dos causas: la existencia de circunstancias específicas añadidas a la crisis financiera internacional –la burbuja inmobiliaria– y que «durante los años de bonanza no se han realizado reformas estructurales significativas». Esa es la causa de que el empleo sea «poco sólido» y de que se utilice como «mecanismo de ajuste» por las empresas. No se atreve a vaticinar hasta dónde escalará el paro, pero sí da por descontado que se superarán los cuatro millones de desocupados.
El director de Coyuntura de Funcas no se cree que con una recesión como la conocida este miércoles –la actividad cayó un 1,1% en el pasado trimestre– se pueda destruir tanto empleo. En su opinión, el deterioro de la economía es mayor, y atribuye su discrepancia con las estimaciones del Banco de España a que el sistema de medición «tiende a suavizar los ciclos» de la economía, tanto al alza como a la baja.
Papel de los inmigrantes
El papel de la población inmigrante en el aumento del paro está siendo muy importante. Aunque este colectivo no ha perdido empleo en el último año, ha visto aumentar en 372.000 su cifra de desocupados, hasta una tasa superior al 21%. Pero las dificultades deben ser muy serias para ellos, porque están cayendo de forma masiva en la economía sumergida. Ya son más 900.000 los extranjeros que trabajan y no cotizan a la Seguridad Social, dos tercios del total de las personas que en España se encuentran en esa situación irregular.
Durán cree que esta actividad sumergida es una «válvula de escape inevitable» ante una presión fiscal «alta» y un «exceso de regulación», que tienen como telón de fondo la inflación en los servicios y la deflación en otros sectores, lo que en su opinión constituye una «situación letal para la economía».
La incorporación de la mujer al trabajo ha revolucionado también en la última década el mercado laboral. Hasta el punto de que ha duplicado su presencia y ha acercado su tasa de actividad a la media europea, con un 61,4% frente al 63,4% (población de 15 a 64 años), cuando en 1994 la diferencia era de seis puntos, según datos de Eurostat.
Como ejemplo de la nueva situación, el pasado año las mujeres ganaron 36.400 ocupaciones, mientras los hombres perdieron 656.500. Y desde 1994, año en que comenzó a salirse de la última crisis, las mujeres han logrado casi 4,5 millones de empleos más.
De llegarse al 24,55% de desempleo, como en la última crisis, estaríamos hablando de un mínimo de 5,66 millones de parados. Ni las más pesimistas previsiones contemplan, por el momento, un escenario de ese tipo, a partir del cual la sociedad española entraría en terreno inexplorado, e implicaría consecuencias políticas, económicas y hasta culturales imprevisibles.
Entre los efectos previsibles, y sin llegar a ese nivel, el fuerte crecimiento del desempleo elevará la agitación social. Favorecerá una fuerte caída del consumo de los hogares, que será una rémora para la recuperación económica, y forzará un incremento del gasto social, que complicará el ya de por sí fuerte desequilibrio de las cuentas públicas.
Margen de cobertura
Valeriano Gómez, ex secretario de Empleo y profesor en la actualidad en la Fundación Ortega y Gasset, cree que la experiencia de la crisis de los noventa permite aventurar que hay aún un amplio margen para la cobertura de los parados, que podría llegar sin problemas a los tres millones de personas frente a los 2,2 millones de ahora; a partir de ahí sería difícil mantener este sistema de protección social, señala.
Para Federico Durán, las prestaciones por desempleo no van peligrar porque ningún Gobierno quiere «un estallido social», pero alerta de que sí hay riesgo sobre otros elementos de estabilidad macroeconómica, por lo que aboga por «reformas significativas», entre otras las del mercado laboral. «Lo pernicioso es la inactividad, y creo que es absoluta en el caso de los poderes públicos y los agentes sociales», denuncia.
En cualquier caso, los conflictos y el «drama social» del paro ya están ahí, recuerda Fernando Lezcano, quien hace hincapié en las movilizaciones desatadas por los casos de Nissan, Renaulty otras empresas, que han llegado a tener ámbito de comunidad autónoma. Para evitar que la cosas empeoren habría que «inyectar nuevos recursos», propone, y «ampliar la cobertura», para que la gente no se quede «desnuda, con una mano delante y otra detrás».
¿Cuál será el suelo de esta crisis?, se preguntan expertos y ciudadanos. Una mirada a lo ocurrido en el pasado puede dar alguna pista. En lo que a destrucción de empleo se refiere, la economía española ha sufrido en las últimas décadas periodos mucho más duros, para al final resurgir con fuerza sobre sus ruinas. Por ejemplo, entre 1976 (datos más antiguos del Instituto Nacional de Estadística) y 1985 se detruyeron casi dos millones de ocupaciones y el paro creció en 2,4 millones de personas. Habría que esperar hasta finales de 1989 –doce años más tarde– para recuperar el volumen de empleo que había aquel año. Eran otros tiempos, en los que la Transición política impidió meter el bisturí a una economía renqueante y herida de gravedad por las primeras crisis del petróleo.
La recesión de los 90 también tuvo consecuencias importantes sobre la ocupación, que cayó en más de un millón de personas a lo largo de dos años y medio. El periodo de retroceso, como puede observarse, fue mucho más corto, gracias a una economía que contó con fuertes ayudas comunitarias para infraestructuras y que estaba inmersa en un proceso de rápida internacionalización en un entorno de países europeos en crecimiento. En esta ocasión, el nivel de empleo perdido en 1991 –13.120.200 ocupados– se recuperó en menos de seis años, en el primer trimestre de 1991.
Basándose en estas cifras y partiendo del análisis de la burbuja del ladrillo, Valeriano Gómez piensa que aún se perderán entre 500.000 y 600.000 empleos más –la mitad en la construcción– «si actúa la política pública» y frena posibles nuevos ajustes. Todo ello elevaría la cifra de paro hasta el entorno de los cuatro millones si se le añaden los incrementos de la población activa, que deben ser menores en el futuro, asegura.
Finanzas.com
3.16.2009
CCOO y UGT quieren reorientar y reforzar la negociación colectiva
El modelo español de negociación colectiva debe mejorar su estructura y articulación, evitando que la dispersión y fragmentación empresarial se convierta en caldo de cultivo para la individualización de las relaciones laborales
La negociación colectiva es el escenario donde se evidencia la capacidad de intervención sindical en la organización del trabajo en las empresas y sectores de actividad. De ella depende la posibilidad de influir en el desarrollo de un nuevo modelo de competitividad, mejorando las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. La negociación colectiva es también el espacio de acción e intervención contra la desigualdad que de forma más intensa sufren mujeres, jóvenes e inmigrantes.
El modelo español de negociación colectiva debe mejorar su estructura y articulación, evitando que la dispersión y fragmentación empresarial se conviertan en caldo de cultivo para la individualización de las relaciones laborales. En este sentido la negociación de los convenios se debe orientar hacia:
- La racionalización de la estructura de la negociación colectiva, mediante la negociación y construcción de amplios convenios generales de ámbito estatal
- La revisión de los ámbitos funcionales y territoriales de los convenios para homogeneizar la descripción del ámbito funcional en los convenios sectoriales de diferente ámbito territorial
- La especial atención a nuevas realidades y fórmulas empresariales que se caracterizan por la segregación o descentralización de empresas y subcontratación de actividades hacia otras empresas
- La extensión de la negociación colectiva a los grupos de empresa
- La extensión y aumento de los niveles de cobertura, mediante la ampliación de los ámbitos funcionales de los convenios a nuevas actividades económicas
- Los procedimientos de extensión de los convenios colectivos hacia sectores carentes de negociación colectiva sectorial
- La vinculación de los convenios de empresa con sus convenios de ámbito sectorial, reforzando la articulación entre ambos niveles
- La intensificación y ampliación de la negociación colectiva en los momentos de crisis económica
Se trata, en opinión de CCOO y UGT, de reforzar la negociación colectiva como el instrumento real y efectivo para mejorar las condiciones de trabajo y salario, a la vez que avanzar en derechos, impulsando el conocimiento y la utilización de los reconocidos por nuestra legislación.
CCOO
La negociación colectiva es el escenario donde se evidencia la capacidad de intervención sindical en la organización del trabajo en las empresas y sectores de actividad. De ella depende la posibilidad de influir en el desarrollo de un nuevo modelo de competitividad, mejorando las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. La negociación colectiva es también el espacio de acción e intervención contra la desigualdad que de forma más intensa sufren mujeres, jóvenes e inmigrantes.
El modelo español de negociación colectiva debe mejorar su estructura y articulación, evitando que la dispersión y fragmentación empresarial se conviertan en caldo de cultivo para la individualización de las relaciones laborales. En este sentido la negociación de los convenios se debe orientar hacia:
- La racionalización de la estructura de la negociación colectiva, mediante la negociación y construcción de amplios convenios generales de ámbito estatal
- La revisión de los ámbitos funcionales y territoriales de los convenios para homogeneizar la descripción del ámbito funcional en los convenios sectoriales de diferente ámbito territorial
- La especial atención a nuevas realidades y fórmulas empresariales que se caracterizan por la segregación o descentralización de empresas y subcontratación de actividades hacia otras empresas
- La extensión de la negociación colectiva a los grupos de empresa
- La extensión y aumento de los niveles de cobertura, mediante la ampliación de los ámbitos funcionales de los convenios a nuevas actividades económicas
- Los procedimientos de extensión de los convenios colectivos hacia sectores carentes de negociación colectiva sectorial
- La vinculación de los convenios de empresa con sus convenios de ámbito sectorial, reforzando la articulación entre ambos niveles
- La intensificación y ampliación de la negociación colectiva en los momentos de crisis económica
Se trata, en opinión de CCOO y UGT, de reforzar la negociación colectiva como el instrumento real y efectivo para mejorar las condiciones de trabajo y salario, a la vez que avanzar en derechos, impulsando el conocimiento y la utilización de los reconocidos por nuestra legislación.
CCOO
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